El urbanismo siempre ha sido mi gran debilidad. Siempre, desde antes de comenzar a estudiar Periodismo, he procurado estar al tanto sobre el desarrollo urbano de Sevilla y su área metropolitana y por las nuevas infraestructuras que se iban a construir. Pero el reportaje sobre el acoso inmobiliario en San Luis que Gregorio Verdugo y servidor realizamos en el quinto año de la carrera me abrió los ojos a otras facetas del urbanismo, como la geografía social.
En los últimos años, gracias a los trabajos realizados en sevilla report, ha aumentado mi interés por la relación entre el territorio y quienes lo habitan. Sobre todo, por cómo el planteamiento urbanístico—un instrumento que parece inocente y aséptico pero que es el mayor arma de cambio social— y sus modificaciones configuran uno u otro modelo de ciudad y condicionan a sus habitantes. En estos años he tenido algunas ideas para contar —sobre todo con mapas y datos, otra disciplina que me encanta y que he trabajado en este tiempo— diversos problemas urbanísticos y habitacionales.
Lo cierto es que aún les doy vueltas, pero no encuentro el tiempo que algunas de ellas merecen y necesitan. Otras, en cambio, son a la vez sencillas de realizar y potentes como documento periodístico. Es el caso de un proyecto que he puesto en marcha hace poco y que ya he comenzado a desarrollar: una galería fotográfica sobre urbanismo, geografía social, patrimonio y vivienda en Sevilla, alojada en la red social Instagram.
El propósito de este proyecto es documentar la cara urbana oculta y underground de Sevilla y los problemas y las consecuencias soterradas bajo el urbanismo desordenado, olvidado y apartado. Las fotos ayudan a arrojar luz sobre una ciudad invisible en varios sentidos. Por un lado, están todos esos lugares olvidados —vías de tren, descampados, fábricas y edificios abandonados, barrios del extrarradio…— por la administración y por nuestro propio ojo, cansado por el trasiego cotidiano y ciego a un paisaje demacrado que no deslumbra con luces de neón.
Por otro lado, en relación directa con esos lugares, están los agujeros negros de la ordenación urbana. Lugares que durante años o incluso décadas, por un motivo u otro, han supuesto un problema por no encajar en el trazado y los usos de los sevillanos, y cuya solución se ha postergado sine die hasta que acaban arrinconados en la memoria colectiva, como si fueran parcelas malditas y no pudiera hacerse nada por rescatarlas para la ciudad.
Una foto publicada por Jesús Rodríguez (@jesusrodriguezgonz) el
Y por debajo de todo eso están las consecuencias del urbanismo para los sevillanos. La existencia de estos lugares olvidados, la aplicación de determinadas políticas y la permisión de según qué prácticas inciden directamente en los habitantes de barrios que a menudo queda troceados, divididos, degradados o condenados a la gentrificación junto con sus vecinos.
Para explicar convenientemente este tipo de procesos y que el proyecto no quede en un mero ejercicio de fotodenuncia sin sentido ni propósito, cada una de las fotos irá acompañada por un breve contexto en el que se explicará qué se ve en la imagen, qué supone y cuál es la razón de que forme parte de la galería.
Una foto publicada por Jesús Rodríguez (@jesusrodriguezgonz) el
Además, la galería también la compondrán otras imágenes que no tengan que ver con un caso concreto de olvido institucional, sino que formen parte de ese enorme corpus de edificios, infraestructuras o elementos urbanos —edificios privados a medio terminar, casas en ruinas, obras, muros con grafitis…— abandonados, ocultos o que, simplemente, pasan desapercibidos en el devenir cotidiano.
Todas las semanas actualizaré el proyecto varias veces. Sin filtros, por supuesto, como corresponde a un retrato de urbanismo underground. Recuerda que puedes seguirme y ver las nuevas fotos en @jesusrodriguezgonz, y que, cómo no, espero tus comentarios.
Juanjo Cerero / Jesús Rodríguez / Gregorio Verdugo | En los últimos cuatro años se han disparado los números en «ejecuciones hipotecarias». La estadística comienza a mostrar el rostro terrorífico de una realidad que en buena parte aún permanece invisible para la sociedad. Sólo en el último cuatrienio se ingresaron en los juzgados 415.437 peticiones de desahucio, un 413% más que en el período de 2003 a 2007. En la actualidad se llevan a cabo una media de 312 lanzamientos al día. Una barbaridad que arrastra a su paso a miles de familias que ven toda su vida tirada por un ventanal en cuestión de horas.
