«Si abandonamos el Jardín Americano, fastidiamos el objetivo de abrir La Cartuja a la ciudad»

En abril del año pasado entrevisté a Enrique Hernández, presidente del Colegio de Geógrafos de Andalucía y portavoz de la Plataforma SOS Jardín Americano, para preguntarle por el lamentable estado de abandono al que el Gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido ha condenado a este espacio verde de la Exposición Universal de 1992.

Rescato y publico esta interesante entrevista, que aún no ha visto la luz, no sólo porque la situación del jardín apenas ha cambiado, sino también por la visión de Hernández sobre la intervención ciudadana en el urbanismo y la configuración de la ciudad tanto a través de la normativa como del uso colectivo de los espacios urbanos al ocuparlos y apropiarse de ellos.

La pasarela de La Cartuja, sobre el pantalán de la dársena y el Jardín Americano
La antigua pasarela de la Expo 92 une el centro de Sevilla con La Cartuja sobre el Jardín Americano

Llama mucho la atención que se está promoviendo siempre la colaboración público-privada, pero cuando la ciudadanía presenta iniciativas serias, útiles, respaldadas por la gente y que cuestan poco dinero, no se les presta atención.

Pero eso tiene una lógica profunda, porque si la gente se dedica a hacer las cosas, ¿qué hacen entonces los políticos? Y sobre todo, porque de por medio no hay cash. Un ejemplo modélico de iniciativa público-privada de uso para la ciudad y empleo: el pelotazo de Altadis. Ése es el modelo urbanístico canónico y clásico de cómo se construye la ciudad a partir del entendimiento en las alturas entre la clase dirigente y las élites económicas en unas esferas a las que el resto del vulgar populacho no tenemos acceso de ninguna manera. Eso transcurre ahí arriba, en unas autopistas magníficas entre unos y otros. Se ponen de acuerdo y ellos construyen la ciudad. Lo que ocurre es que la ciudad es el sitio donde todos viviremos prácticamente toda nuestra vida, y hasta ahora hemos, en cierto modo, cedido la competencia de hacer nuestro mundo a una serie de gente.

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Balance 2011-2013: Mareando al personal

Balance 2011-2013: dos años de Zoido

Juanjo Cerero / Jesús Rodríguez / Gregorio Verdugo | La gestión interna del Ayuntamiento de Sevilla consumió la mayor parte de los presupuestos municipales en los tres últimos años, en torno a 450 millones de euros para cada ejercicio. Las cantidades totales en este área son similares. El recorte entre 2011 y 2012 fue de 3,6 millones (un 0,8% menos), mientras que en 2013 hay una pequeña subida de 2 millones (un 0,4%) respecto al año anterior.

La clave de este capítulo está en dónde se gasta el dinero. A pesar del sostenimiento de las cuentas totales, numerosas partidas experimentan importantes incrementos y surgen otras tantas con una cuantiosa asignación. Otras, especialmente las empresas municipales o los recursos humanos, sufren severos recortes. Dentro de los sueldos del personal también se produce esta dinámica: unos ganan menos para pagar las subidas en las retribuciones de otros.

La austeridad es una constante en el programa electoral de Juan Ignacio Zoido. A ella dedica una de sus principales promesas durante toda la campaña: reducir el gasto municipal y la carga fiscal para el ciudadano. Los dos términos están incumplidos. Los presupuestos crecen de forma progresiva hasta alcanzar los 776 millones en 2013, un aumento del 11,3% frente a los 698 de 2013. Además, en 2013 un número superior a 20 tasas municipales subieron un 3% y otras lo hicieron aún más, como en el caso de los precios públicos de las instalaciones del IMD, un 7%, la grúa municipal y la zona azul, un 6%, y las tarifas de Tussam, una media del 5%.

Zoido también se comprometió a reducir el número de áreas de gobierno de once a ocho, algo que ha cumplido, aunque ha mantenido los mismos departamentos con una simple reordenación que ha conllevado que algunos delegados municipales, como Gregorio Serrano, titular de Economía, Empleo y Fiestas Mayores, ostenten una notable concentración de poder dentro de la corporación municipal.

