Gregorio Verdugo / Jesús Rodríguez
Aún sin haber puesto un circo en la explanada ferial, al Partido Socialista de Andalucía no paran de crecerle los enanos. Por si no tuvieran bastante con la que está cayendo a causa del escándalo de las prejubilaciones fraudulentas en los ERE de la Consejería de Empleo, ahora se asoman al ya ajetreado panorama político dos nuevos asuntos de indiscutible impacto mediático: la dimisión del consejero de Gobernación, Luis Pizarro, y las informaciones publicadas por el diario El Mundo relativas a las actividades profesionales de varios integrantes de la familia del actual vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial y ex Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves.
Todo ello como caído del cielo al unísono sobre un partido al que apenas le da tiempo a reaccionar ante la publicación de tanto hecho novedoso en los titulares de los medios. Tener la condición de rival electoral de los socialistas andaluces en los tiempos que corren debe ser poco menos que una verdadera delicia ante tanta y tan variada munición disponible para orquestar los ataques.
A tortas con la Justicia por los ERE
La insistencia de la juez encargada de la investigación del caso de las prejubilaciones fraudulentas en los ERE de la Junta, Mercedes Alaya, ha desembocado en un enfrentamiento abierto entre ambas administraciones.
La reiteración de la instructora en que la Junta entregue las actas de los Consejos de Gobierno celebrados desde 2001 a 2010 y la negativa sistemática a hacerlo por parte de la administración autonómica ha derivado en un requerimiento de incompetencia ante el Tribunal Supremo presentado por la Junta y que demorará la investigación en este apartado unos cuatro meses.
El Gobierno andaluz se escuda en la Ley del Gobierno de Andalucía, que en su el artículo 31.1 dice textualmente: “los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrán carácter reservado hasta que el propio Consejo de Gobierno acuerde hacerlos públicos”. La juez, por su parte, entiende que sólo gozan de tal condición las deliberaciones, informes y votaciones del citado órgano. Tras la tozudez de la Junta a entregar los documentos solicitados subyace el temor cada vez más extendido entre los socialista de que el caso pueda acabar convirtiéndose en una causa general contra el PSOE-A.
La juez ha mantenido una breve reunión con el letrado de la Junta en la que le ha reiterado la negativa a entregar las actas y su decisión de recurrir al Supremo. Con posterioridad ha emitido un nuevo auto en el que insta a la administración autonómica a depositar las 480 actas en sobre lacrado antes de 72 horas como medida cautelar hasta que el alto tribunal determine, bajo apercibimiento de cometer un posible delito de desobediencia si no lo hace.
También ha reclamado las actas de los acuerdos adoptados en el seno de diversas consejerías y del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y ha dado diez días a las partes para que se pronuncien sobre la cuestión de su incompetencia.
El Gobierno andaluz, a través de su portavoz, Mar Moreno, ha accedido finalmente a hacer entrega de la documentación requerida y se ha mostrado por primera vez bastante crítica con el “tratamiento” recibido por parte de la magistrada. A estas alturas, ya no es ninguna sorpresa que Alaya no se fía en absoluto de la Junta.
Cuarta crisis de Gobierno de la era Griñán
La cuarta crisis de gobierno de Griñán como Presidente de la Junta de Andalucía se fraguó durante el Congreso Extraordinario del PSOE-A celebrado en Sevilla un fin de semana de marzo de 2010. En aquel congreso procesión, en el que Manuel Chaves lloró, Francisco González Cabaña, secretario general de los socialistas gaditanos no aceptó incorporarse a la nueva ejecutiva regional de Griñán. El nuevo secretario general había optado por Rafael Velasco como número dos del partido, relegando a Luis Pizarro que se tuvo que conformar con un cargo de consejero. Era el principio de una crisis largamente anunciada.
La dimisión del último referente de Chaves en el Gobierno andaluz no hace sino confirmar dos cosas: que la sucesión del anterior Presidente se cerró totalmente en falso y que, a día de hoy, la ruptura entre Griñán y su antecesor en el cargo es definitiva.
Las discrepancias con el rumbo que estaba tomando el partido desde aquel congreso eran evidentes, aunque no notorias, y se han acentuado con la forma de llevar el escándalo de los ERE. Sin embargo, el detonante definitivo ha sido la destitución del delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Gabriel Almagro, esta misma mañana por el Consejo de Gobierno, ya que el consejero de Gobernación se negó a hacerlo.
La chispa que encendió la mecha se produjo tras una reunión que mantuvieron el 12 de marzo pasado en Benalup, antigua Casas Viejas, Manuel Chaves, Luis Pizarro y Francisco González Cabaña con Manuel González Fustegueras. Durante aquel almuerzo, propusieron a Fustegueras encabezar la lista a la alcaldía de Jerez, en detrimento de la actual alcaldesa, Pilar Sánchez. El motivo no era otro que la alcaldesa se había comprometido a no pactar con Pedro Pacheco para lograr la alcaldía.
Griñán lo entendió como una injerencia intolerable. No fue la única, también en Córdoba se produjo un intento de desbancar a la delegada de la Junta, Isabel Ambrosio, afín al ex vicesecretario general Rafael Velasco. La reacción del aparato no se iba a demorar como así ha sucedido. La crisis, pues, está servida.
