Balance 2011-2013: Mareando al personal

Balance 2011-2013: dos años de Zoido

Juanjo Cerero / Jesús Rodríguez / Gregorio Verdugo | La gestión interna del Ayuntamiento de Sevilla consumió la mayor parte de los presupuestos municipales en los tres últimos años, en torno a 450 millones de euros para cada ejercicio. Las cantidades totales en este área son similares. El recorte entre 2011 y 2012 fue de 3,6 millones (un 0,8% menos), mientras que en 2013 hay una pequeña subida de 2 millones (un 0,4%) respecto al año anterior.

La clave de este capítulo está en dónde se gasta el dinero. A pesar del sostenimiento de las cuentas totales, numerosas partidas experimentan importantes incrementos y surgen otras tantas con una cuantiosa asignación. Otras, especialmente las empresas municipales o los recursos humanos, sufren severos recortes. Dentro de los sueldos del personal también se produce esta dinámica: unos ganan menos para pagar las subidas en las retribuciones de otros.

La austeridad es una constante en el programa electoral de Juan Ignacio Zoido. A ella dedica una de sus principales promesas durante toda la campaña: reducir el gasto municipal y la carga fiscal para el ciudadano. Los dos términos están incumplidos. Los presupuestos crecen de forma progresiva hasta alcanzar los 776 millones en 2013, un aumento del 11,3% frente a los 698 de 2013. Además, en 2013 un número superior a 20 tasas municipales subieron un 3% y otras lo hicieron aún más, como en el caso de los precios públicos de las instalaciones del IMD, un 7%, la grúa municipal y la zona azul, un 6%, y las tarifas de Tussam, una media del 5%.

Zoido también se comprometió a reducir el número de áreas de gobierno de once a ocho, algo que ha cumplido, aunque ha mantenido los mismos departamentos con una simple reordenación que ha conllevado que algunos delegados municipales, como Gregorio Serrano, titular de Economía, Empleo y Fiestas Mayores, ostenten una notable concentración de poder dentro de la corporación municipal.

El Ayuntamiento de Sevilla

También fue rotundo el regidor al asegurar que reduciría el número de cargos de confianza. En el pleno del 28 de junio de 2011, medio mes después de tomar posesión el nuevo gobierno, dijo que se aplicaría un recorte del 20%, de 81 a 58, con un ahorro de 1,2 millones. La página Sueldos Públicos ya informó el pasado 19 de diciembre de que en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de 10 de septiembre de 2012 se recogían 106 cargos de confianza.

El 7 de mayo, tras publicar la prensa local que Zoido supera a Alfredo Sánchez Monteseirín en el número de cargos de libre designación, el Ayuntamiento respondió que sólo hay 120, menos que entonces y con menos sueldo. De cualquier manera, los que ahora reconoce el gabinete de comunicación de Laredo son más del doble que los que el alcalde prometió hace dos años.

El caso más llamativo es el de Juan José Cortés, padre de Mari Luz Cortés y asesor municipal en la Delegación de Servicios Sociales, que fue imputado en marzo por delitos de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas tras participar en un tiroteo en septiembre de 2011. Al PP no le bastan estos antecedentes y ha afirmado que no decidirá sobre la situación de Cortés hasta que la Justicia se pronuncie de manera definitiva.

En su obsesión teórica por mantener a raya el gasto municipal, Zoido llegó a calificar de “fundamental” la existencia de una Oficina de Control Presupuestario “que garantice que el dinero que está presupuestado se ejecute en su totalidad con un seguimiento semanal”. Dos años después, el control de las cuentas municipales sigue siendo brillando por su ausencia.

Los números que mecen la cuna

Un análisis pormenorizado de los distintos capítulos que componen Gobierno Interior muestra el mismo patrón que en el presupuesto general del área: las cantidades totales apenas se ven recortadas, pero es en el reparto y la cuantía de las partidas donde se producen los cambios estructurales más significativos. Como decía aquel viejo refrán, el diablo está en los detalles.

Un ejemplo ilustrativo es el apartado de Recursos Humanos, en el que se incluyen los sueldos del personal del Ayuntamiento de Sevilla. Entre 2011 y 2013, el presupuesto desciende más de 6 millones, un 2,34%. No obstante, lo interesante es comprobar que en los dos años de gobierno de Zoido, especialmente en 2013, los recortes se producen por sistema en los sueldos de funcionarios de la categoría C-2, la más baja, a la que se asigna a quienes sólo cuentan con el título de Secundaria. Estas bajadas, además de cumplir con la tasa de reposición cero, sirven para compensar subidas de sueldos para cargos directivos, algunos de nueva creación, y altos funcionarios.

Variaciones en los sueldos de los funcionarios y el personal del Ayuntamiento de Sevilla entre 2011 y 2013
Variaciones en los sueldos de los funcionarios y el personal del Ayuntamiento de Sevilla entre 2011 y 2013

Aunque durante la campaña electoral y en sus primeros meses de Gobierno el alcalde enarboló la bandera del recorte en puestos de confianza y altos cargos, la realidad que muestran los presupuestos municipales es que en estos dos años el gasto en personal directivo ha crecido más de un 36%, desde los 983.000 euros de 2011 hasta los 1.338.000 de este año.

Un ejemplo ilustrativo de lo anterior es lo ocurrido en la Administración General de Participación Ciudadana, donde el sueldo destinado a personal directivo se incrementa más del doble en 2013 con respecto a 2011, pasando de 70.324 a 152.690 euros. Otro detalle significativo es que en 2013 la partida para productividad del funcionariado alcanza los 17,6 millones de euros, cuando ese concepto no aparece en los dos años anteriores.

Por otro lado, en 2013 las asignaciones para las partidas de complementos y antigüedad se reubican en las catalogadas como “otras retribuciones”, que crecen hasta triplicarse en la mayoría de los grupos de funcionarios y de personal laboral. La práctica de aunar varias partidas detalladas en un solo e impreciso concepto, más difícil de escudriñar por el ojo público, se ha convertido en una práctica habitual en los presupuestos de esta Corporación. De hecho, la nota que Transparency International otorga al consistorio hispalense en transparencia económico-financiera en 2012 es de 21,4 sobre 100 frente al 79 de 2010.

La austeridad galopante impuesta por Juan Ignacio Zoido con el recorte de 6 millones de euros en los sueldos del Ayuntamiento responde al plan de ajuste impuesto por el Ministerio de Hacienda. Este plan también incluye una reestructuración del sector público que en los presupuestos de 2013 cuenta con una financiación de 7,2 millones en concepto de gastos diversos. Paradójicamente, la austeridad le cuesta a Sevilla 13 millones de euros.

En otros capítulos del área se producen bajadas significativas. Es el caso de Relaciones Institucionales, a las que en 2011 se asignaron 1,3 millones de euros y que en 2012 fueron eliminadas. Entre éstas se encontraban dos transferencias a la Agrupación de Interés Económico (ahora denominada Corporación de Empresas Municipales de Sevilla, un cambio de nombre que no afecta en nada a las funciones del ente) por valor de 940.000 euros y otros 184.320 dedicados a intervenciones relacionadas con la población inmigrante y otras minorías.

Entre las empresas municipales, Tussam percibe un 3,2% más en 2013 respecto a 2011, si bien en el último ejercicio la asignación baja un 1,2% frente a 2012. Lipasam corre peor suerte. Deja de recibir 18 millones de euros en los dos años de gobierno de Zoido, lo que supone un recorte del 17%.

En cambio, también hay notorios incrementos de presupuesto. El principal es el de 10,5 millones en Conservación de Edificios Municipales, un 117% más entre 2011 y 2013. Gran parte de este dinero se asigna a inversiones de reposición de edificios en colegios por valor de 3,2 y 4,3 millones en 2012 y 2013, respectivamente, mientras que otros 2,8 millones se destinan a inversión de rehabilitación de edificios y otras construcciones, dentro del apartado de Gestión del Patrimonio.