El Ayuntamiento de Sevilla

También fue rotundo el regidor al asegurar que reduciría el número de cargos de confianza. En el pleno del 28 de junio de 2011, medio mes después de tomar posesión el nuevo gobierno, dijo que se aplicaría un recorte del 20%, de 81 a 58, con un ahorro de 1,2 millones. La página Sueldos Públicos ya informó el pasado 19 de diciembre de que en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de 10 de septiembre de 2012 se recogían 106 cargos de confianza.

El 7 de mayo, tras publicar la prensa local que Zoido supera a Alfredo Sánchez Monteseirín en el número de cargos de libre designación, el Ayuntamiento respondió que sólo hay 120, menos que entonces y con menos sueldo. De cualquier manera, los que ahora reconoce el gabinete de comunicación de Laredo son más del doble que los que el alcalde prometió hace dos años.

El caso más llamativo es el de Juan José Cortés, padre de Mari Luz Cortés y asesor municipal en la Delegación de Servicios Sociales, que fue imputado en marzo por delitos de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas tras participar en un tiroteo en septiembre de 2011. Al PP no le bastan estos antecedentes y ha afirmado que no decidirá sobre la situación de Cortés hasta que la Justicia se pronuncie de manera definitiva.

En su obsesión teórica por mantener a raya el gasto municipal, Zoido llegó a calificar de “fundamental” la existencia de una Oficina de Control Presupuestario “que garantice que el dinero que está presupuestado se ejecute en su totalidad con un seguimiento semanal”. Dos años después, el control de las cuentas municipales sigue siendo brillando por su ausencia.

Los números que mecen la cuna

Un análisis pormenorizado de los distintos capítulos que componen Gobierno Interior muestra el mismo patrón que en el presupuesto general del área: las cantidades totales apenas se ven recortadas, pero es en el reparto y la cuantía de las partidas donde se producen los cambios estructurales más significativos. Como decía aquel viejo refrán, el diablo está en los detalles.

Un ejemplo ilustrativo es el apartado de Recursos Humanos, en el que se incluyen los sueldos del personal del Ayuntamiento de Sevilla. Entre 2011 y 2013, el presupuesto desciende más de 6 millones, un 2,34%. No obstante, lo interesante es comprobar que en los dos años de gobierno de Zoido, especialmente en 2013, los recortes se producen por sistema en los sueldos de funcionarios de la categoría C-2, la más baja, a la que se asigna a quienes sólo cuentan con el título de Secundaria. Estas bajadas, además de cumplir con la tasa de reposición cero, sirven para compensar subidas de sueldos para cargos directivos, algunos de nueva creación, y altos funcionarios.

Variaciones en los sueldos de los funcionarios y el personal del Ayuntamiento de Sevilla entre 2011 y 2013
Variaciones en los sueldos de los funcionarios y el personal del Ayuntamiento de Sevilla entre 2011 y 2013

Aunque durante la campaña electoral y en sus primeros meses de Gobierno el alcalde enarboló la bandera del recorte en puestos de confianza y altos cargos, la realidad que muestran los presupuestos municipales es que en estos dos años el gasto en personal directivo ha crecido más de un 36%, desde los 983.000 euros de 2011 hasta los 1.338.000 de este año.

Un ejemplo ilustrativo de lo anterior es lo ocurrido en la Administración General de Participación Ciudadana, donde el sueldo destinado a personal directivo se incrementa más del doble en 2013 con respecto a 2011, pasando de 70.324 a 152.690 euros. Otro detalle significativo es que en 2013 la partida para productividad del funcionariado alcanza los 17,6 millones de euros, cuando ese concepto no aparece en los dos años anteriores.

