Juanjo Cerero / Jesús Rodríguez / Gregorio Verdugo | En los últimos cuatro años se han disparado los números en «ejecuciones hipotecarias». La estadística comienza a mostrar el rostro terrorífico de una realidad que en buena parte aún permanece invisible para la sociedad. Sólo en el último cuatrienio se ingresaron en los juzgados 415.437 peticiones de desahucio, un 413% más que en el período de 2003 a 2007. En la actualidad se llevan a cabo una media de 312 lanzamientos al día. Una barbaridad que arrastra a su paso a miles de familias que ven toda su vida tirada por un ventanal en cuestión de horas.
Andalucía se lleva la palma en este drama, igual que ocurre con otro que está en su misma génesis: la lacra del paro. En dicho espacio de tiempo se ejecutaron en la comunidad andaluza 81.732 desahucios y sólo en el partido judicial de Sevilla, que integran la capital y aquellos municipios cercanos que carecen de juzgados, se producen una media de entre 1.300 y 1.400 cada año.
En la ciudad de Sevilla, la respuesta ciudadana a esta cruel realidad se ha articulado alrededor del movimiento conocido como las Corralas, “edificios residenciales ocupados por personas afectadas por el problema de la vivienda con el apoyo de activistas”. Hasta hoy se han constituido once corralas de las que dos han sido desalojadas: La Alegría, sita en la calle Feria, y Conde-Quintana, emplazada entre las calles Conde de Torrejón y Quintana.
Inma, de la Corrala La Liberación
El alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, ha manifestado su rechazo a este tipo de actuaciones. El Ayuntamiento tampoco considera de utilidad adherirse al Fondo Social de Viviendas para desahuciados, una iniciativa que permitirá el acceso a miles de casas ahora en poder de la banca a cambio de un alquiler social. Sólo en la capital son 43 los inmuebles que están listos para ser ocupados de manera inmediata. La excusa que argumenta el alcalde es que su equipo “está estudiando otras medidas”, aunque nadie sabe hasta ahora cuáles.
Mientras tanto, el número de corralas ha ido in crescendo; de hecho, éstas ya son una referencia informativa internacional y cada vez son más las personas que se acercan a los PIVEs (Puntos de Información de Vivienda y encuentro) constituidos por el movimiento 15M en los barrios de la ciudad en busca de auxilio ante una situación dramática que los conduce hacia la desesperación.
Ibán Díaz, profesor de geografía social de la Universidad de Sevilla y activista del movimiento de la vivienda sevillano, cuenta que en la actualidad es la Intercomisión de Vivienda del 15M la encargada de coordinar el trabajo de las diferentes asambleas. Allí confluyen desde el primer momento activistas “que tienen más rodaje y que trabajan aspectos concretos de la vivienda”. Son personas “que vienen de la Asociación Pro Derechos Humanos, la Liga de Inquilinos o plataformas vecinales como la Federación de Entidades de Alcosa”.
La Intercomisión es “el principal espacio de coordinación dentro del movimiento por la vivienda en Sevilla, se ha vuelto bastante visible y está teniendo bastante repercusión social”, afirma Ibán. Su crecimiento en los últimos dos años ha sido considerable. Abarca todas las asambleas que abordan este ámbito, los PIVEs que están funcionando en la ciudad y los grupos de afectados que se van generando a través de éstos y de las corralas, el fenómeno más visible de todos.
Aun así reconoce que el movimiento es bastante más amplio y la diversidad de sus trabajos muy variada. “Hay grupos de gente que trata el tema de la vivienda, sobre todo la rehabilitación de barriadas, que no están coordinados, aunque sí existe comunicación”, asegura. Los grupos de afectados también funcionan de manera independiente en torno a los PIVEs y hay que sumar la gente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Sevilla “que trata exclusivamente casos de personas que intentan que no les desahucien”.
