La rimbombancia de Zoido

A Juan Ignacio Zoido le apremia el reloj. No ése suizo como el que dijo que iba a funcionar Sevilla, cosa que nunca ocurrió, sino el que lleva en la muñeca y le marca los escasos veinte días que le quedan antes de las elecciones municipales. Dos semanas largas en las que el alcalde tendrá que pasearse por los barrios de nuevo con un traje de candidato-loseta que a estas alturas aún no se ha enfundado.

A Zoido se le ve nervioso últimamente. Estos cuatro largos años al frente de la Corporación no le han reportado frutos suficientes que poder presentar ante los sevillanos. Ni siquiera disponiendo del rodillo de una mayoría absolutísima de veinte concejales, la mayor de la historia de la ciudad, ha sido capaz de sacar adelante proyectos con los que maquillar una gestión parca.

Zoido inaugura una pista de petanca en el Parque Amate
Zoido inaugura una pista de petanca en el Parque Amate

A falta de nada, el regidor enarbola como su mayor éxito el saneamiento de las cuentas, una obra magna pero de difícil venta electoral. El resto, al parecer, lo confía a la propaganda partidista disfrazada de publicidad institucional y pagada, cómo no, con dinero público. La Junta Electoral de Zona ya le ha obligado a retirar tres campañas, tres. Ante el último varapalo de este órgano, Curro Pérez, el portavoz del PP, ha respondido que «es época de hacer balance de todo» y que «no voy a parar de trabajar por las elecciones». Es comprensible. No cabe duda de que buscar motivos para sacar pecho ante el electorado debe de ser una tarea hercúlea para el primer edil y su equipo, sobre todo cuando se recurre a artimañas ilegales.

En su carrera por encontrar un logro que enarbolar como estandarte antes de la escabechina que las encuestas le auguran para el 24 de mayo, Zoido ha sacado a pasear su rimbombancia con una de esas promesas a los que tanto bombo da él mismo como la prensa afín: plantar 8.000 árboles. Algo que recuerda a la incumplida promesa de 1.000 VPO anuales. En su programa para 2011, el regidor ya se comprometió a llevar a cabo una «plantación masiva de árboles» y a que cada alcorque estuviera ocupado por un ejemplar, en lugar de tapiado.

Dos objetivos cuyo cumplimiento ha quedado bastante lejos. Sobre todo si tenemos en cuenta un nimio detalle: los centenares de árboles que el Gobierno municipal ha talado, algunos sin justificación, como los plátanos de Almirante Lobo. Ha sido muy conveniente que a la prensa hispalense se le haya olvidado hacer la correspondiente resta para ver cuántos de los nuevos ejemplares irán destinados a suplantar a los desaparecidos.

Podas salvajes

Es de suponer que los cronistas andaban ocupados tomando nota de las más de 180.000 podas que, según Zoido, se han efectuado en estos cuatro años por obra y gracia del sacrosanto macrocontrato de zonas verdes. La cifra ha sido reproducida como si per se tuviera algún significado o fuera reflejo de algo. Al contrario: la realidad oculta tras la grandilocuencia de ese dato es una ciudad privada de sombra y llena de árboles muertos por culpa de podas indiscriminadas que, según los jardineros municipales, permiten los técnicos de Parques y Jardines.

Los trabajadores de este departamento municipal, epicentro de un Caso Madeja que ha manchado hasta al propio PP de Zoido —muy esmerado siempre por mostrarse inmaculado—, llevan años denunciado la connivencia de sus jefes y algunos mandos intermedios con las malas prácticas de las empresas concesionarias del servicio, a cambio de presuntas dádivas.

El caso más notable y conocido es el de Fitonovo y sus empresas pantalla, Conversa y Bremacons. Tres empresas implicadas —siempre presuntamente— en uno de las mayores tramas de corrupción de la ciudad, con dádivas —también presuntas— de todo tipo a cambio de contratos, han sido —y siguen siendo, en el caso de las dos filiales— responsables de las innumerables podas. No es algo que induzca a la confianza. Todo se torna más negro si se tiene en cuenta que tales podas salvajes le han costado a la ciudad más de 48 millones de euros, y que ello, además, ha supuesto que el dinero dedicado a privatizar Parques y Jardines haya aumentado nada menos que un 138% desde 2011.

No tanta austeridad

En los últimos años es más que palpable el enfado de la ciudadanía con unos representantes políticos más preocupados por mantener sus privilegios que por gobernar para la gente. Una cuestión que estos días, con la votación de investidura en el Parlamento de Andalucía y el acuerdo entre Susana Díaz y Ciudadanos, está más presente que nunca. Zoido, que no pierde una oportunidad para sacar provecho mediático a su mayor logro, el de sanear las cuentas, aprovechó la coyuntura y se colgó el pasado domingo la medalla de haber puesto fin a los «privilegios» de los políticos en el Ayuntamiento de Sevilla.