En este mismo capítulo hay otros cuantiosos gastos, todos en los presupuestos de 2013, como los 478.000 euros del Parque Infantil de Tráfico, los 150.000 euros de la rehabilitación del Convento de Santa Clara o las escandalosas subidas del gasto en la Administración General de Edificios Municipales. Entre 2011 y 2013, el suministro de luz sube un 50%, el de agua lo hace un 736,2% y el de gas asciende un 240%. Además, se abonan atrasos de luz y gas por valor de 519.000 y 153.000 euros, respectivamente.

Algunas partidas de Innovación Tecnológica también aumentan su asignación. El apartado de Desarrollo y Producción Informática recibe 1,2 millones de euros más en 2013, una subida del 181% respecto a 2011. Los dos conceptos que se reparten este incremento son los de mantenimiento de equipos informáticos, con 260.000 euros más en estos dos años, y la partida de aplicaciones informáticas y licencias de uso de programas, existente sólo en el último ejercicio y a la que se dedican 980.000 euros. Además, Desarrollo y Producción Informática, una sección de nueva creación con el actual gobierno, recibe en 2012 y 2013 sendas partidas de 590.312 y 1.110.000 euros.

Órganos de Gobierno, dentro del capítulo de Presidencia, experimenta un descenso de 700.000 euros menos, un 37%, en 2012 frente al año anterior, pero en 2013 vuelve a crecer un 82%, hasta los 2,2 millones. El motivo es que en 2013 se incluye una partida destinada a la Oficina de Relaciones Externas para la liquidación del millón de euros que costó a la ciudad la celebración de la final de la Copa Davis de 2011.

Otros gastos significativos, dentro del apartado de Gobierno Interior, son los del suministro de vestuario de la Policía Local, que asciende un 48% en los dos años del actual gobierno, y el de servicio de imprenta municipal, que duplica su asignación desde los 106.000 de 2011 hasta los 215.500 de dos años más tarde. Los grupos municipales no se quedan atrás y suben un 9% las transferencias por representación en el Ayuntamiento.

Dispendio y opacidad

Parafraseando a Zoido, en materia de austeridad “hay que predicar con el ejemplo”. Pero el alcalde no aplica esta máxima a su gestión, puesto que si no se imparte con criterios equitativo, pasa de ser una necesidad justificada a convertirse en una manifiesta injusticia. Una condena al pobre a ser cada vez más pobre.

A la tasa de reposición cero se suma una determinada manera de distribuir un presupuesto que se mantiene estable en su cuantía de forma que se encubre una estrategia de adelgazamiento y elitización del sector público bajo unos supuestos parámetro de profesionalidad y eficiencia que, hasta la fecha, son bastante cuestionables. Esto se ve favorecido por los constantes bailes de partidas y cambios de denominación sin otro objeto aparente que el de dificultar la fiscalización de las cuentas municipales.

La tan cacareada austeridad ha acabado suponiendo una ola de recortes por doquier que, sin embargo, no han impedido ciertos dispendios como el incremento del número de directivos y cargos de confianza y que el funcionariado de alta cualificación sea el que menos se vea afectado por los ajustes. En esto, como en la vida misma, la peor parte también se la lleva el más débil.

Balance 2011-2013: A vueltas con el lastre de la deuda

Balance 2011-2013: dos años de Zoido

Juanjo Cerero / Jesús Rodríguez / Gregorio Verdugo | El área de Hacienda es de las que mayor peso específico han adquirido desde que Juan Ignacio Zoido llegó a la Plaza Nueva. Su propósito de fiscalizar las cuentas municipales y de aplicar la austeridad ha coincidido con una subida del 57,73% en la asignación presupuestaria para este área entre 2011 y 2013, hasta llegar a 18,3 millones de euros.

El incremento del presupuesto en algunos capítulos es especialmente evidente. La dirección y administración recibe en 2013 3,2 millones de euros, un 329,4% más con respecto a 2011, mientras que el gasto en la Tesorería ha subido entre estos dos años un 174,3% hasta alcanzar los 1,8 millones. En cambio, la partida para la Agencia Tributaria desciende un 26,7% entre 2011 y 2013.

Una asignación que contribuye de forma notable a engrosar el presupuesto general de Hacienda son los 6,13 millones del Fondo de Contingencia, dentro del capítulo de Imprevistos y Funciones No Clasificadas. Esta partida, que sólo existe en 2013, tiene su origen en el Plan de Ajuste impuesto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en mayo de 2012 y sustituye a las partidas destinadas a abono de sentencias.

El área de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla tuvo que hacer frente a una abultada deuda tras las elecciones de 2011
El área de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla tuvo que hacer frente a una abultada deuda tras las elecciones de 2011 | Foto: Avij / Wikimedia

En la memoria del Presupuesto Municipal para 2013 se explica que el fondo tiene como fin “atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.

En el citado artículo se explica que “la cuantía y las condiciones de aplicación de dicha dotación será determinada por cada Administración Pública en el ámbito de sus respectivas competencias”. Que el Ayuntamiento y la normativa se pasen uno a otro la responsabilidad de establecer su aplicación implica que el fondo de contingencia no cuenta con un mecanismo de control establecido para su gestión.

El pago de la deuda es otro de los grandes aumentos presupuestarios durante los dos primeros años de gobierno de Zoido. En 2012, el incremento es del 190%, desde los 24 millones hasta los 89,6. En el capítulo dedicado al pago de intereses llama la atención la subida del 41% en 2012 debida, básicamente, al incremento de la refinanciación del préstamo contraído en 2008 con BBVA, Dexia-Sabadell y BCL.

En 2013 se produce otro incremento del 27% respecto al año anterior como consecuencia del abono de los intereses de los préstamos contraídos con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 2012 dentro del plan de pago a proveedores del Gobierno central. El presupuesto total para este fin llega a los 4 millones de euros.

Por otro lado, en el capítulo de amortizaciones destaca el pago de varios préstamos invertidos en 2010, por importe de 15,1 millones de euros en 2012 y de 17 en el año siguiente. También se incluyen las retenciones de la Participación en los Ingresos del Estado que el Ministerio de Hacienda aplicó al Ayuntamiento en 2008 y 2009, y que supone que en 2012 y 2013 la ciudad ha perdido 22,3 y 6,4 millones, respectivamente, por este motivo.

Además, en 2013 existe una partida por la que se dedican al pago de la deuda 28,4 millones de euros excedentes del techo de gasto impuesto por el Ministerio de Hacienda a las administraciones locales, como se recoge en el apartado 5º del artículo 12 de la Ley 2/2012.

Mención aparte merece el capítulo de impuestos y tasas municipales. En los dos años de Gobierno de Juan Ignacio Zoido se aprecia una recaudación total menor a la de 2011. El año pasado se produjo un descenso del 31,7% respecto al anterior, mientras que en 2013 hay una subida de más del 30% frente al ejercicio previo.

Sin embargo, la evolución de los ingresos según su tipo no es homogénea. Mientras que los directos experimentan un crecimiento en los dos años hasta alcanzar un 5,9% más en 2013 respecto a 2011, los impuestos indirectos, entre los que se incluye el IVA, sufren un descenso continuo que en 2013 es del 22,81% respecto a dos años antes. Esta bajada es achacable a la persistencia de la crisis y el desplome del consumo, uno de sus síntomas más evidentes. Los ingresos por tasas municipales, por su parte, caen un 62% en 2012 pero vuelven a repuntar con una subida del 98% un año más tarde.

Zoido llegó a calificar de “obligación ineludible de cualquier gobernante responsable” la bajada de impuestos municipales. En las ordenanzas fiscales de 2013 quedaron congelados los cinco impuestos directos, pero más de 20 tasas se encarecieron en torno al 3%, mientras que otras lo hicieron aún más. Los casos más llamativos fueron los de los precios de las instalaciones del Instituto Municipal de Deportes (un 7% más), la zona azul y la grúa (aumento del 6%) o las tarifas de Tussam (subida media del 5%).