Además, el movimiento está en un momento expansivo y han surgido corralas en otras provincias. “En Huelva hay una ocupación masiva de 164 viviendas en Almonte que no se autodenomina corrala, pero con la que hay comunicación”, dice Ibán. Otra ha surgido en Málaga y se mantiene comunicación fluida con las plataformas de Stop Desahucios de Córdoba y Granada y con la PAH de Málaga.
María, activista que desarrolla su labor en el PIVE de Mairena del Aljarafe, lo describe como un lugar en el que “lo que pretendemos es tener un punto en el que todo el mundo que tenga cualquier tipo de problema con la vivienda pueda acudir para entre todos buscar soluciones a cada uno de los casos”. No sólo se trata de asesorar legalmente a través de un abogado y una chica “que entiende de leyes”, sino del empoderamiento del ciudadano después de acudir allí por primera vez. “El primer día vienen llorando y desesperados —cuenta— y ahora los ves y están contentos y tienen ganas de luchar y de seguir adelante”.
En el PIVE de Mairena del Aljarafe trabajan ahora mismo entre diez y doce personas de manera permanente, más los afectados que se integran y ayudan a los demás. “Es un trabajo muy completo que no se queda en decirles qué pasos tienen que seguir legalmente para resolver un poco la situación, sino que hace que la gente adquiera confianza en sí misma para lo que sea”.
En Mairena, como en muchos de los pueblos de los alrededores de la capital, la gente no vive allí, no se siente del lugar y no quiere luchar por el pueblo, lo que hace mucho más difícil la labor y que los logros cuesten más trabajo. “Al principio fue un boom y teníamos asambleas de 200 personas, pero poco a poco cada uno se ha ido yendo a su vida”, lamenta María.
Antes de poner este PIVE en funcionamiento acudieron a la Intercomisión de Vivienda del 15M y a otros Puntos de Información, como el de Triana, para asesorarse. Fue allí donde se inspiraron para trazar un plan de acción. “Nosotros no queríamos funcionar como una consulta de abogados, sino como un grupo de gente buscando soluciones conjuntas”. Desde sus inicios no han podido volver a ir a las asambleas por falta de personal, pero ahora “que ya empezamos a tener a más gente que está viniendo a echarnos una mano” están tratando de fortalecer la interconexión, porque “siempre hemos estado un poco aislados en Mairena”.
Por ahora no tienen casos de desahucios. Predomina la dación en pago, porque uno de los problemas que les acucian es que “la gente acude a nosotros bastante tarde, aunque siempre hemos intentado solucionarlo antes del desahucio”. María reconoce que hay gente a la que han echado, pero antes se ha negociado la dación en pago. “La mayoría de ellos vuelven a hacinarse con sus familiares”, afirma.
Desconocen el número de viviendas que hay en el pueblo, aunque están seguros de que “son muchísimas”, y no tienen comunicación alguna con el Ayuntamiento. Sí colaboran con Asuntos Sociales, que les desvía los casos de vivienda que le van llegando, pero ellos tampoco están bien con el consistorio, porque “el Ayuntamiento de Mairena es azul, muy azul”.
Arasay, de la Corrala Conde-Quintana
Para Ibán Díaz, el primer obstáculo al que se enfrentan las corralas es “que no se desalojen inmediatamente, lo que, si se hace bien, hay bastantes posibilidades de que se tenga que seguir un proceso legal que permita un período de tiempo para buscar algunas soluciones”. Además está el problema de la luz y del agua, que hace que “en algunos casos la gente de las corralas lleve hasta diez meses sin suministro, lo que complica bastante las cosas”. Es lo que ocurre en la corrala La Utopía, con 36 viviendas ubicadas en un bloque de cuatro plantas, al que la empresa municipal de aguas, Emasesa, cortó el suministro en al menos dos ocasiones (una y dos). Hoy, “subir el agua a las casas es una situación complicada”.