El primer edil sostuvo que «me los cargué todos» cuando accedió a la alcaldía gracias a iniciativas como bajar el sueldo de los concejales —él entre ellos—, eliminar las dietas en empresas públicas o reducir el número de vehículos oficiales. Sin embargo, otras medidas que ha señalado, como la de la bajada de impuestos, no se ajustan tanto a la realidad. Empezando por que ésta poco tiene que ver con los privilegios. Es cierto que Zoido bajó los impuestos en 2013, pero después de haber ordenado una notable subida de numerosas tasas municipales y tarifas públicas —IMD, Tussam— el año anterior.

Tampoco puede tomarse como verdad absoluta que haya reducido los cargos de libre designación. Es complicado conocer el número y el sueldo reales de estas personas, sobre todo teniendo en cuenta el afán de transparencia de este Gobierno. Valga como muestra el botón de los presupuestos municipales de 2015, presentados en la web como un PDF escaneado. Una foto, a efectos prácticos. Un documento totalmente inútil si uno quiere extraer los datos que contiene y trabajar con ellos.

Las partidas presupuestarias dedicadas a los sueldos del personal del Ayuntamiento dejan en evidencia el esfuerzo de Zoido por promover la tan cacareada austeridad. En 2011, último presupuesto aprobado por la coalición de PSOE e IU, los cargos directivos de los distintos departamentos —sin incluir las empresas municipales— cobraron algo más de 983.000 euros. Bajo el Gobierno del PP esta cifra ha crecido cada año hasta alcanzar 1,43 millones en 2015, lo que supone un incremento del 45,31%.

La cara azul del Caso Madeja

Joaquín Guillermo Peña Blanco y Carlos Alfonso Lozano Pastrana son viejos amigos. La política forjó una relación que se remonta al año 1990, cuando ambos formaban parte de la Junta Municipal del Distrito Sur de Sevilla en representación del Partido Popular. En junio de 2011 Juan Ignacio Zoido se hizo cargo del Gobierno hispalense y nombró a Peña director del Área de Medio Ambiente, de la que depende el servicio de Parques y Jardines. Por entonces, su amigo Lozano llevaba ya un año trabajando como comercial en la empresa de jardinería Albaba SL, a las órdenes directas de su dueño, Juan Antonio Salas Romero de la Osa.

Más de dos décadas después del inicio de su amistad los dos figuran en la relación de imputados de las diligencias del Caso Madeja, en el que la jueza Mercedes Alaya investiga presuntos tratos de favor de políticos y funcionarios sevillanos a diversas empresas en las adjudicaciones de contratos a cambio de mordidas. A Peña le achacan los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, malversaciones de caudales públicos y tráfico de influencias y a Lozano del último de ellos más alteración de precios en concurso público.

Extracto de la información publicada en sevilla report el 14 de enero de 2015. Pincha aquí para leer el resto.

La consejería de Granados adjudicó más de 600.000 euros a Cofely, la principal empresa de la Púnica

La sombra de la Operación Púnica, la trama de corrupción presuntamente encabezada por el exconsejero madrileño Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, va más allá de las instituciones públicas salpicadas hasta el momento. La presencia de Cofely España —principal beneficiada de la red— y sus filiales Cofely Contracting, Crespo y Blasco S.A. y Europea de Mantenimiento y Gestión se extiende a lo largo del territorio español gracias a numerosas contrataciones que en los últimos siete años les granjearon más de 135 millones de euros en adjudicaciones.

El nexo común entre estas sociedades —hoy propiedad del grupo energético francés GDF Suez— es Gaspar Crespo García, que ejercía cargos de alta dirección en ellas antes de ser vicepresidente y consejero delegado de la energética francesa en España.

La pista del dinero público lleva directamente a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, el ramo de más importancia autonómica detrás de la propia presidencia. En marzo de 2010, con Granados al frente, este departamento concedió a Crespo y Blasco 634.000 euros por equipar el auditorio municipal de Chapinería. Un año antes, el Servicio Regional de Bienestar Social de Madrid otorgó a esta empresa el contrato de “reforma, reparación y conservación en residencias de mayores, centros de discapacitados, centros de mayores y el resto de inmuebles adscritos al servicio”, por 912.000 euros.

Extracto de la información exclusiva de sevilla report en eldiario.es el martes 11 de noviembre de 2013. Pincha aquí para leer la información completa.

Zoido se mete en un jardín

El servicio de Parques y Jardines apenas recibe inversión y acumula ya 64 plazas sin cubrir mientras el Gobierno aumenta un 145% el presupuesto para privatizar las zonas verdes. Sin embargo, la gestión de las concesionarias siembra dudas sobre el control municipal del macrocontrato, sobre el que ya pesa la sombra de Fitonovo y el Caso Madeja.