También en este área el alcalde de Sevilla ha faltado a su programa y a sus principios. Su pretensión de bajar los impuestos, aplicada durante el primer año de mandato, ha chocado con la cruda realidad de las cuentas municipales. De ahí que en el ejercicio siguiente se viera obligado a aparcar su ideología para cuadrar los presupuestos a golpe de tasas.

Además, la intención de reducir el gasto se ha visto truncada por la imposición del Gobierno de Rajoy a través del plan de ajuste de las administraciones públicas. De los alrededor de 80 millones de euros de incremento en el presupuesto de 2013 frente al de 2011, más de la mitad ha sido destinado al pago de deuda. Mientras que las partidas destinadas al pago de intereses crecen de forma escalonada, las de amortizaciones de créditos se disparan en los dos últimos años.

Balance 2011-2013: Las eternas lagunas de un modelo estancado

Balance 2011-2013: dos años de Zoido

Juanjo Cerero / Jesús Rodríguez / Gregorio Verdugo | El programa electoral de Juan Ignacio Zoido es profuso en materia de turismo. Las propuestas son numerosas, pero muchas no están explicadas o desarrolladas más allá del enunciado. De la misma manera que en el área de Movilidad, el alcalde prometió un gran plan para publicitar la ciudad y atraer visitantes. Como en tantos otros aspectos, hasta ahora no se ha producido ni una cosa ni la otra.

Junto a una estrategia de promoción turística revisada, que se refleja en un aumento del 42% en la asignación al Consorcio de Turismo entre 2011 y 2013, el programa recogía una rimbombante e incumplida promesa: un “gran pacto por el turismo de Sevilla” con el apoyo de todas las fuerzas políticas, agentes sociales y económicos, profesionales y entidades afectadas. El objetivo era favorecer el consenso político y la transparencia en la elección de los cargos directivos de entidades públicas relacionadas con el turismo y en la toma de decisiones.

Las iniciativas de Zoido para fomentar las visitas a la ciudad se caracterizan por su megalomanía. Prueba de ello es su intención de impulsar grandes eventos deportivos (torneo ATP, Open de Golf de Sevilla, Tour Red Bull, Challenge de Tenis). Fruto de esta apuesta fue la celebración de la final de la Copa Davis de 2011 en el Estadio Olímpico de La Cartuja, una competición que sirvió para poco más que la ciudad perdiese un millón de euros mientras el primer edil se exhibía, raqueta en ristre, frente a las cámaras.

Otra importante propuesta para conseguir más turistas era la de aumentar el número de conexiones y frecuencias de vuelo en el aeropuerto de Sevilla. La sangría anual de aviones (un descenso del 30,9% entre  2011 y 2013) y pasajeros que llegan a San Pablo deja en evidencia la inoperancia del regidor hispalense en este aspecto.

Su incesante empeño por sacar adelante el dragado del Guadalquivir sigue condenado al fracaso. La excusa de que con esta obra llegarían más cruceros al Muelle de Las Delicias ha quedado cuestionada ante el exiguo aumento del número de barcos (4 en 2011 y 5 en 2013) y pasajeros en los dos últimos años. Además ahora cuenta con la decidida oposición de la Unesco, que amenaza con incluir a Doñana en su lista negra de Patrimonio de la Humanidad en peligro a causa de este proyecto, entre otros. Lo del alcalde con el organismo de la ONU a este paso dará para todo un serial.

Donde no ha patinado el alcalde es en su estrategia de potenciar el turismo de congresos. Zoido ha hecho de la herencia recibida de FIBES una de las joyas de su corona. En 2013 dedica 8,4 millones de euros al Palacio de Congresos, mientras que en 2011 la asignación fue de 1,96 millones, lo que supone un aumento del 327%. Está claro que en esto no le interesa hablar demasiado sobre el pasado.

En cambio, nada se sabe del desarrollo turístico de la zona norte del casco histórico (a pesar de la ubicación de una parada de autobús turístico en la Torre de los Perdigones) o de otras propuestas de menor calibre, como el Programa Hospitality para que los extranjeros sean atendidos en otros idiomas en los comercios. Llama la atención la propuesta expresa de permitir que los turistas con vehículos privados puedan circular por el Casco Histórico.

Juan Ignacio Zoido juega al tenis en la presentación de la Copa Davis en el Estadio Olímpico de Sevilla dentro de su estrategia para el turismo local
Juan Ignacio Zoido se exhibió ante las cámaras durante la presentación de la final de la Copa Davis de 2011, en el Estadio Olímpico de Sevilla

También sorprende que en 2013 desaparezca la partida asignada a Moda de Sevilla (240.000 euros en 2011 y 132.500 en 2012) y que, sin embargo, la prensa local informara el pasado 8 de mayo de la apertura de un espacio para esta iniciativa en el Parque Arte Sacro con una dotación de 1,25 millones que no aparece en los presupuestos municipales.

En Fiestas Mayores, en cambio, apenas hay un puñado de propuestas entre las que destacan dos referidas a la Feria de Abril (ampliación y mejora del acceso al recinto ferial y una reforma de la ordenanza de la Feria), ambas sin cumplir. Además, Zoido propuso apoyar a instituciones relacionadas con la Semana Santa, como las hermandades, con varias propuestas dedicadas a “la salvaguarda de las tradiciones religiosas de nuestra ciudad”, y las bandas de música.

En los presupuestos de 2013 se aprecia un importante gasto en diversas partidas relacionadas con el mundo cofrade. Se asignan 12.000 euros para el frustrado Via Crucis del Año de la Fe, 20.000 para el Congreso Internacional de Bandas Procesionales y 75.000 para los locales de ensayo de las bandas. Esta última ha sido una de las acciones a las que el alcalde ha dado más bombo y platillo en su balance de dos años de Gobierno.

Detrás de la pompa del plan de la Corporación municipal para impulsar el turismo lo único que hay son pocas expectativas de cambio en el modelo, que sigue centrado en el “Spain is different”. El proyecto turístico del alcalde se caracteriza por ser excluyente y centrarse en una concepción de la ciudad y su cultura que ignora a las minorías y no busca la integración de toda la ciudadanía. La Sevilla cofrade se impone en una visión cortoplacista e interesada que deja fuera del modelo a un importante número de sevillanos.

Además, Zoido parece más preocupado de mantener contentos a los lobbies tradicionales de la ciudad, las denominadas “fuerzas vivas” ya de por sí enclaustradas en una visión anacrónica, que de promover una estrategia centrada en el visitante —algo que incluye en su programa como “elemento central”—. Además, esto impide la alianza con otros municipios que podría resultar beneficiosa para todos los agentes implicados, por lo que parece que los huecos y carencias de este modelo turístico no se cubrirán por el momento.

Balance 2011-2013: Marcha atrás y menos seguros

Balance 2011-2013: dos años de Zoido

Juanjo Cerero / Jesús Rodríguez / Gregorio Verdugo | Las promesas estrella en el apartado de movilidad del programa electoral de Juan Ignacio Zoido eran “lograr una completa red de Metro para Sevilla”, la derogación del Plan Centro, un ambicioso plan de aparcamientos, la puesta en marcha de negociaciones para unificar las tarjetas de transportes en el área metropolitana y la elaboración de un Plan de Movilidad Urbana en la ciudad.

Dos años después, sólo ha llevado a cabo la supresión del plan de tráfico en el Casco Antiguo. De la consecución del resto de propuestas no hay noticias o visos de que vaya a haberlas pronto. En líneas generales, la actuación de Zoido ha consistido en desmantelar el plan de movilidad urbana emprendido por Alfredo Sánchez Monteseirín entre 2005, con las primeras peatonalizaciones, y 2011.