Por otra parte, surgen los problemas lógicos derivados de las dinámicas de convivencia, “aunque hay activistas trabajando permanentemente con ellos este tipo de cuestiones”. Ibán cree que “el mayor obstáculo es plantear una solución, ver qué salida se le da a esa ocupación”. Por lo general se busca una solución negociada con los propietarios que permita dar estabilidad a las corralas y conseguir agua y luz de forma legal. Se están haciendo algunos avances: hay procesos de negociación abiertos y algunos parecen que van a llegar a buen término.
Cuando se le pregunta por qué no han intentado ocupar las antiguas viviendas del parque social de OTAINSA, desmantelado en septiembre de 2011 por el Gobierno de Zoido, Díaz responde que “algunas no están rehabilitadas y no reúnen las condiciones mínimamente dignas, por lo tanto no se pueden meter familias allí”. Otras, como las del Corral de la Encarnación, en Pagés del Corro, están en proceso de ser utilizadas, “por lo que en caso de ocuparlas crearíamos un conflicto con otra familia que también tiene derecho a tener acceso a una”. También argumenta que hay otras casas en diferentes edificaciones que tampoco reúnen las condiciones para hacer una corrala, “pero si nos enteramos de que hay un bloque que está vacío y de que son viviendas del Ayuntamiento sin adjudicar lo ocupamos seguro”, afirma.
La oposición de los poderes públicos a este movimiento ha sido constante desde su inicio. Además de torpedear el acceso a servicios básicos como agua y luz, incluso durante una ola de calor y usando a la Policía para impedir llenar garrafas en fuentes públicas, la amenaza de un desalojo ha estado planeando sobre las familias que comenzaron a instalarse en estos edificios hace ya casi un año. El empeño de la Corrala Conde-Quintana, ubicada cerca de La Alameda, ha sido la segunda y, por el momento, la última víctima de una cruzada contra una realidad inexorable por parte de un rey menudo pero valiente que sigue estando desnudo. Ante la inmovilidad del legislador, la ciudadanía ha asumido que la solución debe provenir de su propio esfuerzo continuado. Desde el pasado miércoles 13 de marzo, la última corrala, bautizada como La Unidad, se erige en El Cerro del Águila.
Este reportaje fue publicado en sevilla report el 12/11/2012 bajo el título de «Caminar por Sevilla mirando al cielo»
Desde los meses del verano, Sevilla ve cómo sus calles y aceras albergan cada vez más ramas y troncos de plataneros, tipuanas o paraísos desmoronados en el viario público. El Ayuntamiento defiende la labor de las empresas privadas designadas para el mantenimiento de zonas verdes en virtud del contrato de 48 millones de euros licitado en mayo, pero trabajadores de las concesionarias y de Parques y Jardines apuntan a una mala gestión que se une a una falta de control por parte de los técnicos de la empresa municipal.
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30 horas de redacción y edición
J. Cerero / J. Rodríguez / G. Verdugo | El pasado día 27 de septiembre, a Alfonso Sánchez Vázquez, de 51 años, se le olvidó pasear por las calles de Sevilla mirando al cielo. Eran las 19.45 y cruzaba la calle Laraña bajo la lluvia acompañado de su hijo, de 15 años de edad, cuando escucharon unos gritos seguidos de un crack y una rama de platanero de enormes dimensiones se les desplomó encima. “Esto se veía venir, mira que se ha dicho veces, cualquier día iba a pasar”, recuerda que comentaron algunos de los presentes.
La rama golpeó a Alfonso en en el hombro y en la espalda. Su hijo salió ileso del altercado por los pelos. “La cosa no fue peor porque los paraguas amortiguaron el golpe”, contó después. Las personas que presenciaron el incidente llamaron a la Policía Local, que se personó en el lugar de los hechos, tomaron nota de sus nombres y los de los testigos y levantaron el atestado correspondiente. Preguntaron a Alfonso si necesitaba una ambulancia. “Le dije que no, porque yo notaba cómo mi hijo estaba preocupado por mi estado de salud”.