J. Rodríguez / G. Verdugo | “Zoido vio un día un Central Park, casi lo tocó con sus manos, y se cayó del caballo al día siguiente de tomar posesión, como Saulo”. Con esta frase, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, puso sobre la mesa en el Pleno ordinario celebrado el pasado viernes el incumplimiento de las promesas que, en materia de zonas verdes, realizó el alcalde Juan Ignacio Zoido en la campaña electoral para las elecciones de mayo 2011.

El Grupo Socialista presentó una propuesta para establecer un mayor control sobre el cumplimiento del macrocontrato de 48 millones por el que diez empresas privadas gestionan el mantenimiento y la poda de casi el 90% de las zonas verdes de la ciudad. Además, planteó una mayor inversión en el servicio municipal de Parques y Jardines y un análisis de la gestión del área, delegada en el concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez.

El portavoz del PSOE también hizo hincapié en la necesidad de cubrir las 64 plazas vacantes en Parques y Jardines —una situación provocada por la tasa de reposición cero—, así como de acometer inversiones en las zonas gestionadas con medios propios, con el fin de mantener con garantías el creciente número de hectáreas y de evitar la degradación que están sufriendo algunos espacios emblemáticos de la ciudad.

Pradera seca en el Parque Amate de Sevilla
Muchas praderas del Parque Amate están secas o sin vegetación alguna

Amate, el parque cenicienta

En 1984, justo hace treinta años, el Ayuntamiento decidió convertir una sombría escombrera ubicada entre Juan XXIII, Amate, Tres Barrios y Santa Aurelia en un parque de 34 hectáreas que los vecinos habían demandado durante años.

Hoy, el Parque Amate constituye el principal patrimonio de aquellas barriadas. A primera hora de la mañana, decenas de ancianos, madres, atletas y perros ya se adueñan de sus caminos pedregosos, duros como la roca. “No han visto albero en los últimos veinte años”, apenas “un matapolvos para callar al público”, explican los trabajadores de Parques y Jardines que lo gestionan.

Los efectos de la falta de personal en el servicio se dejan notar de manera especial en este parque. Los doce operarios destinados allí constituyen una dotación claramente insuficiente para cubrir las 34 hectáreas del recinto. “Según los estatutos europeos de jardinería, la ecuación lógica sería un trabajador por hectárea, y ya va cargado”, aseveran.

Papelera prohibida en el Parque Amate de Sevilla
Una de las papeleras prohibidas que pueden encontrarse en el Parque Amate o el de Los Príncipes

Hace casi tres años Parques y Jardines retomó el Parque de Los Príncipes de manos de una concesionaria privada, lo que ha supuesto un efecto dominó de bajas. “Como no está entrando personal, de cada sitio se han quitado dos o tres para poder tener ocho o diez compañeros allí”, afirman los trabajadores. A ello hay que sumar las jubilaciones. En Amate se han producido dos hace poco, algo que no es extraño si se tiene en cuenta que “la media de edad en el parque es de 60 años”.

Aunque los trabajadores de Parques y Jardines han denunciado durante meses el precario estado de sus instrumentos, en Amate aseguran que por fin “estamos bien de materiales” después de “una fuerte inversión en maquinaria”. Según los empleados, la jefatura del servicio sostiene que “hay un dinero para maquinaria que se va a emplear el año que viene”. Pero “ésa es la zanahoria que te ponen”.

Es el caso de la inversión de 300.000 euros para el riego automático que el pasado viernes prometió por tercera vez el delegado Vílchez. “El año que viene es mágico”, asegura con ironía un operario. “Lo de esa dotación presupuestaria lo dijo Antonio Rodríguez, que era jefe de servicio con Monteseirín, y aquí estamos”. Mientras el Gobierno municipal se decide a implantar la nueva instalación, los jardineros deben trasladar a pulso “cañones con mangas de 25 metros cargadas de agua” y las praderas de césped acaban agostadas.

La Asociación de Amigos del Parque Amate lleva a cabo numerosas protestas para denunciar el estado del recinto
La Asociación de Amigos del Parque Amate lleva a cabo numerosas protestas para denunciar el estado del recinto

Fuentes internas aseguran que el Parque Amate es “el gran olvidado de Parques y Jardines, la cenicienta”. La inversión prometida ya desde tiempos del PSOE, pero nunca ejecutada, deja una estela de aspectos mejorables, como bancos de madera, “papeleras que están prohibidas en toda Europa” o la necesidad de bordillos en los caminos para evitar que el albero mojado enfangue las praderas.

La dejadez a la que el Ayuntamiento somete al parque tiene como consecuencia el peor de los males: “la falta de comprensión del público”. El colmo para los operarios es que los usuarios, que están “muy indignados”, no pagan sus iras con los altos cargos del servicio o la administración sino con ellos, que mantienen el recinto con su esfuerzo diario. “Yo no sabía que se podían cagar en los muertos de una persona por venir a trabajar aquí”, asegura un trabajador. “Nos hacen auténticas perrerías, ya hemos tenido juicios y todo”.