Como consecuencia de ello, junto a la caída del Plan Centro, ha restituido el doble sentido en una de las vías principales de la ciudad, Luis Montoto, sucumbiendo a la presión del lobby de los comerciantes de Aprocom. Por el contrario, no se ha atrevido a tumbar otras actuaciones del Gobierno anterior, como el Metrocentro o los carriles-bici, a causa del mayoritario respaldo por parte de la ciudadanía.

Ello no impide que la infraestructura que sostiene esta modalidad de transporte, que recientemente ha sido alabada como una de las mejores del mundo, esté prácticamente en estado de abandono, como demuestran la desarticulación de la Oficina de la Bicicleta y el hecho de que no exista una sola partida presupuestaria dedicada al mantenimiento de la red ciclista en estos dos años.

Un autobús de Tussam, una de las claves de los presupuestos de Movilidad y Seguridad | Foto: Juan Blanco

El círculo de movilidad se cierra con la promesa de emprender un “plan viable” de nada menos que 28 aparcamientos subterráneos y en superficie por toda la ciudad —más otro número no determinado en el “perímetro del Casco Antiguo”—. Hasta el momento no se sabe nada de ninguno.

En cambio, el regidor no está escatimando esfuerzos para sacar adelante un aparcamiento soterrado en la Alameda de Hércules, iniciativa que, curiosamente, no se encuentra en su programa electoral y que además cuenta con la oposición frontal de los vecinos. En ningún momento el alcalde prometió construir aparcamiento alguno en el interior del centro de la ciudad.

Entre las propuestas de Zoido también había lugar para el transporte público, que quería potenciar con Guadalbús, un servicio de catamaranes para el traslado de viajeros a lo largo de la dársena de Alfonso XIII que tampoco se ha llevado a cabo.

Por otra parte, en el capítulo de la seguridad destaca la propuesta de constituir la policía de barrio, incumplida e inexplicada en al menos once ocasiones a lo largo del programa, una por cada distrito. En cambio, el gran caballo de batalla del Gobierno municipal ha sido la lucha contra los gorrillas, la prostitución callejera y el macrobotellón. Todas se han saldado con dudosos resultados más allá de la recaudación indiscriminada a costa de quienes, en muchos casos, no pueden afrontar la cuantía de estas sanciones.

Otras promesas incumplidas de Zoido han sido la Junta Operativa de Seguridad Ciudadana, la Oficina de Atención al Ciudadano fija y móvil y la construcción de un nuevo parque de bomberos en la avenida de Eduardo Dato.

Los presupuestos de Seguridad y Movilidad

Dentro de los distintos capítulos correspondientes a este área, llama la atención el baile de cifras en el apartado de Movilidad, con una subida del 91% en 2012 respecto a 2011 y un recorte del 25,5% en 2013 frente al año anterior. La principal causa del incremento del presupuesto en 2012 son las partidas de reconocimiento de crédito para conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje (1.839.390,94 euros) y de adecuación de cruces y vías (2.619.056,80). Ambas partidas se suprimieron en el año siguiente.

A ello hay que sumar un aumento del gasto en rescate de licencias del taxi, que se ha incrementado en un 260% desde los 451.440 euros de 2011 hasta alcanzar 1.625.555 euros en 2013. Además, en los presupuestos de 2013 se incluyen dos importantes partidas de gasto en este apartado. Una va dedicada a la indemnización de 882.788 euros a Iniciativas Aparca S.L. por responsabilidad patrimonial derivada del conflicto de los aparcamientos generado por la Corporación anterior. La segunda de ellas corresponde a un reconocimiento de crédito para obras de emergencia en el aparcamiento de la Plaza Rafael Salgado, por importe de 367.595 euros.

Las inversiones en materia de seguridad, que incluye las partidas de Convivencia y Seguridad y de una parte de Gobierno Interior referida a los servicios generales de la Policía Local, sufren un descenso del 5,9% entre 2011 y 2013. Dentro del primero de los apartados, el recorte es del 7,4%, mientras que en el segundo se produce una subida del 13,9%.

A pesar del recorte en Convivencia y Seguridad en 2013, se incluyen cuantiosas inversiones como 1,5 millones de euros para el centro de control en la Jefatura de la Policía Local en La Ranilla destinado a Protección Civil y casi 500.000 euros de transferencia a la Gerencia de Urbanismo por la construcción de la comisaría de Bellavista.

También más de 400.000 euros en conceptos como maquinaria, instalaciones, utillajes, mobiliarios, enseres, equipos para procesos de información o rehabilitación de edificios. Este incremento del gasto contrasta con la eliminación del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria, al que en 2011 se le destinaron 3,9 millones de euros y otros 2,4 el año siguiente.

En lo relativo al gobierno interior de la Policía Local, la subida del 13,9% entre 2011 y 2013 es debida a un incremento de más de 260.000 euros en el suministro de vestuario del último año. Junto a todo esto, resulta llamativo que las productividades de los trabajadores de la Policía Local y del servicio de Bomberos se mantienen intocables en los tres años por un total de 10,7 millones de euros anuales.

Sin alternativa

Las actuaciones del Gobierno municipal en materia de movilidad y seguridad durante estos dos años podrían resumirse en derogar lo que estaba en funcionamiento sin disponer de una alternativa que ofrecer a la ciudadanía. De ahí que Sevilla no disponga del Plan de Movilidad Urbana que el alcalde prometió en su programa, a pesar del creciente problema que supone el tráfico aun con el descenso del número de vehículos en circulación como consecuencia de la crisis. El Barómetro de Opinión de la Fundación Antares refleja que el tráfico es una de las tres principales preocupaciones de los ciudadanos. La gestión municipal de la movilidad no recibe el aprobado y la nota que le otorgan los sevillanos apenas sube desde el 3,9 de junio de 2011 hasta el 4,4 de enero de 2013.

Parte de este descontento se podría achacar al enconado empeño del regidor hispalense por echar un pulso constante a la ciudadanía, siempre a lomos de los lobbies locales. Sucedió con la derogación del Plan Centro y la consiguiente demanda de una alternativa viable por parte de los vecinos, y también en las quejas de los usuarios de Sevici y la red de carriles para ciclistas ante el abandono de estas infraestructuras.

La respuesta del alcalde ha sido poner sobre la mesa apuestas que no figuraban en su propuesta electoral, caso del proyecto del parking en la Alameda de Hércules. Mientras, a los sevillanos que pagaron una fianza por una plaza en los aparcamientos proyectados por Monteseirín aún no se les ha devuelto su dinero, aunque Zoido ha prometido en innumerables ocasiones batallar por conseguirlo.

La apuesta de Zoido por la seguridad, a pesar de las diversas propuestas de su programa, se ha reducido a aumentar el número de agentes de Policía Local en la calle. A pesar de ello, la inseguridad ciudadana ha crecido como principal preocupación en un punto desde enero de 2012 a junio de 2013, sin importar la campaña económica y mediática de Zoido contra los gorrillas, la prostitución callejera, el macrobotellón y otras “amenazas para la seguridad ciudadana”.

Tampoco ha influido que cada vez se convoquen más plazas de agentes de Policía Local. La solución parece no pasar por un aumento cuantitativo, sino por ser más efectivos en su trabajo, tal y como recomendó el Defensor del Ciudadano de Sevilla, José Barranca, en la presentación de su informe de quejas en marzo de este año.

Los cimientos de las corralas de Sevilla

Juanjo Cerero / Jesús Rodríguez / Gregorio Verdugo | En los últimos cuatro años se han disparado los números en «ejecuciones hipotecarias». La estadística comienza a mostrar el rostro terrorífico de una realidad que en buena parte aún permanece invisible para la sociedad. Sólo en el último cuatrienio se ingresaron en los juzgados 415.437 peticiones de desahucio, un 413% más que en el período de 2003 a 2007. En la actualidad se llevan a cabo una media de 312 lanzamientos al día. Una barbaridad que arrastra a su paso a miles de familias que ven toda su vida tirada por un ventanal en cuestión de horas.

