Joaquín Guillermo Peña Blanco y Carlos Alfonso Lozano Pastrana son viejos amigos. La política forjó una relación que se remonta al año 1990, cuando ambos formaban parte de la Junta Municipal del Distrito Sur de Sevilla en representación del Partido Popular. En junio de 2011 Juan Ignacio Zoido se hizo cargo del Gobierno hispalense y nombró a Peña director del Área de Medio Ambiente, de la que depende el servicio de Parques y Jardines. Por entonces, su amigo Lozano llevaba ya un año trabajando como comercial en la empresa de jardinería Albaba SL, a las órdenes directas de su dueño, Juan Antonio Salas Romero de la Osa.
Más de dos décadas después del inicio de su amistad los dos figuran en la relación de imputados de las diligencias del Caso Madeja, en el que la jueza Mercedes Alaya investiga presuntos tratos de favor de políticos y funcionarios sevillanos a diversas empresas en las adjudicaciones de contratos a cambio de mordidas. A Peña le achacan los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, malversaciones de caudales públicos y tráfico de influencias y a Lozano del último de ellos más alteración de precios en concurso público.
En el tan cacareado portal de transparencia del que Juan Ignacio Zoido ha dotado a la web del Ayuntamiento de Sevilla parece haber un agujero por el que se escapan la luz y los taquígrafos. Entre otros datos —minucias, no cabe duda—, uno echará en falta las empresas que son invitadas (o la razón por la que son invitadas) a los procedimientos de contratación negociados sin publicidad. Tampoco encontrará las valoraciones técnicas de los funcionarios municipales mediante las cuales se decide a quién se le adjudica un contrato. Menos mal que, al menos, sí hay una relación —resumida en medio folio— de los principales adjudicatarios y proveedores del Ayuntamiento. Eso sí, sólo entre enero y junio de 2014, una acotación que impide que aparezcan empresas como Fitonovo o sus filiales. Qué mala suerte, chato.
Lista de proveedores del Ayuntamiento de Sevilla entre enero y junio de 2014
Manuel Romero Ortiz, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), ha adjudicado casi 24 millones de euros en contratos por el procedimiento negociado sin publicidad desde que tomó posesión del cargo en marzo de 2012. Esta forma de contratación (en román paladino, a dedo) consiste en invitar a empresas elegidas por la entidad que adjudica, sin concurso previo ni transparencia en el proceso.
Algunos contratos superan ampliamente el límite legal establecido para este procedimiento. La Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 177.2, establece que para las adjudicaciones por el procedimiento negociado «deberán publicarse anuncios conforme a lo previsto en el artículo 142 cuando su valor estimado sea superior a 200.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 60.000 euros, cuando se trate de otros contratos», como los de servicios.
De las 187 adjudicaciones que Romero ha otorgado por esta vía, 163 sobrepasan los límites impuestos por la normativa estatal. En el caso de los contratos de servicios, un total de 118 superan el umbral de los 60.000 euros, mientras que 45 proyectos de obras tienen un importe de más de 200.000 euros.
Juanjo Cerero / Jesús Rodríguez / Gregorio Verdugo | El área de Hacienda es de las que mayor peso específico han adquirido desde que Juan Ignacio Zoido llegó a la Plaza Nueva. Su propósito de fiscalizar las cuentas municipales y de aplicar la austeridad ha coincidido con una subida del 57,73% en la asignación presupuestaria para este área entre 2011 y 2013, hasta llegar a 18,3 millones de euros.
El incremento del presupuesto en algunos capítulos es especialmente evidente. La dirección y administración recibe en 2013 3,2 millones de euros, un 329,4% más con respecto a 2011, mientras que el gasto en la Tesorería ha subido entre estos dos años un 174,3% hasta alcanzar los 1,8 millones. En cambio, la partida para la Agencia Tributaria desciende un 26,7% entre 2011 y 2013.
Una asignación que contribuye de forma notable a engrosar el presupuesto general de Hacienda son los 6,13 millones del Fondo de Contingencia, dentro del capítulo de Imprevistos y Funciones No Clasificadas. Esta partida, que sólo existe en 2013, tiene su origen en el Plan de Ajuste impuesto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en mayo de 2012 y sustituye a las partidas destinadas a abono de sentencias.