Por otro lado, en 2013 las asignaciones para las partidas de complementos y antigüedad se reubican en las catalogadas como “otras retribuciones”, que crecen hasta triplicarse en la mayoría de los grupos de funcionarios y de personal laboral. La práctica de aunar varias partidas detalladas en un solo e impreciso concepto, más difícil de escudriñar por el ojo público, se ha convertido en una práctica habitual en los presupuestos de esta Corporación. De hecho, la nota que Transparency International otorga al consistorio hispalense en transparencia económico-financiera en 2012 es de 21,4 sobre 100 frente al 79 de 2010.

La austeridad galopante impuesta por Juan Ignacio Zoido con el recorte de 6 millones de euros en los sueldos del Ayuntamiento responde al plan de ajuste impuesto por el Ministerio de Hacienda. Este plan también incluye una reestructuración del sector público que en los presupuestos de 2013 cuenta con una financiación de 7,2 millones en concepto de gastos diversos. Paradójicamente, la austeridad le cuesta a Sevilla 13 millones de euros.

En otros capítulos del área se producen bajadas significativas. Es el caso de Relaciones Institucionales, a las que en 2011 se asignaron 1,3 millones de euros y que en 2012 fueron eliminadas. Entre éstas se encontraban dos transferencias a la Agrupación de Interés Económico (ahora denominada Corporación de Empresas Municipales de Sevilla, un cambio de nombre que no afecta en nada a las funciones del ente) por valor de 940.000 euros y otros 184.320 dedicados a intervenciones relacionadas con la población inmigrante y otras minorías.

Entre las empresas municipales, Tussam percibe un 3,2% más en 2013 respecto a 2011, si bien en el último ejercicio la asignación baja un 1,2% frente a 2012. Lipasam corre peor suerte. Deja de recibir 18 millones de euros en los dos años de gobierno de Zoido, lo que supone un recorte del 17%.

En cambio, también hay notorios incrementos de presupuesto. El principal es el de 10,5 millones en Conservación de Edificios Municipales, un 117% más entre 2011 y 2013. Gran parte de este dinero se asigna a inversiones de reposición de edificios en colegios por valor de 3,2 y 4,3 millones en 2012 y 2013, respectivamente, mientras que otros 2,8 millones se destinan a inversión de rehabilitación de edificios y otras construcciones, dentro del apartado de Gestión del Patrimonio.

En este mismo capítulo hay otros cuantiosos gastos, todos en los presupuestos de 2013, como los 478.000 euros del Parque Infantil de Tráfico, los 150.000 euros de la rehabilitación del Convento de Santa Clara o las escandalosas subidas del gasto en la Administración General de Edificios Municipales. Entre 2011 y 2013, el suministro de luz sube un 50%, el de agua lo hace un 736,2% y el de gas asciende un 240%. Además, se abonan atrasos de luz y gas por valor de 519.000 y 153.000 euros, respectivamente.

Algunas partidas de Innovación Tecnológica también aumentan su asignación. El apartado de Desarrollo y Producción Informática recibe 1,2 millones de euros más en 2013, una subida del 181% respecto a 2011. Los dos conceptos que se reparten este incremento son los de mantenimiento de equipos informáticos, con 260.000 euros más en estos dos años, y la partida de aplicaciones informáticas y licencias de uso de programas, existente sólo en el último ejercicio y a la que se dedican 980.000 euros. Además, Desarrollo y Producción Informática, una sección de nueva creación con el actual gobierno, recibe en 2012 y 2013 sendas partidas de 590.312 y 1.110.000 euros.

Órganos de Gobierno, dentro del capítulo de Presidencia, experimenta un descenso de 700.000 euros menos, un 37%, en 2012 frente al año anterior, pero en 2013 vuelve a crecer un 82%, hasta los 2,2 millones. El motivo es que en 2013 se incluye una partida destinada a la Oficina de Relaciones Externas para la liquidación del millón de euros que costó a la ciudad la celebración de la final de la Copa Davis de 2011.

Otros gastos significativos, dentro del apartado de Gobierno Interior, son los del suministro de vestuario de la Policía Local, que asciende un 48% en los dos años del actual gobierno, y el de servicio de imprenta municipal, que duplica su asignación desde los 106.000 de 2011 hasta los 215.500 de dos años más tarde. Los grupos municipales no se quedan atrás y suben un 9% las transferencias por representación en el Ayuntamiento.