Andalucía se lleva la palma en este drama, igual que ocurre con otro que está en su misma génesis: la lacra del paro. En dicho espacio de tiempo se ejecutaron en la comunidad andaluza 81.732 desahucios y sólo en el partido judicial de Sevilla, que integran la capital y aquellos municipios cercanos que carecen de juzgados, se producen una media de entre 1.300 y 1.400 cada año.

Toñi, de la Corrala La Utopía

La sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la UE sobre la legislación hipotecaria española ha puesto de manifiesto la nula atención que los grandes partidos han prestado a una normativa que favorece de manera brutal a los intereses de la banca. Cómo se entiende si no que una directiva europea de obligado cumplimiento desde 1993 haya sido ignorada de manera sistemática.

En la ciudad de Sevilla, la respuesta ciudadana a esta cruel realidad se ha articulado alrededor del movimiento conocido como las Corralas, “edificios residenciales ocupados por personas afectadas por el problema de la vivienda con el apoyo de activistas”. Hasta hoy se han constituido once corralas de las que dos han sido desalojadas: La Alegría, sita en la calle Feria, y Conde-Quintana, emplazada entre las calles Conde de Torrejón y Quintana.

Inma, de la Corrala La Liberación

El alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, ha manifestado su rechazo a este tipo de actuaciones. El Ayuntamiento tampoco considera de utilidad adherirse al Fondo Social de Viviendas para desahuciados, una iniciativa que permitirá el acceso a miles de casas ahora en poder de la banca a cambio de un alquiler social. Sólo en la capital son 43 los inmuebles que están listos para ser ocupados de manera inmediata. La excusa que argumenta el alcalde es que su equipo “está estudiando otras medidas”, aunque nadie sabe hasta ahora cuáles.

Mientras tanto, el número de corralas ha ido in crescendo; de hecho, éstas ya son una referencia informativa internacional y cada vez son más las personas que se acercan a los PIVEs (Puntos de Información de Vivienda y encuentro) constituidos por el movimiento 15M en los barrios de la ciudad en busca de auxilio ante una situación dramática que los conduce hacia la desesperación.

Ibán Díaz, profesor de geografía social de la Universidad de Sevilla y activista del movimiento de la vivienda sevillano, cuenta que en la actualidad es la Intercomisión de Vivienda del 15M la encargada de coordinar el trabajo de las diferentes asambleas. Allí confluyen desde el primer momento activistas “que tienen más rodaje y que trabajan aspectos concretos de la vivienda”. Son personas “que vienen de la Asociación Pro Derechos Humanos, la Liga de Inquilinos o plataformas vecinales como la Federación de Entidades de Alcosa”.

La Intercomisión es “el principal espacio de coordinación dentro del movimiento por la vivienda en Sevilla, se ha vuelto bastante visible y está teniendo bastante repercusión social”, afirma Ibán. Su crecimiento en los últimos dos años ha sido considerable. Abarca todas las asambleas que abordan este ámbito, los PIVEs que están funcionando en la ciudad y los grupos de afectados que se van generando a través de éstos y de las corralas, el fenómeno más visible de todos.

Aun así reconoce que el movimiento es bastante más amplio y la diversidad de sus trabajos muy variada. “Hay grupos de gente que trata el tema de la vivienda, sobre todo la rehabilitación de barriadas, que no están coordinados, aunque sí existe comunicación”, asegura. Los grupos de afectados también funcionan de manera independiente en torno a los PIVEs y hay que sumar la gente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Sevilla “que trata exclusivamente casos de personas que intentan que no les desahucien”.

Además, el movimiento está en un momento expansivo y han surgido corralas en otras provincias. “En Huelva hay una ocupación masiva de 164 viviendas en Almonte que no se autodenomina corrala, pero con la que hay comunicación”, dice Ibán. Otra ha surgido en Málaga y se mantiene comunicación fluida con las plataformas de Stop Desahucios de Córdoba y Granada y con la PAH de Málaga.

María, activista que desarrolla su labor en el PIVE de Mairena del Aljarafe, lo describe como un lugar en el que “lo que pretendemos es tener un punto en el que todo el mundo que tenga cualquier tipo de problema con la vivienda pueda acudir para entre todos buscar soluciones a cada uno de los casos”. No sólo se trata de asesorar legalmente a través de un abogado y una chica “que entiende de leyes”, sino del empoderamiento del ciudadano después de acudir allí por primera vez. “El primer día vienen llorando y desesperados —cuenta— y ahora los ves y están contentos y tienen ganas de luchar y de seguir adelante”.

En el PIVE de Mairena del Aljarafe trabajan ahora mismo entre diez y doce personas de manera permanente, más los afectados que se integran y ayudan a los demás. “Es un trabajo muy completo que no se queda en decirles qué pasos tienen que seguir legalmente para resolver un poco la situación, sino que hace que la gente adquiera confianza en sí misma para lo que sea”.

En Mairena, como en muchos de los pueblos de los alrededores de la capital, la gente no vive allí, no se siente del lugar y no quiere luchar por el pueblo, lo que hace mucho más difícil la labor y que los logros cuesten más trabajo. “Al principio fue un boom y teníamos asambleas de 200 personas, pero poco a poco cada uno se ha ido yendo a su vida”, lamenta María.

Antes de poner este PIVE en funcionamiento acudieron a la Intercomisión de Vivienda del 15M y a otros Puntos de Información, como el de Triana, para asesorarse. Fue allí donde se inspiraron para trazar un plan de acción. “Nosotros no queríamos funcionar como una consulta de abogados, sino como un grupo de gente buscando soluciones conjuntas”. Desde sus inicios no han podido volver a ir a las asambleas por falta de personal, pero ahora “que ya empezamos a tener a más gente que está viniendo a echarnos una mano” están tratando de fortalecer la interconexión, porque “siempre hemos estado un poco aislados en Mairena”.

Por ahora no tienen casos de desahucios. Predomina la dación en pago, porque uno de los problemas que les acucian es que “la gente acude a nosotros bastante tarde, aunque siempre hemos intentado solucionarlo antes del desahucio”. María reconoce que hay gente a la que han echado, pero antes se ha negociado la dación en pago. “La mayoría de ellos vuelven a hacinarse con sus familiares”, afirma.

Desconocen el número de viviendas que hay en el pueblo, aunque están seguros de que “son muchísimas”, y no tienen comunicación alguna con el Ayuntamiento. Sí colaboran con Asuntos Sociales, que les desvía los casos de vivienda que le van llegando, pero ellos tampoco están bien con el consistorio, porque “el Ayuntamiento de Mairena es azul, muy azul”.

Arasay, de la Corrala Conde-Quintana

Para Ibán Díaz, el primer obstáculo al que se enfrentan las corralas es “que no se desalojen inmediatamente, lo que, si se hace bien, hay bastantes posibilidades de que se tenga que seguir un proceso legal que permita un período de tiempo para buscar algunas soluciones”. Además está el problema de la luz y del agua, que hace que “en algunos casos la gente de las corralas lleve hasta diez meses sin suministro, lo que complica bastante las cosas”. Es lo que ocurre en la corrala La Utopía, con 36 viviendas ubicadas en un bloque de cuatro plantas, al que la empresa municipal de aguas, Emasesa, cortó el suministro en al menos dos ocasiones (una y dos). Hoy, “subir el agua a las casas es una situación complicada”.

Por otra parte, surgen los problemas lógicos derivados de las dinámicas de convivencia, “aunque hay activistas trabajando permanentemente con ellos este tipo de cuestiones”. Ibán cree que “el mayor obstáculo es plantear una solución, ver qué salida se le da a esa ocupación”. Por lo general se busca una solución negociada con los propietarios que permita dar estabilidad a las corralas y conseguir agua y luz de forma legal. Se están haciendo algunos avances: hay procesos de negociación abiertos y algunos parecen que van a llegar a buen término.

