sevilla report | Sevilla no es una metrópolis habitual, acaso ni siquiera una gran ciudad. Es más bien un pueblo grande, como dicen los mismos sevillanos, y esto tiene sus defectos, y también sus ventajas. A falta de un barrio chino, uno de esos elementos comunes que hacen de las grandes urbes entes más o menos homogéneos, la ciudad tiene en el barrio de Sevilla Este su propio Lejano Oriente. Por eso uno no debe extrañarse de que en una de las entradas al mayor de los sectores hispalenses esté la calle Marathon, como símbolo macabro de la caminata que debe emprender quien quiera visitar esta zona de la ciudad, o de que en esa misma vía se encuentre una unidad de estancia diurna para mayores cuyo nombre, Alcira, hace referencia de forma inmediata e inevitable a otro oriente: el Levante español.
Es media mañana y en la puerta trasera, resguardados del sol que ya escuece en la piel bajo unos soportales, hay dos hombres hablando por teléfono, cada uno en su móvil de espaldas al otro, cual dúo despechado a lo Pimpinela. Son el director de la unidad, Rafael Cueto, y su mano derecha, José Carlos Marqués, director de Macaghe, una empresa externa que proporciona los servicios de distintos tipos de profesionales: psicólogos, trabajadores sociales y fisioterapeutas.
La Unidad de Estancia Diurna (U.E.D.) Alcira, como muchos centros de este tipo, está sufriendo las consecuencias del impago de varios meses por parte de la Junta de Andalucía, con quien tiene concertada la prestación del servicio de atención a mayores. A pesar de que en los últimos días «recibimos un pago», cuenta Rafael, «ahora mismo nos deben tres meses», la misma cantidad que la administración adeuda a otras unidades de ASUED, la asociación a la que pertenece.
Alcira tiene disponibles plazas para 38 usuarios. Sin embargo, desde que la unidad abrió sus puertas en 2008, «realmente nunca hemos conseguido pasar de 14», admite Rafael, al tiempo que asegura que «la situación está bastante difícil» con ese número de ancianos, pues no todos están concertados y, además, «tenemos gente que hemos cogido como si tuviéramos la plaza concertada, sin tenerla, estamos cobrándoles el copago, la parte proporcional de su pensión, como si fuera con plaza concertada», por lo que «encima de que son pocos, la ganancia es mínima».
Desbordado por las deudas, acosado por los préstamos y agobiado por el hecho de que el dueño del local ya lo ha llevado ante los juzgados por no abonar el alquiler -una nueva denuncia supondrá una orden de desahucio inmediata-, Rafael lamenta que todos estos problemas están «causados por los impagos de la Junta de Andalucía». Sentado en una de las mesas de su unidad, con ojeras bajo una mirada que delata un tremendo hastío, confiesa que «nos está costando mucho esfuerzo y ya estamos pensando en echar el cerrojazo y atrincherarnos en la vivienda para que no nos la quiten».
Tanto Rafael como su socia, Ana Caballero, invirtieron más de 300.000 euros para poner en marcha la unidad. Cuatro años más tarde, con ésta abocada a la quiebra por los impagos de la administración, están no sólo a punto de perder el negocio al que han dedicado tantísimo tiempo, dinero, esfuerzo e ilusión, sino lo que establecieron como aval ante el banco a fin de que éste les concediera un préstamo: «casas familiares, de mis padres y de los suyos». Entre todas las angustias que lo atenazan está la de que «si mi padre ha apostado por mí, yo no puedo perder la vivienda de mis padres, pero tampoco puedo perder la vivienda de los padres de mi socia». Al final, también Rafael recita esa horrible sentencia que, en pocas palabras, refleja la realidad oculta de esta crisis: «es que se quedan familias en la calle».