Dispendio y opacidad

Parafraseando a Zoido, en materia de austeridad “hay que predicar con el ejemplo”. Pero el alcalde no aplica esta máxima a su gestión, puesto que si no se imparte con criterios equitativo, pasa de ser una necesidad justificada a convertirse en una manifiesta injusticia. Una condena al pobre a ser cada vez más pobre.

A la tasa de reposición cero se suma una determinada manera de distribuir un presupuesto que se mantiene estable en su cuantía de forma que se encubre una estrategia de adelgazamiento y elitización del sector público bajo unos supuestos parámetro de profesionalidad y eficiencia que, hasta la fecha, son bastante cuestionables. Esto se ve favorecido por los constantes bailes de partidas y cambios de denominación sin otro objeto aparente que el de dificultar la fiscalización de las cuentas municipales.

La tan cacareada austeridad ha acabado suponiendo una ola de recortes por doquier que, sin embargo, no han impedido ciertos dispendios como el incremento del número de directivos y cargos de confianza y que el funcionariado de alta cualificación sea el que menos se vea afectado por los ajustes. En esto, como en la vida misma, la peor parte también se la lleva el más débil.

Los cimientos de las corralas de Sevilla

Juanjo Cerero / Jesús Rodríguez / Gregorio Verdugo | En los últimos cuatro años se han disparado los números en «ejecuciones hipotecarias». La estadística comienza a mostrar el rostro terrorífico de una realidad que en buena parte aún permanece invisible para la sociedad. Sólo en el último cuatrienio se ingresaron en los juzgados 415.437 peticiones de desahucio, un 413% más que en el período de 2003 a 2007. En la actualidad se llevan a cabo una media de 312 lanzamientos al día. Una barbaridad que arrastra a su paso a miles de familias que ven toda su vida tirada por un ventanal en cuestión de horas.

Andalucía se lleva la palma en este drama, igual que ocurre con otro que está en su misma génesis: la lacra del paro. En dicho espacio de tiempo se ejecutaron en la comunidad andaluza 81.732 desahucios y sólo en el partido judicial de Sevilla, que integran la capital y aquellos municipios cercanos que carecen de juzgados, se producen una media de entre 1.300 y 1.400 cada año.

Toñi, de la Corrala La Utopía

La sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la UE sobre la legislación hipotecaria española ha puesto de manifiesto la nula atención que los grandes partidos han prestado a una normativa que favorece de manera brutal a los intereses de la banca. Cómo se entiende si no que una directiva europea de obligado cumplimiento desde 1993 haya sido ignorada de manera sistemática.

En la ciudad de Sevilla, la respuesta ciudadana a esta cruel realidad se ha articulado alrededor del movimiento conocido como las Corralas, “edificios residenciales ocupados por personas afectadas por el problema de la vivienda con el apoyo de activistas”. Hasta hoy se han constituido once corralas de las que dos han sido desalojadas: La Alegría, sita en la calle Feria, y Conde-Quintana, emplazada entre las calles Conde de Torrejón y Quintana.

Inma, de la Corrala La Liberación

El alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, ha manifestado su rechazo a este tipo de actuaciones. El Ayuntamiento tampoco considera de utilidad adherirse al Fondo Social de Viviendas para desahuciados, una iniciativa que permitirá el acceso a miles de casas ahora en poder de la banca a cambio de un alquiler social. Sólo en la capital son 43 los inmuebles que están listos para ser ocupados de manera inmediata. La excusa que argumenta el alcalde es que su equipo “está estudiando otras medidas”, aunque nadie sabe hasta ahora cuáles.

Mientras tanto, el número de corralas ha ido in crescendo; de hecho, éstas ya son una referencia informativa internacional y cada vez son más las personas que se acercan a los PIVEs (Puntos de Información de Vivienda y encuentro) constituidos por el movimiento 15M en los barrios de la ciudad en busca de auxilio ante una situación dramática que los conduce hacia la desesperación.