Cuando se le pregunta por qué no han intentado ocupar las antiguas viviendas del parque social de OTAINSA, desmantelado en septiembre de 2011 por el Gobierno de Zoido, Díaz responde que “algunas no están rehabilitadas y no reúnen las condiciones mínimamente dignas, por lo tanto no se pueden meter familias allí”. Otras, como las del Corral de la Encarnación, en Pagés del Corro, están en proceso de ser utilizadas, “por lo que en caso de ocuparlas crearíamos un conflicto con otra familia que también tiene derecho a tener acceso a una”. También argumenta que hay otras casas en diferentes edificaciones que tampoco reúnen las condiciones para hacer una corrala, “pero si nos enteramos de que hay un bloque que está vacío y de que son viviendas del Ayuntamiento sin adjudicar lo ocupamos seguro”, afirma.

La oposición de los poderes públicos a este movimiento ha sido constante desde su inicio. Además de torpedear el acceso a servicios básicos como agua y luz, incluso durante una ola de calor y usando a la Policía para impedir llenar garrafas en fuentes públicas, la amenaza de un desalojo ha estado planeando sobre las familias que comenzaron a instalarse en estos edificios hace ya casi un año. El empeño de la Corrala Conde-Quintana, ubicada cerca de La Alameda, ha sido la segunda y, por el momento, la última víctima de una cruzada contra una realidad inexorable por parte de un rey menudo pero valiente que sigue estando desnudo. Ante la inmovilidad del legislador, la ciudadanía ha asumido que la solución debe provenir de su propio esfuerzo continuado. Desde el pasado miércoles 13 de marzo, la última corrala, bautizada como La Unidad, se erige en El Cerro del Águila.

La falta de control a las contratas de Parques y Jardines siembra Sevilla de árboles caídos

Este reportaje fue publicado en sevilla report el 12/11/2012 bajo el título de «Caminar por Sevilla mirando al cielo»

Desde los meses del verano, Sevilla ve cómo sus calles y aceras albergan cada vez más ramas y troncos de plataneros, tipuanas o paraísos desmoronados en el viario público. El Ayuntamiento defiende la labor de las empresas privadas designadas para el mantenimiento de zonas verdes en virtud del contrato de 48 millones de euros licitado en mayo, pero trabajadores de las concesionarias y de Parques y Jardines apuntan a una mala gestión que se une a una falta de control por parte de los técnicos de la empresa municipal.

Lo que no se ve de este reportaje

  • 36 días de trabajo
  • 10 fuentes consultadas
  • 3 visitas a Parques y Jardines
  • 4 visitas al Registro del Ayuntamiento
  • 27 llamadas de teléfono
  • ~400 kilómetros en coche
  • 20 horas de transcripción de entrevistas
  • 30 horas de redacción y edición

J. Cerero / J. Rodríguez / G. Verdugo | El pasado día 27 de septiembre, a Alfonso Sánchez Vázquez, de 51 años, se le olvidó pasear por las calles de Sevilla mirando al cielo. Eran las 19.45 y cruzaba la calle Laraña bajo la lluvia acompañado de su hijo, de 15 años de edad, cuando escucharon unos gritos seguidos de un crack y una rama de platanero de enormes dimensiones se les desplomó encima. “Esto se veía venir, mira que se ha dicho veces, cualquier día iba a pasar”, recuerda que comentaron algunos de los presentes.

La rama golpeó a Alfonso en en el hombro y en la espalda. Su hijo salió ileso del altercado por los pelos. “La cosa no fue peor porque los paraguas amortiguaron el golpe”, contó después. Las personas que presenciaron el incidente llamaron a la Policía Local, que se personó en el lugar de los hechos, tomaron nota de sus nombres y los de los testigos y levantaron el atestado correspondiente. Preguntaron a Alfonso si necesitaba una ambulancia. “Le dije que no, porque yo notaba cómo mi hijo estaba preocupado por mi estado de salud”.

La rama que cayó sobre Alfonso y su hijo el 29 de septiembre, en la calle Laraña.

El día 3 de octubre, Alfonso acudió a la Jefatura de la Policía Local y formuló la denuncia contra el Ayuntamiento de Sevilla indicando que hubo atestado y aportando los partes de lesiones, unas fotografías de lo ocurrido e hizo constar que creía que eso era debido a una falta de mantenimiento y poda reglamentarias del arbolado. También solicitó en el Registro de Entrada una copia del informe policial y del atestado. La Policía le informó de que, una vez formulada la denuncia, en unos 15 días recibiría un informe. A día de hoy, todavía no ha recibido respuesta y está esperando a que pase el plazo preceptivo del silencio administrativo para denunciar al Ayuntamiento por la vía civil y pedir daños y perjuicios.

Este incidente no ha sido el único que se ha producido en fechas recientes en la ciudad de Sevilla. Incluso se podría afirmar que viene siendo más frecuente de lo habitual. Tanto en la prensa local como en las redes sociales se han constatado desde el pasado agosto numerosos casos de caídas repentinas de ramas e incluso de árboles completos sin razón aparente.

[ver el mapa en un tamaño mayor]

Ya el 22 de agosto, en plena canícula veraniega, una rama de enormes proporciones se precipitó sobre una farola fernandina que sirve de sostén a la alimentación eléctrica del tranvía en la Avenida de la Constitución y que lo mantuvo inactivo durante una hora al obstaculizar su paso. Sólo la reparación de la farola de diseño costó a Tussam 1.896,53 euros, aunque el importe final de la factura, con el 21% de IVA, asciende a 2.294,80 euros (imagen JPEG, 6 MB). Cuatro días después, el 26 del mismo mes, otra rama cayó de manera inesperada sobre la fachada de la Iglesia de la Anunciación, en la Plaza de la Encarnación, en pleno centro histórico de Sevilla. Por suerte, no se produjeron daños materiales ni tampoco personales.

Con la llegada del otoño y las primeras aguas los desprendimientos de ramas del arbolado de la ciudad se multiplicaron. El 4 de octubre cayó otra rama de uno de los árboles de Afán de Ribera, en la barriada del Cerro del Águila. Los vecinos comentaron que fue debido al mal estado del arbolado. El presidente de la asociación de vecinos, Tomás de Soto, manifestó entonces que algunas ramas de los paraísos “están podridas por dentro” y “poniendo en riesgo el tránsito de los ciudadanos por esta zona”.

Ese mes ha sido nefasto en cuanto a este tipo de sucesos. El 20 de octubre se produjo uno en la esquina de la calle Pablo Iglesias con la calle Samaniego, cerca de la estación de Santa Justa. Cuatro días después, un matrimonio que circulaba en coche por la calle Juan Pablos, en El Porvenir, vio cómo un platanero se precipitaba sobre el vehículo en el que viajaban. Por suerte, ambos resultaron ilesos, ya que el tronco impactó sobre el capó.

El día 25, sendas ramas de platanero y tipuana se precipitaron sobre la vía pública en la calle Gonzalo de Bilbao y en la plaza Ponce de León respectivamente. También los vecinos y transeúntes de la calle Arcos fueron testigos de cómo la calzada fue acordonada tras desplomarse otra rama de una enorme tipuana sobre otro coche estacionado. Al día siguiente se pudo observar cómo las lluvias habían dejado diversas ramas de tipuana esparcidas por el suelo en el entorno de la estación de Plaza de Armas. Finalmente, el 4 de noviembre una gran rama de paraíso se desgajó sobre un parque infantil y varios vehículos estacionados en la esquina de las calles Celestino Tejero Jiménez y El Gomari, en el barrio nervionense de Ciudad Jardín.

Esta reiteración de casos en apenas un mes comenzó a sembrar en la redes sociales la sospecha de que algo extraño sucedía con el arbolado de Sevilla.

Este medio se interesó por conocer si existían más casos de caídas de ramas, sobre todo con víctimas mediantes, y por ello solicitó a través del Registro del Ayuntamiento (imagen JPEG, 9,2 MB) la estadística de atestados tramitados por la Policía Local por este tipo de sucesos. Sin embargo, más de tres semanas después de realizar la petición, lo único que ha obtenido por respuesta ha sido el silencio administrativo.