La rama que cayó sobre Alfonso y su hijo el 29 de septiembre, en la calle Laraña.
El día 3 de octubre, Alfonso acudió a la Jefatura de la Policía Local y formuló la denuncia contra el Ayuntamiento de Sevilla indicando que hubo atestado y aportando los partes de lesiones, unas fotografías de lo ocurrido e hizo constar que creía que eso era debido a una falta de mantenimiento y poda reglamentarias del arbolado. También solicitó en el Registro de Entrada una copia del informe policial y del atestado. La Policía le informó de que, una vez formulada la denuncia, en unos 15 días recibiría un informe. A día de hoy, todavía no ha recibido respuesta y está esperando a que pase el plazo preceptivo del silencio administrativo para denunciar al Ayuntamiento por la vía civil y pedir daños y perjuicios.
Este incidente no ha sido el único que se ha producido en fechas recientes en la ciudad de Sevilla. Incluso se podría afirmar que viene siendo más frecuente de lo habitual. Tanto en la prensa local como en las redes sociales se han constatado desde el pasado agosto numerosos casos de caídas repentinas de ramas e incluso de árboles completos sin razón aparente.
Con la llegada del otoño y las primeras aguas los desprendimientos de ramas del arbolado de la ciudad se multiplicaron. El 4 de octubre cayó otra rama de uno de los árboles de Afán de Ribera, en la barriada del Cerro del Águila. Los vecinos comentaron que fue debido al mal estado del arbolado. El presidente de la asociación de vecinos, Tomás de Soto, manifestó entonces que algunas ramas de los paraísos “están podridas por dentro” y “poniendo en riesgo el tránsito de los ciudadanos por esta zona”.
El día 25, sendas ramas de platanero y tipuana se precipitaron sobre la vía pública en la calle Gonzalo de Bilbao y en la plaza Ponce de León respectivamente. También los vecinos y transeúntes de la calle Arcos fueron testigos de cómo la calzada fue acordonada tras desplomarse otra rama de una enorme tipuana sobre otro coche estacionado. Al día siguiente se pudo observar cómo las lluvias habían dejado diversas ramas de tipuana esparcidas por el suelo en el entorno de la estación de Plaza de Armas. Finalmente, el 4 de noviembre una gran rama de paraíso se desgajó sobre un parque infantil y varios vehículos estacionados en la esquina de las calles Celestino Tejero Jiménez y El Gomari, en el barrio nervionense de Ciudad Jardín.
Esta reiteración de casos en apenas un mes comenzó a sembrar en la redes sociales la sospecha de que algo extraño sucedía con el arbolado de Sevilla.
Los árboles de #Sevillahoy me recuerdan a los Gremlins, que cuando les caía agua se liaba parda…— Sevilla en Estampas (@Sevillanadas) noviembre 7, 2012
Este medio se interesó por conocer si existían más casos de caídas de ramas, sobre todo con víctimas mediantes, y por ello solicitó a través del Registro del Ayuntamiento (imagen JPEG, 9,2 MB) la estadística de atestados tramitados por la Policía Local por este tipo de sucesos. Sin embargo, más de tres semanas después de realizar la petición, lo único que ha obtenido por respuesta ha sido el silencio administrativo.
Un contrato de 48 millones de euros anunciado a bombo y platillo
El 3 de mayo de 2012, el Ayuntamiento de Sevilla anunció una de las mayores partidas presupuestarias de la legislatura (PDF, 180 KB): 48 millones de euros que el Gobierno de Zoido iba a dedicar al mantenimiento del arbolado del viario de la ciudad a través de un «macrocontrato» licitado en mayo y adjudicado a mediados de septiembre. Los pliegos de licitación dividen las zonas verdes de Sevilla en seis lotes distintos que serían adjudicados a diferentes empresas, mientras que algo menos del 20% del total de estas zonas —entre ellas algunos de los parques más reconocidos de la ciudad, como el Parque de María Luisa o los Jardines de Murillo- seguiría estando a cargo de Parques y Jardines.