El área de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla tuvo que hacer frente a una abultada deuda tras las elecciones de 2011 | Foto: Avij / Wikimedia
En el citado artículo se explica que “la cuantía y las condiciones de aplicación de dicha dotación será determinada por cada Administración Pública en el ámbito de sus respectivas competencias”. Que el Ayuntamiento y la normativa se pasen uno a otro la responsabilidad de establecer su aplicación implica que el fondo de contingencia no cuenta con un mecanismo de control establecido para su gestión.
El pago de la deuda es otro de los grandes aumentos presupuestarios durante los dos primeros años de gobierno de Zoido. En 2012, el incremento es del 190%, desde los 24 millones hasta los 89,6. En el capítulo dedicado al pago de intereses llama la atención la subida del 41% en 2012 debida, básicamente, al incremento de la refinanciación del préstamo contraído en 2008 con BBVA, Dexia-Sabadell y BCL.
En 2013 se produce otro incremento del 27% respecto al año anterior como consecuencia del abono de los intereses de los préstamos contraídos con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 2012 dentro del plan de pago a proveedores del Gobierno central. El presupuesto total para este fin llega a los 4 millones de euros.
Por otro lado, en el capítulo de amortizaciones destaca el pago de varios préstamos invertidos en 2010, por importe de 15,1 millones de euros en 2012 y de 17 en el año siguiente. También se incluyen las retenciones de la Participación en los Ingresos del Estado que el Ministerio de Hacienda aplicó al Ayuntamiento en 2008 y 2009, y que supone que en 2012 y 2013 la ciudad ha perdido 22,3 y 6,4 millones, respectivamente, por este motivo.
Además, en 2013 existe una partida por la que se dedican al pago de la deuda 28,4 millones de euros excedentes del techo de gasto impuesto por el Ministerio de Hacienda a las administraciones locales, como se recoge en el apartado 5º del artículo 12 de la Ley 2/2012.
Mención aparte merece el capítulo de impuestos y tasas municipales. En los dos años de Gobierno de Juan Ignacio Zoido se aprecia una recaudación total menor a la de 2011. El año pasado se produjo un descenso del 31,7% respecto al anterior, mientras que en 2013 hay una subida de más del 30% frente al ejercicio previo.
Sin embargo, la evolución de los ingresos según su tipo no es homogénea. Mientras que los directos experimentan un crecimiento en los dos años hasta alcanzar un 5,9% más en 2013 respecto a 2011, los impuestos indirectos, entre los que se incluye el IVA, sufren un descenso continuo que en 2013 es del 22,81% respecto a dos años antes. Esta bajada es achacable a la persistencia de la crisis y el desplome del consumo, uno de sus síntomas más evidentes. Los ingresos por tasas municipales, por su parte, caen un 62% en 2012 pero vuelven a repuntar con una subida del 98% un año más tarde.
Zoido llegó a calificar de “obligación ineludible de cualquier gobernante responsable” la bajada de impuestos municipales. En las ordenanzas fiscales de 2013 quedaron congelados los cinco impuestos directos, pero más de 20 tasas se encarecieron en torno al 3%, mientras que otras lo hicieron aún más. Los casos más llamativos fueron los de los precios de las instalaciones del Instituto Municipal de Deportes (un 7% más), la zona azul y la grúa (aumento del 6%) o las tarifas de Tussam (subida media del 5%).
También en este área el alcalde de Sevilla ha faltado a su programa y a sus principios. Su pretensión de bajar los impuestos, aplicada durante el primer año de mandato, ha chocado con la cruda realidad de las cuentas municipales. De ahí que en el ejercicio siguiente se viera obligado a aparcar su ideología para cuadrar los presupuestos a golpe de tasas.
Además, la intención de reducir el gasto se ha visto truncada por la imposición del Gobierno de Rajoy a través del plan de ajuste de las administraciones públicas. De los alrededor de 80 millones de euros de incremento en el presupuesto de 2013 frente al de 2011, más de la mitad ha sido destinado al pago de deuda. Mientras que las partidas destinadas al pago de intereses crecen de forma escalonada, las de amortizaciones de créditos se disparan en los dos últimos años.