Fuente destrozada en el Parque Amate de Sevilla
La hierba y la basura cubren el fondo de esta fuente medio derrumbada de la que en otro tiempo brotó incontenible el agua

El ánimo de los ciudadanos que disfrutan del Parque de los Príncipes, en Los Remedios, es opuesto al de los vecinos de Amate. El servicio de Parques y Jardines lo recuperó en 2011 tras quince años en manos de la empresa privada porque, cuentan los trabajadores, “ya eran insoportables las quejas del público de lo mal que estaba”. Hoy, los empleados destinados allí señalan la satisfacción de los visitantes con el recinto.

Cuando llegaron, el estado era “muy deficiente”. Los trabajadores municipales aseguran que “esto lo hemos tenido que levantar nosotros, el riego estaba casi todo perdido, no se sabía dónde estaban los aspersores; aquí estaban muy mermados de todo”. Aun así, reconocen que “hoy está rey comparado con cómo estaba”.

La mejoría se debe, en especial, a que ahora los jardineros son el doble que con la empresa privada. También explican que “tenemos coches en mejores condiciones y mejor maquinaria”. Sin embargo, persisten los problemas de que “las instalaciones son muy antiguas y precarias” y, sobre todo, el de que “hay menos gente” porque “la bolsa no anda y el personal se va jubilando”.

Galería en el Parque de María Luisa de Sevilla
Galería en el Parque de María Luisa de Sevilla

El Parque Central olvidado

En Parques y Jardines, como en la propia ciudad, todo gira en torno al Parque de María Luisa, el buque insignia de los parques de Sevilla y uno de los iconos de la urbe. El monumento verde de la Exposición Iberoamericana fue el protagonista de una de las promesas electorales más pomposas de Zoido: la creación de un Parque Central que incluyera los de María Luisa y Las Delicias, la Plaza de España y el entorno del 29, los jardines de Murillo y el Cristina y, por último, la peatonalizada calle San Fernando.

El regidor aseguró que lo inauguraría este mismo año pero, como en el caso de otros muchos compromisos, no se ha vuelto a saber nada. Fuentes internas de Parques y Jardines afirman que “el próximo movimiento es que el año que viene se gasten en el parque todo el dinero que están diciendo”, mientras que “el siguiente es que se lo den a una empresa privada”.

Un vehículo de Parques y Jardines de Sevilla que sobrepasa la edad estipulada para la flota del servicio
Hace muchos años que algunos vehículos de Parques y Jardines dejaron de ser nuevos

La plantilla municipal ha expresado en los últimos meses sus temores a que las concesionarias se hagan con la joya de la corona verde de Sevilla. Este medio informó en abril de la aprobación de un contrato menor por importe de 21.659 euros para la realización de trabajos concretos en los jardines históricos y parques mantenidos personal municipal.

Curiosamente, la jefatura del servicio justificó el nuevo contrato con la falta de “personal especialmente cualificado” que sufren los jardines mantenidos con medios propios. También hizo alusión al “parque de maquinaria muy limitado” con que cuentan los jardineros, que llevan meses denunciando que el Ayuntamiento no invierte en arreglar averías que, en bastantes ocasiones, “apenas suponen un par de euros”, según los empleados.

Mientras el servicio sigue recepcionando zonas verdes —este año se recepcionarán los 26.200 metros cuadrados del entorno del Pabellón de la Madrina, junto al Casino de la Exposición—, el número de jardineros continúa menguando.

Raíces de un ficus en el Parque de los Príncipes de Sevilla

La autopista de la privatización

La gestión de Juan Ignacio Zoido en Parques y Jardines tiene una seña de identidad clara: la privatización. Tal como explicó el delegado Vílchez el pasado viernes en el Pleno, el Ayuntamiento tiene recepcionadas más del doble de hectáreas (879,5 frente a 473) que antes de tomar posesión el actual Gobierno.

Sin embargo, la balanza se inclina sin paliativos hacia el lado de las empresas privadas. Si antes éstas mantenían 393 hectáreas (el 83%), ahora cuentan con 782 (el 89%). Por su parte, el servicio municipal aumenta su extensión de 80 a 97,5 hectáreas, pero el porcentaje respecto del total desciende del 20 al 11%.

Ante las críticas de la oposición por las 64 plazas vacantes que no se reponen en Parques y Jardines, Vílchez se escudó en la tasa de reposición cero, “una norma que nos impide contratar”. Sin embargo, la solución del Gobierno de Zoido al “problema endémico” de la falta de inversión en el servicio municipal es continuar y apuntalar la senda privatizadora que ya abrió Alfredo Sánchez Monteseirín. En 2012 se aprobó la concesión de un “macrocontrato” dividido en seis lotes que cuenta con un presupuesto de 48 millones para cuatro años más dos de prórroga. De esta manera, la partida para contratos con empresas privadas ha aumentado un 145% desde 2011.