Este macrocontrato de 48 millones de euros divide las zonas verdes subcontratadas en seis lotes diferentes, como se puede leer en la documentación de adjudicación (PDF, 34 KB). El primero, correspondiente a Casco Antiguo, Triana, Los Remedios y Macarena, fue adjudicado a la U.T.E. Valoriza Servicios Medioambientales —relacionada con Sacyr, la empresa propietaria de las Setas de la Encarnación— y Cointer Concesiones, S.L. —unida al Grupo Azvi—.
Por su parte, los lotes 5 y 6 definen parques y zonas forestales o extensivas de la ciudad. El primero de ellos, que cubre estas zonas en Triana, Bellavista-La Palmera, el Casco Antiguo, Norte y Macarena, quedó adjudicado a la U.T.E. Aljarafe Medio Ambiente —encargada del mantenimiento de las zonas ajardinadas de la Universidad de Sevilla— y Althenia, filial de la empresa de construcciones Sando. Finalmente, el lote 6 se adjudicó a nombre de la empresa personal de Juan Antonio López Reyes, sita en Guadalcacín (Cádiz).
La delicada situación de Parques y Jardines
Según Manuel Loza, secretario de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla, el presupuesto de Parques y Jardines “todos los años se va reduciendo, y este año más de un 20%”, lo que provoca que “gran parte de las zonas verdes de Sevilla ya las hacen las empresas privadas”.
En lo referente a la falta de personal, causa que esgrime el Ayuntamiento para la concesión del contrato de 48 millones de euros, Loza explica que en Parques y Jardines “ahora mismo tendría que haber una plantilla de alrededor 250 trabajadores”, y sin embargo “puede haber unas 50 vacantes en todas las categorías”. Esto está provocando “que no se hagan los trabajos que se deberían realizar” y con la calidad necesaria, porque “el proceso que llevamos los de Parques y Jardines es el que realmente se tiene que hacer: cuándo y cómo se tiene que hacer la poda para que no haya estos incidentes”.
La sede de Parques y Jardines, en el Pabellón de Marruecos de la Exposición Iberoamericana de 1929 | Foto: NonoFotos (CC BY-NC)
Miguel Ángel Sáinz, secretario del CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla, incide en este aspecto al recalcar que “se le está dando más prioridad a la privada”, puesto que, ante un aviso urgente, “van a llamar a la contrata, y si ésta no da abasto suficiente, entonces tiran de nosotros; antes era al revés”.
Las fuentes coinciden en apuntar a la tasa de reposición cero como la causa principal de esta escasez de empleados. Loza afirma que “no se están sustituyendo ni las bajas maternales, cosa que no le cuesta dinero al Ayuntamiento”. A su parecer, para hacer la poda “se podrían hacer contrataciones no sujetas a vacantes por períodos de tiempo” recurriendo a las propias bolsas de trabajo del Ayuntamiento, “porque es gente que se ha presentado a unas oposiciones y se ha quedado detrás del personal que entró fijo”.
Pedro (nombre ficticio), inspector del servicio de Parques y Jardines que prefiere mantener el anonimato, confirma que “en inspección tenemos una Citröen C15, un Fiat Punto del año de la pera de matrícula CU, que se ha pegado seis meses para pasar la ITV, y un Citröen Saxo que se acaba de averiar ahora mismo”, por lo que asegura que “Parques y Jardines es una selva”. “Hemos estado todo el año sin empresas, solamente actuando en las dos cuadrillas que que tenemos nosotros, que son cuadrillas de seis personas nada más, es decir, como el ejército de Pancho Villa”, continúa. “Cuando no hay un camión, falta una furgoneta; cuando no, la pluma se ha averiado; cuando no, resulta que hay gente que se da de baja por problemas y no hay tanta gente… Horroroso”.