La evidencia de la ruptura se ha escenificado en las nuevas designaciones para los cargos vacantes, Francisco Menacho como consejero y Manuel Jiménez Barrios como delegado del Gobierno, dos personas integrantes de la oposición a Pizarro en Cádiz.
El ruido de sables en las filas socialistas no se ha hecho esperar. El propio Pizarro no ha asistido a la toma de posesión de su sucesor y su número dos en la consejería, el viceconjerero José Antonio Gómez Periñán, ha presentado su renuncia al cargo.
La guerra no ha hecho sino comenzar. Mientras desde la Junta se resta importancia a la trascendencia y el calado de la crisis, sectores críticos con la actual directiva pedían en privado la celebración de primarias para elegir a otro candidato. Se sienten molestos por la utilización del BOJA para desbancar al oponente político, una medicina en cuya aplicación Pizarro era ciertamente un experto. Incluso el vicepresidente primero del Gobierno y presumible aspirante a la sucesión de Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha visto obligado a terciar para quitar hierro al asunto.
Los intentos por frenar el desastre pasan por enterrar el hacha de guerra hasta que pasen las elecciones de 2012 y después ya se verá. El adelanto electoral está prácticamente descartado. También la celebración de unas primarias en estos momentos, por lo que de suicidio político conllevaría de cara al electorado. Sin embargo hay un hecho que podría cambiar radicalmente el paisaje y desencadenar la batalla definitiva; un resultado catastrófico en las próximas elecciones municipales. Si se produjera, el liderazgo de Griñán quedaría bastante cuestionado y alguien podría considerarlo un buen motivo para intentar el asalto a la jefatura del partido. Algunos aseguran que los sectores críticos ya están pensando en el ex consejero Francisco Vallejo como alternativa. Pero los más cercanos a Griñán apuestan a que su figura como líder del partido no peligra mientras mantenga el apoyo unánime de la agrupación de Sevilla, algo que ya Chaves tuvo muy en cuenta durante su etapa como secretario general y que combatió hasta el final de su mandato. En cualquier caso, las cartas no están todas todavía encima de la mesa.
La sombra de Chaves sobre la Junta de Griñán
Precisamente el actual vicepresidente tercero del Gobierno de la nación y ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, es otro de los grandes pesos con los que tiene que cargar Griñán en estos días de crisis en el PSOE-A y en el Gobierno regional.
Al marchar a Madrid, Chaves no sólo dejo abierta la puerta a las disputas por el poder dentro del Gobierno y el aparato regional del partido, que han desembocado en la dimisión de Luis Pizarro y el consiguiente baile de cargos y nombres, sino una larga sombra de presunta corrupción como legado para el actual Gobierno.
La noticia, destapada en El Confidencial por Melchor Miralles y Javier Chicote, de que Iván Chaves, hijo del ex presidente andaluz, recibió trato de favor para ejercer de mediador de empresas ante la Junta de Andalucía a cambio de comisiones ha cogido a pie cambiado no sólo al propio Chaves sino a todo el Gobierno andaluz, desubicado entre tantos golpe, al tiempo que ha avivado el fuego de la corrupción durante su etapa como presidente.
A la luz de esta noticia, la prensa ha recordado otros casos de presunta corrupción protagonizados por el ex presidente y otros familiares suyos durante su etapa al frente de la Junta. Entre ellos destaca la subvención de 10 millones que la Junta, entonces presidida por él, concedió a la empresa Minas de Aguas Tintadas (Matsa), en la cual trabajaba su hija Paula Chaves. La subvención se aprobó en Consejo de Gobierno presidido por Chaves, a pesar de que es ilegal aprobar ayudas públicas a entidades relacionadas con familiares de algún miembro del Consejo.
Otro caso, conocido en el verano de 2006, implica a dos hermanos de Chaves, Leonardo y Antonio José. El primero de ellos, director general de Tecnología e Infraestructuras de la Junta desde 2004, adjudicaba contratos públicos a la empresa Climo Cubierta, de la cual Antonio José Chaves era asesor, tras haber sido socio y administrador. Dos sobrinos carnales del ex presidente, uno de cada uno de los hermanos, también estaban implicados en el escándalo al tener relación con Climo Cubierta, en calidad de trabajador y de administrador, respectivamente.
La inquietud en la Junta de Andalucía ante los casos de presunta corrupción durante la etapa de Chaves como presidente son fruto de la incidencia que todo escándalo protagonizado, o no, por el hoy ministro de Política Territorial tiene en el Gobierno regional. La sombra de Chaves es alargada y llega en forma de seísmos hasta el actual gabinete encabezado por Griñán, a pesar de sus intentos por hacerse con el control del partido en Andalucía y de desligarse de las personas afines al antiguo presidente. Algo que se ha visto en la gestión del caso de los ERE, otro de los escándalos gestados durante la presidencia de Chaves, y en el que se han visto implicados algunos de sus hombres fuertes, como el secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, aislado por el actual aparato regional del partido ante las acusaciones crecientes.
No es para menos la inquietud del Gobierno andaluz ante las embestidas continuas del PP, que no tiene reparos en sacar toda su artillería y subir hasta el Congreso de los Diputados para acosar a Chaves a base de preguntas sobre los escándalos en Andalucía, sabedores de que derribar al vicepresidente tercero provocaría un cataclismo en la Junta, a cuyo Gobierno muchos andaluces siguen asociando su figura.