Ibán Díaz, profesor de geografía social de la Universidad de Sevilla y activista del movimiento de la vivienda sevillano, cuenta que en la actualidad es la Intercomisión de Vivienda del 15M la encargada de coordinar el trabajo de las diferentes asambleas. Allí confluyen desde el primer momento activistas “que tienen más rodaje y que trabajan aspectos concretos de la vivienda”. Son personas “que vienen de la Asociación Pro Derechos Humanos, la Liga de Inquilinos o plataformas vecinales como la Federación de Entidades de Alcosa”.

La Intercomisión es “el principal espacio de coordinación dentro del movimiento por la vivienda en Sevilla, se ha vuelto bastante visible y está teniendo bastante repercusión social”, afirma Ibán. Su crecimiento en los últimos dos años ha sido considerable. Abarca todas las asambleas que abordan este ámbito, los PIVEs que están funcionando en la ciudad y los grupos de afectados que se van generando a través de éstos y de las corralas, el fenómeno más visible de todos.

Aun así reconoce que el movimiento es bastante más amplio y la diversidad de sus trabajos muy variada. “Hay grupos de gente que trata el tema de la vivienda, sobre todo la rehabilitación de barriadas, que no están coordinados, aunque sí existe comunicación”, asegura. Los grupos de afectados también funcionan de manera independiente en torno a los PIVEs y hay que sumar la gente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Sevilla “que trata exclusivamente casos de personas que intentan que no les desahucien”.

Además, el movimiento está en un momento expansivo y han surgido corralas en otras provincias. “En Huelva hay una ocupación masiva de 164 viviendas en Almonte que no se autodenomina corrala, pero con la que hay comunicación”, dice Ibán. Otra ha surgido en Málaga y se mantiene comunicación fluida con las plataformas de Stop Desahucios de Córdoba y Granada y con la PAH de Málaga.

María, activista que desarrolla su labor en el PIVE de Mairena del Aljarafe, lo describe como un lugar en el que “lo que pretendemos es tener un punto en el que todo el mundo que tenga cualquier tipo de problema con la vivienda pueda acudir para entre todos buscar soluciones a cada uno de los casos”. No sólo se trata de asesorar legalmente a través de un abogado y una chica “que entiende de leyes”, sino del empoderamiento del ciudadano después de acudir allí por primera vez. “El primer día vienen llorando y desesperados —cuenta— y ahora los ves y están contentos y tienen ganas de luchar y de seguir adelante”.

En el PIVE de Mairena del Aljarafe trabajan ahora mismo entre diez y doce personas de manera permanente, más los afectados que se integran y ayudan a los demás. “Es un trabajo muy completo que no se queda en decirles qué pasos tienen que seguir legalmente para resolver un poco la situación, sino que hace que la gente adquiera confianza en sí misma para lo que sea”.

En Mairena, como en muchos de los pueblos de los alrededores de la capital, la gente no vive allí, no se siente del lugar y no quiere luchar por el pueblo, lo que hace mucho más difícil la labor y que los logros cuesten más trabajo. “Al principio fue un boom y teníamos asambleas de 200 personas, pero poco a poco cada uno se ha ido yendo a su vida”, lamenta María.

Antes de poner este PIVE en funcionamiento acudieron a la Intercomisión de Vivienda del 15M y a otros Puntos de Información, como el de Triana, para asesorarse. Fue allí donde se inspiraron para trazar un plan de acción. “Nosotros no queríamos funcionar como una consulta de abogados, sino como un grupo de gente buscando soluciones conjuntas”. Desde sus inicios no han podido volver a ir a las asambleas por falta de personal, pero ahora “que ya empezamos a tener a más gente que está viniendo a echarnos una mano” están tratando de fortalecer la interconexión, porque “siempre hemos estado un poco aislados en Mairena”.

Por ahora no tienen casos de desahucios. Predomina la dación en pago, porque uno de los problemas que les acucian es que “la gente acude a nosotros bastante tarde, aunque siempre hemos intentado solucionarlo antes del desahucio”. María reconoce que hay gente a la que han echado, pero antes se ha negociado la dación en pago. “La mayoría de ellos vuelven a hacinarse con sus familiares”, afirma.