Este inspector asegura con resignación que él va “todas las mañanas al trabajo pensando «a ver con qué me voy a encontrar ahora, a ver con qué problema me voy a encontrar hoy», y así no se puede funcionar”, de modo que sostiene que “si tú tienes un servicio de parques y jardines lo tienes que potenciar y le tienes que dar el personal y los medios que requiere Sevilla”.
La rama de paraíso caída sobre un parque infantil y varios coches en la esquina de las calles Celestino Tejeiro Jiménez y El Gomari, en Ciudad Jardín
Estas fuentes hablan de la mala organización del trabajo en Parques y Jardines como una de las causas de la externalización del servicio. Gonzalo lo explica con casos concretos: “la cuadrilla que se dedicaba a la poda del arbolado viario exterior ha estado retirando las ramas que tiraban otros servicios, ya sean públicos o privados”. En concreto, afirma que esto sucede cuando se realiza una llamada al 072, que interviene pero no retira el forraje, y después “la cuadrilla de poda, con vehículos y herramientas inadecuados, van a recoger la basura que el otro genera y a lo mejor lleva 15 días allí, en vez de estar podando propiamente”. La conclusión que extrae es contundente: “parece que lo que se pretende es que no se dé el servicio con las pocas personas que hay”.
Podas que no son tales
Sin embargo, a las 15.00 horas, una vez realizada la poda y con los restos desperdigados por la vía pública, las ramas seguían invadiendo la calzada y la acera, del mismo modo que sucedía con el resto de los árboles de esa calle y de las adyacentes, que presentaban unas copas muy cargadas. Los mismos vecinos constatan hoy, varias semanas más tarde, que la poda que se realizó fue “de pasada y para que las ramas no te dieran en la cara”, pero que “los árboles siguen cargados y las ramas en medio de la calle”.
Que las ramas se extiendan hacia abajo es un fenómeno que responde a una causa concreta que explica Agustín (nombre ficticio), empleado en una de las U.T.E. concesionarias del servicio que también prefiere guardar anonimato. “El problema es que al principio se hizo mucho desmoche a bastantes árboles”, aclara, “el árbol necesita de las hojas para sobrevivir y, en el momento en el que le pegas un buen pelado, empieza a tirar ramas por todos lados; son ramas que salen de emergencia para hacer la fotosíntesis y tienen menos resistencia”.
Poda de tipuanas en la calle San Jacinto, el domingo 28 de octubre. En la foto puede apreciarse el desmoche de los árboles.
Por su parte, Pedro asevera que “depende de qué tipo de poda contrates”, porque su coste varía en función de ello. “Una poda de mantenimiento es cortar la ramita que vaya para allá, las ramitas bajas y ya está; la empresa te dice que no tiene tiempo y no sólo eso, sino que no gana dinero con esa poda”.
La panacea de la empresa privada
Loza coincide con el planteamiento de Miguel Ángel Sáinz al afirmar que “la privada era antes para casos excepcionales, si no teníamos determinada maquinaria o un elevador para árboles muy altos; ahora es al revés, la excepcionalidad la hacemos nosotros y la empresa privada es la que cubre la normalidad”.
Según Gonzalo, las concesionarias no ejecutan los servicios tal como se contratan. “En determinados parques en los que debe haber cuatro personas de forma continua sólo hay uno, y cuando aparece una inspección, entonces hay cuatro; eso lo ha llegado a decir incluso algún miembro de las empresas privadas”, cuenta, al tiempo que habla también del caso de la plantación de árboles nuevos, para la que “se contrata el riego durante algún tiempo y ese riego desaparece y se produce la seca del árbol; a lo mejor sale más barato volver a plantar el árbol antes de que acabe el año que seguir regándolo”.