Los empleados y sindicatos municipales sostienen que “el presupuesto para medios propios ha ido bajando mientras que ha subido, pero con demasía, la apuesta por la empresa privada”. Según ellos, con la dotación presupuestaria destinada a las concesionarias “el servicio público gestionaría de manera más eficiente las zonas verdes durante más tiempo, e incluso se podrían recepcionar más”.

Trabajos sin control

El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente no dejó lugar a que se pusiera en duda el control del Ayuntamiento sobre los trabajos incluidos en el macrocontrato. De hecho, Zoido incluyó en su programa electoral la aspiración de “mantener una labor estricta de vigilancia en el cumplimiento de los contratos de mantenimiento de los parques. Tres años de gobierno después, existen no pocos indicios de que el seguimiento de los trabajos de las empresas privadas no se está realizando de manera adecuada.

El delegado Vílchez, a preguntas de Espadas, remitió a la inspección conjunta del servicio de Parques y Jardines y los distritos. “Cuando se advierten fallos se levantan amonestaciones”, aseguró. Sin embargo, sevilla report ya informó en noviembre de 2012 de la existencia de negligencias sistemáticas tanto en la realización de los trabajos como en la comprobación de éstos por parte de los técnicos municipales.

Altas fuentes de Parques y Jardines afirmaron entonces que “las empresas privadas hacen lo que les sale de la polla con los técnicos” encargados de la supervisión, porque “cuando llegan las navidades no les faltan los regalitos; llegan las fiestas, los regalitos; llegan los cursos que hay que hacer y viajar al quinto pino, te lo paga la empresa”.

Pabellón Marroquí, sede del servicio de Parques y Jardines de Sevilla
La sombra de la corrupción se cierne desde hace un año sobre el Pabellón Marroquí del 29, la sede de Parques y Jardines

Como consecuencia de la falta de control, se producen trabajos claramente deficitarios. En el caso de la poda, operarios tanto del servicio municipal como de las contratas aseguran que “lo que se hace es un desmoche”, una “poda de pasada”. Algo contraindicado, ya que en ese caso, insisten, “el árbol nunca vuelve a recuperar su forma y tiene mucha pudrición porque no cicatriza bien”.

Estas podas, unidas a la falta de mantenimiento y de prevención de enfermedades, desembocan en talas masivas de árboles. El pasado 19 de junio, el Ayuntamiento anunció que cortará un centenar de olmos junto al Real de la Feria, una zona gestionada por Valoriza y Cointer Concesiones, filiales de Sacyr y Azvi, respectivamente. El Consistorio ha explicado que los árboles están enfermos, algo que evidencia una falta de mantenimiento.

Otro caso reciente fue el de las palmeras de la Plaza del Duque, que debieron ser taladas en marzo tras haberlas carcomidas el picudo rojo. La lucha contra esta especie invasora está incluida en el macrocontrato, pero la muerte de estos ejemplares arroja dudas sobre el tratamiento preventivo aplicado por Valoriza y Cointer.

Juan El alcalde Zoido y el delegado Vílchez no han dado explicaciones acerca del incumplimiento de los contratos por parte de las concesionarias de Parques y Jardines

Aparte queda el Caso Madeja, que implica a Fitonovo, otra de las concesionarias, y a cargos públicos de Parques y Jardines y Medio Ambiente. Las dádivas que los administradores supuestamente concedían a los funcionarios a cambio de cuantiosos contratos públicos —la red societaria compuesta por Fitonovo, Conversa y Bremacons ha recibido más de 35 millones en la época de Zoido— ponen en cuestión la limpieza del contrato. Sobre todo si se tiene en cuenta el testimonio de sus trabajadores, que aseguran contar con menos medios y personal del establecido en los pliegos, además de cobrar menos de lo estipulado por el Ayuntamiento.

El Gobierno municipal rechazó la propuesta del PSOE en el pleno del viernes, alegando que “los ciudadanos están hartos de comisiones de control que no funcionan para nada”, en palabras de Vílchez. Sucede lo mismo con la comisión de investigación del Caso Madeja puesta en marcha por el alcalde en diciembre, y de la que nunca más se supo.

Vílchez confirma que técnicos detenidos participaron en la adjudicación del macrocontrato de Parques y Jardines

J. Cerero / J. Rodríguez / G. Verdugo | El concejal Delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Maximiliano Vílchez, ha reconocido hoy en rueda de prensa que algunos de los técnicos municipales imputados o detenidos como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo ayer en el marco de la Operación Madeja participaron en las valoraciones para las adjudicaciones del macrocontrato de mantenimiento de zonas verdes y arbolado de la ciudad.