Un contrato de 48 millones de euros anunciado a bombo y platillo

El 3 de mayo de 2012, el Ayuntamiento de Sevilla anunció una de las mayores partidas presupuestarias de la legislatura (PDF, 180 KB): 48 millones de euros que el Gobierno de Zoido iba a dedicar al mantenimiento del arbolado del viario de la ciudad a través de un «macrocontrato» licitado en mayo y adjudicado a mediados de septiembre. Los pliegos de licitación dividen las zonas verdes de Sevilla en seis lotes distintos que serían adjudicados a diferentes empresas, mientras que algo menos del 20% del total de estas zonas —entre ellas algunos de los parques más reconocidos de la ciudad, como el Parque de María Luisa o los Jardines de Murillo- seguiría estando a cargo de Parques y Jardines.

Este macrocontrato de 48 millones de euros divide las zonas verdes subcontratadas en seis lotes diferentes, como se puede leer en la documentación de adjudicación (PDF, 34 KB). El primero, correspondiente a Casco Antiguo, Triana, Los Remedios y Macarena, fue adjudicado a la U.T.E. Valoriza Servicios Medioambientales —relacionada con Sacyr, la empresa propietaria de las Setas de la Encarnación— y Cointer Concesiones, S.L. —unida al Grupo Azvi—.

Por su parte, los lotes 5 y 6 definen parques y zonas forestales o extensivas de la ciudad. El primero de ellos, que cubre estas zonas en Triana, Bellavista-La Palmera, el Casco Antiguo, Norte y Macarena, quedó adjudicado a la U.T.E. Aljarafe Medio Ambiente —encargada del mantenimiento de las zonas ajardinadas de la Universidad de Sevilla— y Althenia, filial de la empresa de construcciones Sando. Finalmente, el lote 6 se adjudicó a nombre de la empresa personal de Juan Antonio López Reyes, sita en Guadalcacín (Cádiz).

La delicada situación de Parques y Jardines

Según Manuel Loza, secretario de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla, el presupuesto de Parques y Jardines “todos los años se va reduciendo, y este año más de un 20%”, lo que provoca que “gran parte de las zonas verdes de Sevilla ya las hacen las empresas privadas”.

En lo referente a la falta de personal, causa que esgrime el Ayuntamiento para la concesión del contrato de 48 millones de euros, Loza explica que en Parques y Jardines “ahora mismo tendría que haber una plantilla de alrededor 250 trabajadores”, y sin embargo “puede haber unas 50 vacantes en todas las categorías”. Esto está provocando “que no se hagan los trabajos que se deberían realizar” y con la calidad necesaria, porque “el proceso que llevamos los de Parques y Jardines es el que realmente se tiene que hacer: cuándo y cómo se tiene que hacer la poda para que no haya estos incidentes”.

La sede de Parques y Jardines, en el Pabellón de Marruecos de la Exposición Iberoamericana de 1929 | Foto: NonoFotos (CC BY-NC)

Miguel Ángel Sáinz, secretario del CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla, incide en este aspecto al recalcar que “se le está dando más prioridad a la privada”, puesto que, ante un aviso urgente, “van a llamar a la contrata, y si ésta no da abasto suficiente, entonces tiran de nosotros; antes era al revés”.

Las fuentes coinciden en apuntar a la tasa de reposición cero como la causa principal de esta escasez de empleados. Loza afirma que “no se están sustituyendo ni las bajas maternales, cosa que no le cuesta dinero al Ayuntamiento”. A su parecer, para hacer la poda “se podrían hacer contrataciones no sujetas a vacantes por períodos de tiempo” recurriendo a las propias bolsas de trabajo del Ayuntamiento, “porque es gente que se ha presentado a unas oposiciones y se ha quedado detrás del personal que entró fijo”.

Pedro (nombre ficticio), inspector del servicio de Parques y Jardines que prefiere mantener el anonimato, confirma que “en inspección tenemos una Citröen C15, un Fiat Punto del año de la pera de matrícula CU, que se ha pegado seis meses para pasar la ITV, y un Citröen Saxo que se acaba de averiar ahora mismo”, por lo que asegura que “Parques y Jardines es una selva”. “Hemos estado todo el año sin empresas, solamente actuando en las dos cuadrillas que que tenemos nosotros, que son cuadrillas de seis personas nada más, es decir, como el ejército de Pancho Villa”, continúa. “Cuando no hay un camión, falta una furgoneta; cuando no, la pluma se ha averiado; cuando no, resulta que hay gente que se da de baja por problemas y no hay tanta gente… Horroroso”.

Este inspector asegura con resignación que él va “todas las mañanas al trabajo pensando «a ver con qué me voy a encontrar ahora, a ver con qué problema me voy a encontrar hoy», y así no se puede funcionar”, de modo que sostiene que “si tú tienes un servicio de parques y jardines lo tienes que potenciar y le tienes que dar el personal y los medios que requiere Sevilla”.

La rama de paraíso caída sobre un parque infantil y varios coches en la esquina de las calles Celestino Tejeiro Jiménez y El Gomari, en Ciudad Jardín

Estas fuentes hablan de la mala organización del trabajo en Parques y Jardines como una de las causas de la externalización del servicio. Gonzalo lo explica con casos concretos: “la cuadrilla que se dedicaba a la poda del arbolado viario exterior ha estado retirando las ramas que tiraban otros servicios, ya sean públicos o privados”. En concreto, afirma que esto sucede cuando se realiza una llamada al 072, que interviene pero no retira el forraje, y después “la cuadrilla de poda, con vehículos y herramientas inadecuados, van a recoger la basura que el otro genera y a lo mejor lleva 15 días allí, en vez de estar podando propiamente”. La conclusión que extrae es contundente: “parece que lo que se pretende es que no se dé el servicio con las pocas personas que hay”.

Podas que no son tales

Sin embargo, a las 15.00 horas, una vez realizada la poda y con los restos desperdigados por la vía pública, las ramas seguían invadiendo la calzada y la acera, del mismo modo que sucedía con el resto de los árboles de esa calle y de las adyacentes, que presentaban unas copas muy cargadas. Los mismos vecinos constatan hoy, varias semanas más tarde, que la poda que se realizó fue “de pasada y para que las ramas no te dieran en la cara”, pero que “los árboles siguen cargados y las ramas en medio de la calle”.

Que las ramas se extiendan hacia abajo es un fenómeno que responde a una causa concreta que explica Agustín (nombre ficticio), empleado en una de las U.T.E. concesionarias del servicio que también prefiere guardar anonimato. “El problema es que al principio se hizo mucho desmoche a bastantes árboles”, aclara, “el árbol necesita de las hojas para sobrevivir y, en el momento en el que le pegas un buen pelado, empieza a tirar ramas por todos lados; son ramas que salen de emergencia para hacer la fotosíntesis y tienen menos resistencia”.

Poda de tipuanas en la calle San Jacinto, el domingo 28 de octubre. En la foto puede apreciarse el desmoche de los árboles.

Por su parte, Pedro asevera que “depende de qué tipo de poda contrates”, porque su coste varía en función de ello. “Una poda de mantenimiento es cortar la ramita que vaya para allá, las ramitas bajas y ya está; la empresa te dice que no tiene tiempo y no sólo eso, sino que no gana dinero con esa poda”.

La panacea de la empresa privada

Loza coincide con el planteamiento de Miguel Ángel Sáinz al afirmar que “la privada era antes para casos excepcionales, si no teníamos determinada maquinaria o un elevador para árboles muy altos; ahora es al revés, la excepcionalidad la hacemos nosotros y la empresa privada es la que cubre la normalidad”.