Poda en la esquina de la calle Béjar con la calle Arqueros, en Los Remedios. Los vecinos la solicitaron porque las ramas estorbaban el paso de viandantes y vehículos. Sin embargo, el resultado de la intervención aún ha dejado ramas invadiendo la calzada.
Paco, trabajador de una de las empresas concesionarias del servicio de poda que prefiere quedar en el anonimato, reconoce que “problema de mantenimiento hay, porque somos tan poca gente que no podemos podar toda la ciudad en la época de la poda”. Asimismo, asegura que “hay 128 puestos de trabajo que tenían que haberse cubierto y no se ha hecho, además de una zona más amplia que antes”.
Aunque las fuentes de Parques y Jardines aseguran que las empresas privadas cuentan con más y mejores medios para desempeñar sus tareas, Agustín los contradice al afirmar que “ahora mismo algunas están cortas de herramientas”. Sí que reconoce que “ya se ha empezado a comprar material nuevo en algunas” y que en otras “están en proyecto de hacerlo”. No obstante, Paco asegura que en su empresa acusan mucha falta de medios y que, por ejemplo, en cuestión de vestuario “sólo nos han dado un pantalón y un polo”.
Al inicio del contrato y con revisión anual se realizará sobre el inventario realizado un programa teórico de cada una de las labores o actuaciones anuales (PLANIFICACIÓN ANUAL).
Dependiendo del tipo de labor y tras los datos recogidos deberán facilitarse una serie de documentos del trabajo realizado y las desviaciones que se han producido del programa inicial en soporte informático. Estos informes serán la base, junto con las inspecciones visuales realizadas periódicamente, del control del servicio.
Art. 5, sobre las Inspecciones y Control del Servicio; Pliego de Prescripciones Técnicas, pág 109.
La dirección e inspección técnica de los trabajos descritos en este pliego de condiciones se ejercerá directamente por el servicio técnico de Parques y Jardines de acuerdo con las competencias establecidas por el mismo. Cada lote tendrá un director facultativo que será el responsable del cumplimiento del pliego y la oferta.
Asimismo, el Ayuntamiento designará un Director de Contrato, que podrá serlo de uno o varios lotes al mismo tiempo, y velará por el cumplimiento de los diferentes contratos.
Art. 11, sobre Responsabilidad Técnica y Control del Servicio de Conservación, apartado 1 (11.1); Pliego de Prescripciones Técnicas, pág 132.
Pedro, el inspector de Parques y Jardines, asegura que en la empresa hay cinco inspectores, a los que “el técnico tiene entretenidos en ver llamadas que han hecho los vecinos desde primeros de año, que a lo mejor él no se ha podido encargar de mandar empresas concesionarias porque no las hemos tenido hasta ahora”.
Paco, de una de estas empresas, incide en que “no se lleva a cabo ni la supervisión del trabajo ni que vengan a ver cuántas personas hay en la zona; todo eso no está supervisado”. Sin embargo, Agustín afirma que “depende del técnico: hay unos que están más encima, incluso demasiado encima, como es su obligación”, aunque mantiene que “hay zonas en las que tienen que pasar la mano”. Es algo en lo que coincide Paco, quien asegura que conoce “técnicos que sí se se preocupan y otros que no aparecen durante la época” de poda.
La rama del paraíso de Ciudad Jardín mostraba la pudrición interna que sufría el árbol, un síntoma habitual en parte de la arboleda de la ciudad, especialmente en los plataneros, una especie muy propensa a pudrirse, sobre todo si no se la trata adecuadamente.
Relata una anécdota que deja entrever la preferencia hacia las concesionarias por parte de la dirección de Parques y Jardines. “Había un jefe de servicio que decía que la empresa privada no le daba problemas: «Yo llevo aquí 24 horas del día, durante 31 días del mes, durante un año, y la privada no me da problemas; y, además, invitan»”, cuenta Pedro. “En Parques y Jardines hay un dicho, que el que juega con miel se chupa los dedos, y los técnicos juegan mucho con eso, con los dineros”, concluye.