En dicha adjudicación, por valor de 48 millones de euros, la empresa Fitonovo obtuvo la concesión de uno de los seis lotes licitados, por valor de 10,5 millones de euros. Además, la empresa Conversa, administrada por la hija de Rafael González Palomo, dueño de Fitonovo e imputado en el caso, obtuvo el lote 2, dotado con 10,8 millones. El lote 4, valorado en 7,8 millones, se otorgó a Bremacons Servicios Ambientales, una sociedad propiedad de un ex apoderado de la empresa de Palomo que también formaría parte de esta red. En total, 29 de los 48 millones del contrato.

En la rueda de prensa posterior al acto de entrega de tres certificaciones de calidad en la gestión otorgadas por Aenor a Lipasam, Maximiliano Vízchez confirmó a preguntas de este medio que “varios de los detenidos intervenían en la valoración”. No obstante,  recalcó que “el pliego se hizo precisamente con objeto de que intervinieran  un mayor número de técnicos con objeto de difuminar posibles acuerdos previos que pudieran llevar a una licitación inapropiada”. Dicha intervención es lo que ha llevado, en palabras del delegado, a que “estamos revisando todo”.

Preguntado por el hecho de que Fitonovo haya seguido obteniendo contratos de la corporación municipal incluso después de haber salido a la luz pública el escándalo, el delegado de Medio Ambiente arguyó que, al no tener causa legal que la inhabilite, “si Fitonovo participa y cumple los requisitos y resulta adjudicatario, nosotros no tenemos más remedio que adjudicar; si no, incurriríamos en prevaricación”. Pero puntualizó que “si alguien falla en esas valoraciones, eso es algo que ahora la justicia es lo que estará dilucidando”, porque “que yo sepa hasta ahora nadie sospechaba que se estuviera produciendo algo de eso, porque en el momento en que lo hemos conocido hemos actuado rápidamente”.

Vilchez afirmó que tuvo conocimiento de la información publicada por este medio acerca de que Fitonovo estaba pagando a sus empleados usando un convenio inferior al exigido en los pliegos de condiciones. “Yo le pasé esa información al director general, Joaquín Peña, para que recabara de la empresa documentación —declaró— y la información que a mí me transmite la Dirección de Parques y Jardines es que el contrato tiene unas retribuciones que son superiores al convenio provincial y por tanto no podemos hacer nada”. No obstante, dijo haber dado órdenes al director general de trasladar dicha información a la Inspección de Trabajo “por si ellos consideran oportuno hacer algún tipo de investigación que la hagan. Y ahí ya no sabemos lo que hayan podido hacer”.

El alcalde incidió en las mismas ideas que el delegado, remarcando una vez más que ha ordenado “abrir una investigación interna” y que “se le facilitará inmediatamente a la autoridad judicial” todos los contratos entre su gabinete y Fitonovo. Juan Ignacio Zoido afirmó haber dado instrucciones para tener “un riguroso control, no sólo sobre ese contrato, sino sobre todos, porque debe quedar la absoluta tranquilidad de que se están haciendo las cosas como se debe”. El primer edil se mostró convencido de la necesidad de “recuperar la credibilidad ante la sociedad”.

Preguntado sobre la nueva situación en que queda el macrocontrato de 48 millones de mantenimiento de zonas verdes de la ciudad tras las últimas actuaciones, el regidor ha afirmado que aunque “la resolución de un contrato de este tipo” ha de aprobarla la Junta de Gobierno, “antes tiene que haber unos informes técnicos”. Insistió en que su intención siempre fue que las adjudicaciones se realizaran “con absoluta transparencia”, algo que ha calificado de “fundamental”.

Hoy se han realizado dos nuevos registros en empresas relacionadas con el entorno empresarial del caso Madeja. Se han producido en Suministros Agrícolas Naranjo, en La Rinconada, y en Explotaciones Agrícolas Villaflor, en Dos Hermanas. Por su parte, la jueza Alaya ha dejado hoy en libertad a uno de los detenidos, un ingeniero de caminos que trabajaba en la empresa Jardines y Riegos Al Andalus, al que se le imputa un delito de cohecho. Francisco Amores estaba citado ante la jueza a las seis y media de la tarde. Los detalles de su comparecencia aún se desconocen.

Al PSOE de Andalucía le crecen los enanos

Gregorio Verdugo / Jesús Rodríguez

Aún sin haber puesto un circo en la explanada ferial, al Partido Socialista de Andalucía no paran de crecerle los enanos. Por si no tuvieran bastante con la que está cayendo a causa del escándalo de las prejubilaciones fraudulentas en los ERE de la Consejería de Empleo, ahora se asoman al ya ajetreado panorama político dos nuevos asuntos de indiscutible impacto mediático: la dimisión del consejero de Gobernación, Luis Pizarro, y las informaciones publicadas por el diario El Mundo relativas a las actividades profesionales de varios integrantes de la familia del actual vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial y ex Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves.

Todo ello como caído del cielo al unísono sobre un partido al que apenas le da tiempo a reaccionar ante la publicación de tanto hecho novedoso en los titulares de los medios. Tener la condición de rival electoral de los socialistas andaluces en los tiempos que corren debe ser poco menos que una verdadera delicia ante tanta y tan variada munición disponible para orquestar los ataques.