Según Gonzalo, las concesionarias no ejecutan los servicios tal como se contratan. “En determinados parques en los que debe haber cuatro personas de forma continua sólo hay uno, y cuando aparece una inspección, entonces hay cuatro; eso lo ha llegado a decir incluso algún miembro de las empresas privadas”, cuenta, al tiempo que habla también del caso de la plantación de árboles nuevos, para la que “se contrata el riego durante algún tiempo y ese riego desaparece y se produce la seca del árbol; a lo mejor sale más barato volver a plantar el árbol antes de que acabe el año que seguir regándolo”.

Poda en la esquina de la calle Béjar con la calle Arqueros, en Los Remedios. Los vecinos la solicitaron porque las ramas estorbaban el paso de viandantes y vehículos. Sin embargo, el resultado de la intervención aún ha dejado ramas invadiendo la calzada.

Paco, trabajador de una de las empresas concesionarias del servicio de poda que prefiere quedar en el anonimato, reconoce que “problema de mantenimiento hay, porque somos tan poca gente que no podemos podar toda la ciudad en la época de la poda”. Asimismo, asegura que “hay 128 puestos de trabajo que tenían que haberse cubierto y no se ha hecho, además de una zona más amplia que antes”.

Aunque las fuentes de Parques y Jardines aseguran que las empresas privadas cuentan con más y mejores medios para desempeñar sus tareas, Agustín los contradice al afirmar que “ahora mismo algunas están cortas de herramientas”. Sí que reconoce que “ya se ha empezado a comprar material nuevo en algunas” y que en otras “están en proyecto de hacerlo”. No obstante, Paco asegura que en su empresa acusan mucha falta de medios y que, por ejemplo, en cuestión de vestuario “sólo nos han dado un pantalón y un polo”.

Al inicio del contrato y con revisión anual se realizará sobre el inventario realizado un programa teórico de cada una de las labores o actuaciones anuales (PLANIFICACIÓN ANUAL).

Dependiendo del tipo de labor y tras los datos recogidos deberán facilitarse una serie de documentos del trabajo realizado y las desviaciones que se han producido del programa inicial en soporte informático. Estos informes serán la base, junto con las inspecciones visuales realizadas periódicamente, del control del servicio.

Art. 5, sobre las Inspecciones y Control del Servicio; Pliego de Prescripciones Técnicas, pág 109.

La dirección e inspección técnica de los trabajos descritos en este pliego de condiciones se ejercerá directamente por el servicio técnico de Parques y Jardines de acuerdo con las competencias establecidas por el mismo. Cada lote tendrá un director facultativo que será el responsable del cumplimiento del pliego y la oferta.

Asimismo, el Ayuntamiento designará un Director de Contrato, que podrá serlo de uno o varios lotes al mismo tiempo, y velará por el cumplimiento de los diferentes contratos.

Art. 11, sobre Responsabilidad Técnica y Control del Servicio de Conservación, apartado 1 (11.1); Pliego de Prescripciones Técnicas, pág 132.

Pedro, el inspector de Parques y Jardines, asegura que en la empresa hay cinco inspectores, a los que “el técnico tiene entretenidos en ver llamadas que han hecho los vecinos desde primeros de año, que a lo mejor él no se ha podido encargar de mandar empresas concesionarias porque no las hemos tenido hasta ahora”.

Paco, de una de estas empresas, incide en que “no se lleva a cabo ni la supervisión del trabajo ni que vengan a ver cuántas personas hay en la zona; todo eso no está supervisado”. Sin embargo, Agustín afirma que “depende del técnico: hay unos que están más encima, incluso demasiado encima, como es su obligación”, aunque mantiene que “hay zonas en las que tienen que pasar la mano”. Es algo en lo que coincide Paco, quien asegura que conoce “técnicos que sí se se preocupan y otros que no aparecen durante la época” de poda.

La rama del paraíso de Ciudad Jardín mostraba la pudrición interna que sufría el árbol, un síntoma habitual en parte de la arboleda de la ciudad, especialmente en los plataneros, una especie muy propensa a pudrirse, sobre todo si no se la trata adecuadamente.

Relata una anécdota que deja entrever la preferencia hacia las concesionarias por parte de la dirección de Parques y Jardines. “Había un jefe de servicio que decía que la empresa privada no le daba problemas: «Yo llevo aquí 24 horas del día, durante 31 días del mes, durante un año, y la privada no me da problemas; y, además, invitan»”, cuenta Pedro. “En Parques y Jardines hay un dicho, que el que juega con miel se chupa los dedos, y los técnicos juegan mucho con eso, con los dineros”, concluye.

Según las mismas fuentes, la picaresca alcanza también al recuento de personal e, incluso, a la propia realización de los trabajos. Así lo manifiesta Agustín, al asegurar que “yo he cortado cubas de leña y me han dicho: «no, esto es para Fulano de Parques y Jardines»”, algo por lo que “luego se hacen favorcitos aparte”. El mismo Fulano sobre el que un compañero le comentó que “iba a pasear a caballo a la finca” del dueño de una de las empresas concesionarias. De la misma manera, asevera que han llegado a “ir a hacerle el seto a uno de Parques y Jardines” y que han sido testigos de cómo “gente del Ayuntamiento llegó con la plataforma a coger dátiles para alguien de allí”.

Una rama caída en el acerado frente a la estación de Plaza de Armas, en la mañana del viernes 26 de octubre.

“De hecho”, corrobora Agustín, “a mí me han picado estando yo de horas sindicales o un día de baja”, ante lo que pregunta de inmediato: “¿Sabes por qué? Porque el Ayuntamiento paga por horas de trabajo a la empresa, según las categorías una cantidad”. También hace hincapié en que “nosotros hemos ido a trabajar 15 ó 20 personas a un sector en que tenía que haber 50”, algo que “se nota después en el servicio”. Además, afirma que en los días de inspección siempre se avisaba a los trabajadores. En su anterior empresa “era «cámbiate de camisa y vete a tal lado» para que el técnico te viera, pero es tontería, porque los técnicos lo sabían y a los compañeros se lo dijeron: «¿Éste tiene trillizos aquí o qué?»”.

Con el fin de contrastar la información, esta redacción acudió en reiteradas ocasiones a la sede de Parques y Jardines, en el Pabellón de Marruecos de la Avenida de Molini, con la intención de que el jefe de servicio, Francisco de Amores, o alguno de los técnicos de la casa responsables de la supervisión de los trabajos de las concesionarias confirmaran o desmintieran la información. En todas ellas se negaron a hablar al respecto argumentando que respondería el gabinete de comunicación municipal, en el Edificio Laredo de la calle Granada.

El servicio municipal afirma que “los inspectores no están relegados de sus funciones”, y pone especial énfasis en que “la dirección y el control de las tareas de las empresas concesionarias se llevan a cabo por técnicos con suficiente capacitación laboral, y así se hace”. Al igual que en la solicitud previa por correo electrónico, se requirieron documentos que sustentasen tal afirmación, como copias de los expedientes de la supervisión de los trabajos de las empresas concesionarias por parte de los técnicos de Parques y Jardines, ante lo que la periodista del gabinete de Laredo contestó que ya estaban dando la respuesta oficial de la empresa.

Alfonso Sánchez justo tras caerle encima una rama en la calle Laraña.

La empresa también afirma que la externalización de servicios “no es algo nuevo, en años anteriores ya se habían externalizado”. “La única diferencia” entre este Gobierno y el anterior es que “ahora se ha hecho un macrocontrato que aúna todos las labores mientras que antes se hacían contratos por partes”.

La sombra de la privatización

Sin embargo, la realidad entre los trabajadores de la empresa municipal es bien distinta. No sólo no creen que vaya a arreglarse el oscuro panorama actual, sino que, como dice Gonzalo, tienen “no el miedo, la certeza” de que va camino de la privatización. A su juicio, la viabilidad del servicio de Parques y Jardines “ni siquiera se ha planteado”. “«Es que no hay medios». Claro que no hay medios, no los ponen”, critica con resignación, “y ahora cuando dicen: «Es que los empleados públicos…»; es que los empleados públicos los gestiona, organiza y manda alguien; la cuestión es que no hay ganas de querer que la cosa funcione”.