Según las mismas fuentes, la picaresca alcanza también al recuento de personal e, incluso, a la propia realización de los trabajos. Así lo manifiesta Agustín, al asegurar que “yo he cortado cubas de leña y me han dicho: «no, esto es para Fulano de Parques y Jardines»”, algo por lo que “luego se hacen favorcitos aparte”. El mismo Fulano sobre el que un compañero le comentó que “iba a pasear a caballo a la finca” del dueño de una de las empresas concesionarias. De la misma manera, asevera que han llegado a “ir a hacerle el seto a uno de Parques y Jardines” y que han sido testigos de cómo “gente del Ayuntamiento llegó con la plataforma a coger dátiles para alguien de allí”.
Una rama caída en el acerado frente a la estación de Plaza de Armas, en la mañana del viernes 26 de octubre.
“De hecho”, corrobora Agustín, “a mí me han picado estando yo de horas sindicales o un día de baja”, ante lo que pregunta de inmediato: “¿Sabes por qué? Porque el Ayuntamiento paga por horas de trabajo a la empresa, según las categorías una cantidad”. También hace hincapié en que “nosotros hemos ido a trabajar 15 ó 20 personas a un sector en que tenía que haber 50”, algo que “se nota después en el servicio”. Además, afirma que en los días de inspección siempre se avisaba a los trabajadores. En su anterior empresa “era «cámbiate de camisa y vete a tal lado» para que el técnico te viera, pero es tontería, porque los técnicos lo sabían y a los compañeros se lo dijeron: «¿Éste tiene trillizos aquí o qué?»”.
Con el fin de contrastar la información, esta redacción acudió en reiteradas ocasiones a la sede de Parques y Jardines, en el Pabellón de Marruecos de la Avenida de Molini, con la intención de que el jefe de servicio, Francisco de Amores, o alguno de los técnicos de la casa responsables de la supervisión de los trabajos de las concesionarias confirmaran o desmintieran la información. En todas ellas se negaron a hablar al respecto argumentando que respondería el gabinete de comunicación municipal, en el Edificio Laredo de la calle Granada.
El servicio municipal afirma que “los inspectores no están relegados de sus funciones”, y pone especial énfasis en que “la dirección y el control de las tareas de las empresas concesionarias se llevan a cabo por técnicos con suficiente capacitación laboral, y así se hace”. Al igual que en la solicitud previa por correo electrónico, se requirieron documentos que sustentasen tal afirmación, como copias de los expedientes de la supervisión de los trabajos de las empresas concesionarias por parte de los técnicos de Parques y Jardines, ante lo que la periodista del gabinete de Laredo contestó que ya estaban dando la respuesta oficial de la empresa.
Alfonso Sánchez justo tras caerle encima una rama en la calle Laraña.
La empresa también afirma que la externalización de servicios “no es algo nuevo, en años anteriores ya se habían externalizado”. “La única diferencia” entre este Gobierno y el anterior es que “ahora se ha hecho un macrocontrato que aúna todos las labores mientras que antes se hacían contratos por partes”.
La sombra de la privatización
Sin embargo, la realidad entre los trabajadores de la empresa municipal es bien distinta. No sólo no creen que vaya a arreglarse el oscuro panorama actual, sino que, como dice Gonzalo, tienen “no el miedo, la certeza” de que va camino de la privatización. A su juicio, la viabilidad del servicio de Parques y Jardines “ni siquiera se ha planteado”. “«Es que no hay medios». Claro que no hay medios, no los ponen”, critica con resignación, “y ahora cuando dicen: «Es que los empleados públicos…»; es que los empleados públicos los gestiona, organiza y manda alguien; la cuestión es que no hay ganas de querer que la cosa funcione”.
