A Juan Ignacio Zoido le apremia el reloj. No ése suizo como el que dijo que iba a funcionar Sevilla, cosa que nunca ocurrió, sino el que lleva en la muñeca y le marca los escasos veinte días que le quedan antes de las elecciones municipales. Dos semanas largas en las que el alcalde tendrá que pasearse por los barrios de nuevo con un traje de candidato-loseta que a estas alturas aún no se ha enfundado.
A Zoido se le ve nervioso últimamente. Estos cuatro largos años al frente de la Corporación no le han reportado frutos suficientes que poder presentar ante los sevillanos. Ni siquiera disponiendo del rodillo de una mayoría absolutísima de veinte concejales, la mayor de la historia de la ciudad, ha sido capaz de sacar adelante proyectos con los que maquillar una gestión parca.
A falta de nada, el regidor enarbola como su mayor éxito el saneamiento de las cuentas, una obra magna pero de difícil venta electoral. El resto, al parecer, lo confía a la propaganda partidista disfrazada de publicidad institucional y pagada, cómo no, con dinero público. La Junta Electoral de Zona ya le ha obligado a retirar tres campañas, tres. Ante el último varapalo de este órgano, Curro Pérez, el portavoz del PP, ha respondido que «es época de hacer balance de todo» y que «no voy a parar de trabajar por las elecciones». Es comprensible. No cabe duda de que buscar motivos para sacar pecho ante el electorado debe de ser una tarea hercúlea para el primer edil y su equipo, sobre todo cuando se recurre a artimañas ilegales.
En su carrera por encontrar un logro que enarbolar como estandarte antes de la escabechina que las encuestas le auguran para el 24 de mayo, Zoido ha sacado a pasear su rimbombancia con una de esas promesas a los que tanto bombo da él mismo como la prensa afín: plantar 8.000 árboles. Algo que recuerda a la incumplida promesa de 1.000 VPO anuales. En su programa para 2011, el regidor ya se comprometió a llevar a cabo una «plantación masiva de árboles» y a que cada alcorque estuviera ocupado por un ejemplar, en lugar de tapiado.
Dos objetivos cuyo cumplimiento ha quedado bastante lejos. Sobre todo si tenemos en cuenta un nimio detalle: los centenares de árboles que el Gobierno municipal ha talado, algunos sin justificación, como los plátanos de Almirante Lobo. Ha sido muy conveniente que a la prensa hispalense se le haya olvidado hacer la correspondiente resta para ver cuántos de los nuevos ejemplares irán destinados a suplantar a los desaparecidos.
Podas salvajes
Es de suponer que los cronistas andaban ocupados tomando nota de las más de 180.000 podas que, según Zoido, se han efectuado en estos cuatro años por obra y gracia del sacrosanto macrocontrato de zonas verdes. La cifra ha sido reproducida como si per se tuviera algún significado o fuera reflejo de algo. Al contrario: la realidad oculta tras la grandilocuencia de ese dato es una ciudad privada de sombra y llena de árboles muertos por culpa de podas indiscriminadas que, según los jardineros municipales, permiten los técnicos de Parques y Jardines.
Pa @zoidoalcalde, hacer #sevillahoy es gastar 48 M€ de los sevillanos en dejar mochos todos los árboles de la ciudad. pic.twitter.com/swdaHNsSHJ
— Jesús Rodríguez (@Trisco) abril 14, 2015
Los trabajadores de este departamento municipal, epicentro de un Caso Madeja que ha manchado hasta al propio PP de Zoido —muy esmerado siempre por mostrarse inmaculado—, llevan años denunciado la connivencia de sus jefes y algunos mandos intermedios con las malas prácticas de las empresas concesionarias del servicio, a cambio de presuntas dádivas.
El caso más notable y conocido es el de Fitonovo y sus empresas pantalla, Conversa y Bremacons. Tres empresas implicadas —siempre presuntamente— en uno de las mayores tramas de corrupción de la ciudad, con dádivas —también presuntas— de todo tipo a cambio de contratos, han sido —y siguen siendo, en el caso de las dos filiales— responsables de las innumerables podas. No es algo que induzca a la confianza. Todo se torna más negro si se tiene en cuenta que tales podas salvajes le han costado a la ciudad más de 48 millones de euros, y que ello, además, ha supuesto que el dinero dedicado a privatizar Parques y Jardines haya aumentado nada menos que un 138% desde 2011.
No tanta austeridad
En los últimos años es más que palpable el enfado de la ciudadanía con unos representantes políticos más preocupados por mantener sus privilegios que por gobernar para la gente. Una cuestión que estos días, con la votación de investidura en el Parlamento de Andalucía y el acuerdo entre Susana Díaz y Ciudadanos, está más presente que nunca. Zoido, que no pierde una oportunidad para sacar provecho mediático a su mayor logro, el de sanear las cuentas, aprovechó la coyuntura y se colgó el pasado domingo la medalla de haber puesto fin a los «privilegios» de los políticos en el Ayuntamiento de Sevilla.
El primer edil sostuvo que «me los cargué todos» cuando accedió a la alcaldía gracias a iniciativas como bajar el sueldo de los concejales —él entre ellos—, eliminar las dietas en empresas públicas o reducir el número de vehículos oficiales. Sin embargo, otras medidas que ha señalado, como la de la bajada de impuestos, no se ajustan tanto a la realidad. Empezando por que ésta poco tiene que ver con los privilegios. Es cierto que Zoido bajó los impuestos en 2013, pero después de haber ordenado una notable subida de numerosas tasas municipales y tarifas públicas —IMD, Tussam— el año anterior.
Tampoco puede tomarse como verdad absoluta que haya reducido los cargos de libre designación. Es complicado conocer el número y el sueldo reales de estas personas, sobre todo teniendo en cuenta el afán de transparencia de este Gobierno. Valga como muestra el botón de los presupuestos municipales de 2015, presentados en la web como un PDF escaneado. Una foto, a efectos prácticos. Un documento totalmente inútil si uno quiere extraer los datos que contiene y trabajar con ellos.
Las partidas presupuestarias dedicadas a los sueldos del personal del Ayuntamiento dejan en evidencia el esfuerzo de Zoido por promover la tan cacareada austeridad. En 2011, último presupuesto aprobado por la coalición de PSOE e IU, los cargos directivos de los distintos departamentos —sin incluir las empresas municipales— cobraron algo más de 983.000 euros. Bajo el Gobierno del PP esta cifra ha crecido cada año hasta alcanzar 1,43 millones en 2015, lo que supone un incremento del 45,31%.