Andalucía se lleva la palma en este drama, igual que ocurre con otro que está en su misma génesis: la lacra del paro. En dicho espacio de tiempo se ejecutaron en la comunidad andaluza 81.732 desahucios y sólo en el partido judicial de Sevilla, que integran la capital y aquellos municipios cercanos que carecen de juzgados, se producen una media de entre 1.300 y 1.400 cada año.
En la ciudad de Sevilla, la respuesta ciudadana a esta cruel realidad se ha articulado alrededor del movimiento conocido como las Corralas, “edificios residenciales ocupados por personas afectadas por el problema de la vivienda con el apoyo de activistas”. Hasta hoy se han constituido once corralas de las que dos han sido desalojadas: La Alegría, sita en la calle Feria, y Conde-Quintana, emplazada entre las calles Conde de Torrejón y Quintana.
Inma, de la Corrala La Liberación
El alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, ha manifestado su rechazo a este tipo de actuaciones. El Ayuntamiento tampoco considera de utilidad adherirse al Fondo Social de Viviendas para desahuciados, una iniciativa que permitirá el acceso a miles de casas ahora en poder de la banca a cambio de un alquiler social. Sólo en la capital son 43 los inmuebles que están listos para ser ocupados de manera inmediata. La excusa que argumenta el alcalde es que su equipo “está estudiando otras medidas”, aunque nadie sabe hasta ahora cuáles.
Mientras tanto, el número de corralas ha ido in crescendo; de hecho, éstas ya son una referencia informativa internacional y cada vez son más las personas que se acercan a los PIVEs (Puntos de Información de Vivienda y encuentro) constituidos por el movimiento 15M en los barrios de la ciudad en busca de auxilio ante una situación dramática que los conduce hacia la desesperación.
Ibán Díaz, profesor de geografía social de la Universidad de Sevilla y activista del movimiento de la vivienda sevillano, cuenta que en la actualidad es la Intercomisión de Vivienda del 15M la encargada de coordinar el trabajo de las diferentes asambleas. Allí confluyen desde el primer momento activistas “que tienen más rodaje y que trabajan aspectos concretos de la vivienda”. Son personas “que vienen de la Asociación Pro Derechos Humanos, la Liga de Inquilinos o plataformas vecinales como la Federación de Entidades de Alcosa”.
La Intercomisión es “el principal espacio de coordinación dentro del movimiento por la vivienda en Sevilla, se ha vuelto bastante visible y está teniendo bastante repercusión social”, afirma Ibán. Su crecimiento en los últimos dos años ha sido considerable. Abarca todas las asambleas que abordan este ámbito, los PIVEs que están funcionando en la ciudad y los grupos de afectados que se van generando a través de éstos y de las corralas, el fenómeno más visible de todos.
Aun así reconoce que el movimiento es bastante más amplio y la diversidad de sus trabajos muy variada. “Hay grupos de gente que trata el tema de la vivienda, sobre todo la rehabilitación de barriadas, que no están coordinados, aunque sí existe comunicación”, asegura. Los grupos de afectados también funcionan de manera independiente en torno a los PIVEs y hay que sumar la gente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Sevilla “que trata exclusivamente casos de personas que intentan que no les desahucien”.
Además, el movimiento está en un momento expansivo y han surgido corralas en otras provincias. “En Huelva hay una ocupación masiva de 164 viviendas en Almonte que no se autodenomina corrala, pero con la que hay comunicación”, dice Ibán. Otra ha surgido en Málaga y se mantiene comunicación fluida con las plataformas de Stop Desahucios de Córdoba y Granada y con la PAH de Málaga.
María, activista que desarrolla su labor en el PIVE de Mairena del Aljarafe, lo describe como un lugar en el que “lo que pretendemos es tener un punto en el que todo el mundo que tenga cualquier tipo de problema con la vivienda pueda acudir para entre todos buscar soluciones a cada uno de los casos”. No sólo se trata de asesorar legalmente a través de un abogado y una chica “que entiende de leyes”, sino del empoderamiento del ciudadano después de acudir allí por primera vez. “El primer día vienen llorando y desesperados —cuenta— y ahora los ves y están contentos y tienen ganas de luchar y de seguir adelante”.
En el PIVE de Mairena del Aljarafe trabajan ahora mismo entre diez y doce personas de manera permanente, más los afectados que se integran y ayudan a los demás. “Es un trabajo muy completo que no se queda en decirles qué pasos tienen que seguir legalmente para resolver un poco la situación, sino que hace que la gente adquiera confianza en sí misma para lo que sea”.