A tortas con la Justicia por los ERE

La insistencia de la juez encargada de la investigación del caso de las prejubilaciones fraudulentas en los ERE de la Junta, Mercedes Alaya, ha desembocado en un enfrentamiento abierto entre ambas administraciones.

La reiteración de la instructora en que la Junta entregue las actas de los Consejos de Gobierno celebrados desde 2001 a 2010 y la negativa sistemática a hacerlo por parte de la administración autonómica ha derivado en un requerimiento de incompetencia ante el Tribunal Supremo presentado por la Junta y que demorará la investigación en este apartado unos cuatro meses.

El Gobierno andaluz se escuda en la Ley del Gobierno de Andalucía, que en su el artículo 31.1 dice textualmente: “los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrán carácter reservado hasta que el propio Consejo de Gobierno acuerde hacerlos públicos”. La juez, por su parte, entiende que sólo gozan de tal condición las deliberaciones, informes y votaciones del citado órgano. Tras la tozudez de la Junta a entregar los documentos solicitados subyace el temor cada vez más extendido entre los socialista de que el caso pueda acabar convirtiéndose en una causa general contra el PSOE-A.

La juez ha mantenido una breve reunión con el letrado de la Junta en la que le ha reiterado la negativa a entregar las actas y su decisión de recurrir al Supremo. Con posterioridad ha emitido un nuevo auto en el que insta a la administración autonómica a depositar las 480 actas en sobre lacrado antes de 72 horas como medida cautelar hasta que el alto tribunal determine, bajo apercibimiento de cometer un posible delito de desobediencia si no lo hace.

También ha reclamado las actas de los acuerdos adoptados en el seno de diversas consejerías y del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y ha dado diez días a las partes para que se pronuncien sobre la cuestión de su incompetencia.

El Gobierno andaluz, a través de su portavoz, Mar Moreno, ha accedido finalmente a hacer entrega de la documentación requerida y se ha mostrado por primera vez bastante crítica con el “tratamiento” recibido por parte de la magistrada. A estas alturas, ya no es ninguna sorpresa que Alaya no se fía en absoluto de la Junta.

Cuarta crisis de Gobierno de la era Griñán

La cuarta crisis de gobierno de Griñán como Presidente de la Junta de Andalucía se fraguó durante el Congreso Extraordinario del PSOE-A celebrado en Sevilla un fin de semana de marzo de 2010. En aquel congreso procesión, en el que Manuel Chaves lloró, Francisco González Cabaña, secretario general de los socialistas gaditanos no aceptó incorporarse a la nueva ejecutiva regional de Griñán. El nuevo secretario general había optado por Rafael Velasco como número dos del partido, relegando a Luis Pizarro que se tuvo que conformar con un cargo de consejero. Era el principio de una crisis largamente anunciada.

La dimisión del último referente de Chaves en el Gobierno andaluz no hace sino confirmar dos cosas: que la sucesión del anterior Presidente se cerró totalmente en falso y que, a día de hoy, la ruptura entre Griñán y su antecesor en el cargo es definitiva.

Las discrepancias con el rumbo que estaba tomando el partido desde aquel congreso eran evidentes, aunque no notorias, y se han acentuado con la forma de llevar el escándalo de los ERE. Sin embargo, el detonante definitivo ha sido la destitución del delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Gabriel Almagro, esta misma mañana por el Consejo de Gobierno, ya que el consejero de Gobernación se negó a hacerlo.

La chispa que encendió la mecha se produjo tras una reunión que mantuvieron el 12 de marzo pasado en Benalup, antigua Casas Viejas, Manuel Chaves, Luis Pizarro y Francisco González Cabaña con Manuel González Fustegueras. Durante aquel almuerzo, propusieron a Fustegueras encabezar la lista a la alcaldía de Jerez, en detrimento de la actual alcaldesa, Pilar Sánchez. El motivo no era otro que la alcaldesa se había comprometido a no pactar con Pedro Pacheco para lograr la alcaldía.

Griñán lo entendió como una injerencia intolerable. No fue la única, también en Córdoba se produjo un intento de desbancar a la delegada de la Junta, Isabel Ambrosio, afín al ex vicesecretario general Rafael Velasco. La reacción del aparato no se iba a demorar como así ha sucedido. La crisis, pues, está servida.

La evidencia de la ruptura se ha escenificado en las nuevas designaciones para los cargos vacantes, Francisco Menacho como consejero y Manuel Jiménez Barrios como delegado del Gobierno, dos personas integrantes de la oposición a Pizarro en Cádiz.

El ruido de sables en las filas socialistas no se ha hecho esperar. El propio Pizarro no ha asistido a la toma de posesión de su sucesor y su número dos en la consejería, el viceconjerero José Antonio Gómez Periñán, ha presentado su renuncia al cargo.