Desconocen el número de viviendas que hay en el pueblo, aunque están seguros de que “son muchísimas”, y no tienen comunicación alguna con el Ayuntamiento. Sí colaboran con Asuntos Sociales, que les desvía los casos de vivienda que le van llegando, pero ellos tampoco están bien con el consistorio, porque “el Ayuntamiento de Mairena es azul, muy azul”.

Arasay, de la Corrala Conde-Quintana

Para Ibán Díaz, el primer obstáculo al que se enfrentan las corralas es “que no se desalojen inmediatamente, lo que, si se hace bien, hay bastantes posibilidades de que se tenga que seguir un proceso legal que permita un período de tiempo para buscar algunas soluciones”. Además está el problema de la luz y del agua, que hace que “en algunos casos la gente de las corralas lleve hasta diez meses sin suministro, lo que complica bastante las cosas”. Es lo que ocurre en la corrala La Utopía, con 36 viviendas ubicadas en un bloque de cuatro plantas, al que la empresa municipal de aguas, Emasesa, cortó el suministro en al menos dos ocasiones (una y dos). Hoy, “subir el agua a las casas es una situación complicada”.

Por otra parte, surgen los problemas lógicos derivados de las dinámicas de convivencia, “aunque hay activistas trabajando permanentemente con ellos este tipo de cuestiones”. Ibán cree que “el mayor obstáculo es plantear una solución, ver qué salida se le da a esa ocupación”. Por lo general se busca una solución negociada con los propietarios que permita dar estabilidad a las corralas y conseguir agua y luz de forma legal. Se están haciendo algunos avances: hay procesos de negociación abiertos y algunos parecen que van a llegar a buen término.

Cuando se le pregunta por qué no han intentado ocupar las antiguas viviendas del parque social de OTAINSA, desmantelado en septiembre de 2011 por el Gobierno de Zoido, Díaz responde que “algunas no están rehabilitadas y no reúnen las condiciones mínimamente dignas, por lo tanto no se pueden meter familias allí”. Otras, como las del Corral de la Encarnación, en Pagés del Corro, están en proceso de ser utilizadas, “por lo que en caso de ocuparlas crearíamos un conflicto con otra familia que también tiene derecho a tener acceso a una”. También argumenta que hay otras casas en diferentes edificaciones que tampoco reúnen las condiciones para hacer una corrala, “pero si nos enteramos de que hay un bloque que está vacío y de que son viviendas del Ayuntamiento sin adjudicar lo ocupamos seguro”, afirma.

La oposición de los poderes públicos a este movimiento ha sido constante desde su inicio. Además de torpedear el acceso a servicios básicos como agua y luz, incluso durante una ola de calor y usando a la Policía para impedir llenar garrafas en fuentes públicas, la amenaza de un desalojo ha estado planeando sobre las familias que comenzaron a instalarse en estos edificios hace ya casi un año. El empeño de la Corrala Conde-Quintana, ubicada cerca de La Alameda, ha sido la segunda y, por el momento, la última víctima de una cruzada contra una realidad inexorable por parte de un rey menudo pero valiente que sigue estando desnudo. Ante la inmovilidad del legislador, la ciudadanía ha asumido que la solución debe provenir de su propio esfuerzo continuado. Desde el pasado miércoles 13 de marzo, la última corrala, bautizada como La Unidad, se erige en El Cerro del Águila.

Los vecinos de la Corrala La Utopía protestan contra los cortes de agua y luz

sevilla report | Los vecinos de la Corrala La Utopía, en San Lázaro, vieron en la mañana de ayer vieron cómo la empresa municipal de aguas, Emasesa, les cortaba el suministro, una semana después de que Endesa hiciera lo propio con la luz. En la tarde de ayer, a las 20.00 h., unas 200 personas se concentraron en la puerta del bloque y fueron hasta el Parlamento Andaluz para protestar contra el Ayuntamiento.