En Mairena, como en muchos de los pueblos de los alrededores de la capital, la gente no vive allí, no se siente del lugar y no quiere luchar por el pueblo, lo que hace mucho más difícil la labor y que los logros cuesten más trabajo. “Al principio fue un boom y teníamos asambleas de 200 personas, pero poco a poco cada uno se ha ido yendo a su vida”, lamenta María.
Antes de poner este PIVE en funcionamiento acudieron a la Intercomisión de Vivienda del 15M y a otros Puntos de Información, como el de Triana, para asesorarse. Fue allí donde se inspiraron para trazar un plan de acción. “Nosotros no queríamos funcionar como una consulta de abogados, sino como un grupo de gente buscando soluciones conjuntas”. Desde sus inicios no han podido volver a ir a las asambleas por falta de personal, pero ahora “que ya empezamos a tener a más gente que está viniendo a echarnos una mano” están tratando de fortalecer la interconexión, porque “siempre hemos estado un poco aislados en Mairena”.
Por ahora no tienen casos de desahucios. Predomina la dación en pago, porque uno de los problemas que les acucian es que “la gente acude a nosotros bastante tarde, aunque siempre hemos intentado solucionarlo antes del desahucio”. María reconoce que hay gente a la que han echado, pero antes se ha negociado la dación en pago. “La mayoría de ellos vuelven a hacinarse con sus familiares”, afirma.
Desconocen el número de viviendas que hay en el pueblo, aunque están seguros de que “son muchísimas”, y no tienen comunicación alguna con el Ayuntamiento. Sí colaboran con Asuntos Sociales, que les desvía los casos de vivienda que le van llegando, pero ellos tampoco están bien con el consistorio, porque “el Ayuntamiento de Mairena es azul, muy azul”.
Arasay, de la Corrala Conde-Quintana
Para Ibán Díaz, el primer obstáculo al que se enfrentan las corralas es “que no se desalojen inmediatamente, lo que, si se hace bien, hay bastantes posibilidades de que se tenga que seguir un proceso legal que permita un período de tiempo para buscar algunas soluciones”. Además está el problema de la luz y del agua, que hace que “en algunos casos la gente de las corralas lleve hasta diez meses sin suministro, lo que complica bastante las cosas”. Es lo que ocurre en la corrala La Utopía, con 36 viviendas ubicadas en un bloque de cuatro plantas, al que la empresa municipal de aguas, Emasesa, cortó el suministro en al menos dos ocasiones (una y dos). Hoy, “subir el agua a las casas es una situación complicada”.
Por otra parte, surgen los problemas lógicos derivados de las dinámicas de convivencia, “aunque hay activistas trabajando permanentemente con ellos este tipo de cuestiones”. Ibán cree que “el mayor obstáculo es plantear una solución, ver qué salida se le da a esa ocupación”. Por lo general se busca una solución negociada con los propietarios que permita dar estabilidad a las corralas y conseguir agua y luz de forma legal. Se están haciendo algunos avances: hay procesos de negociación abiertos y algunos parecen que van a llegar a buen término.
Cuando se le pregunta por qué no han intentado ocupar las antiguas viviendas del parque social de OTAINSA, desmantelado en septiembre de 2011 por el Gobierno de Zoido, Díaz responde que “algunas no están rehabilitadas y no reúnen las condiciones mínimamente dignas, por lo tanto no se pueden meter familias allí”. Otras, como las del Corral de la Encarnación, en Pagés del Corro, están en proceso de ser utilizadas, “por lo que en caso de ocuparlas crearíamos un conflicto con otra familia que también tiene derecho a tener acceso a una”. También argumenta que hay otras casas en diferentes edificaciones que tampoco reúnen las condiciones para hacer una corrala, “pero si nos enteramos de que hay un bloque que está vacío y de que son viviendas del Ayuntamiento sin adjudicar lo ocupamos seguro”, afirma.
La oposición de los poderes públicos a este movimiento ha sido constante desde su inicio. Además de torpedear el acceso a servicios básicos como agua y luz, incluso durante una ola de calor y usando a la Policía para impedir llenar garrafas en fuentes públicas, la amenaza de un desalojo ha estado planeando sobre las familias que comenzaron a instalarse en estos edificios hace ya casi un año. El empeño de la Corrala Conde-Quintana, ubicada cerca de La Alameda, ha sido la segunda y, por el momento, la última víctima de una cruzada contra una realidad inexorable por parte de un rey menudo pero valiente que sigue estando desnudo. Ante la inmovilidad del legislador, la ciudadanía ha asumido que la solución debe provenir de su propio esfuerzo continuado. Desde el pasado miércoles 13 de marzo, la última corrala, bautizada como La Unidad, se erige en El Cerro del Águila.