La guerra no ha hecho sino comenzar. Mientras desde la Junta se resta importancia a la trascendencia y el calado de la crisis, sectores críticos con la actual directiva pedían en privado la celebración de primarias para elegir a otro candidato. Se sienten molestos por la utilización del BOJA para desbancar al oponente político, una medicina en cuya aplicación Pizarro era ciertamente un experto. Incluso el vicepresidente primero del Gobierno y presumible aspirante a la sucesión de Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha visto obligado a terciar para quitar hierro al asunto.

Los intentos por frenar el desastre pasan por enterrar el hacha de guerra hasta que pasen las elecciones de 2012 y después ya se verá. El adelanto electoral está prácticamente descartado. También la celebración de unas primarias en estos momentos, por lo que de suicidio político conllevaría de cara al electorado. Sin embargo hay un hecho que podría cambiar radicalmente el paisaje y desencadenar la batalla definitiva; un resultado catastrófico en las próximas elecciones municipales. Si se produjera, el liderazgo de Griñán quedaría bastante cuestionado y alguien podría considerarlo un buen motivo para intentar el asalto a la jefatura del partido. Algunos aseguran que los sectores críticos ya están pensando en el ex consejero Francisco Vallejo como alternativa. Pero los más cercanos a Griñán apuestan a que su figura como líder del partido no peligra mientras mantenga el apoyo unánime de la agrupación de Sevilla, algo que ya Chaves tuvo muy en cuenta durante su etapa como secretario general y que combatió hasta el final de su mandato. En cualquier caso, las cartas no están todas todavía encima de la mesa.

La sombra de Chaves sobre la Junta de Griñán

Precisamente el actual vicepresidente tercero del Gobierno de la nación y ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, es otro de los grandes pesos con los que tiene que cargar Griñán en estos días de crisis en el PSOE-A y en el Gobierno regional.

Al marchar a Madrid, Chaves no sólo dejo abierta la puerta a las disputas por el poder dentro del Gobierno y el aparato regional del partido, que han desembocado en la dimisión de Luis Pizarro y el consiguiente baile de cargos y nombres, sino una larga sombra de presunta corrupción como legado para el actual Gobierno.

La noticia, destapada en El Confidencial por Melchor Miralles y Javier Chicote, de que Iván Chaves, hijo del ex presidente andaluz, recibió trato de favor para ejercer de mediador de empresas ante la Junta de Andalucía a cambio de comisiones ha cogido a pie cambiado no sólo al propio Chaves sino a todo el Gobierno andaluz, desubicado entre tantos golpe, al tiempo que ha avivado el fuego de la corrupción durante su etapa como presidente.

A la luz de esta noticia, la prensa ha recordado otros casos de presunta corrupción protagonizados por el ex presidente y otros familiares suyos durante su etapa al frente de la Junta. Entre ellos destaca la subvención de 10 millones que la Junta, entonces presidida por él, concedió a la empresa Minas de Aguas Tintadas (Matsa), en la cual trabajaba su hija Paula Chaves. La subvención se aprobó en Consejo de Gobierno presidido por Chaves, a pesar de que es ilegal aprobar ayudas públicas a entidades relacionadas con familiares de algún miembro del Consejo.

Otro caso, conocido en el verano de 2006, implica a dos hermanos de Chaves, Leonardo y Antonio José. El primero de ellos, director general de Tecnología e Infraestructuras de la Junta desde 2004, adjudicaba contratos públicos a la empresa Climo Cubierta, de la cual Antonio José Chaves era asesor, tras haber sido socio y administrador. Dos sobrinos carnales del ex presidente, uno de cada uno de los hermanos, también estaban implicados en el escándalo al tener relación con Climo Cubierta, en calidad de trabajador y de administrador, respectivamente.

La inquietud en la Junta de Andalucía ante los casos de presunta corrupción durante la etapa de Chaves como presidente son fruto de la incidencia que todo escándalo protagonizado, o no, por el hoy ministro de Política Territorial tiene en el Gobierno regional. La sombra de Chaves es alargada y llega en forma de seísmos hasta el actual gabinete encabezado por Griñán, a pesar de sus intentos por hacerse con el control del partido en Andalucía y de desligarse de las personas afines al antiguo presidente. Algo que se ha visto en la gestión del caso de los ERE, otro de los escándalos gestados durante la presidencia de Chaves, y en el que se han visto implicados algunos de sus hombres fuertes, como el secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, aislado por el actual aparato regional del partido ante las acusaciones crecientes.

No es para menos la inquietud del Gobierno andaluz ante las embestidas continuas del PP, que no tiene reparos en sacar toda su artillería y subir hasta el Congreso de los Diputados para acosar a Chaves a base de preguntas sobre los escándalos en Andalucía, sabedores de que derribar al vicepresidente tercero provocaría un cataclismo en la Junta, a cuyo Gobierno muchos andaluces siguen asociando su figura.