Sevilla, en ocasiones, parece esforzarse por consumar esa cualidad de urbe eterna que el chovinismo local insiste en inculcarle. De ahí que en no pocos asuntos la principal y casi única noticia es, precisamente, que no hay noticia. Quizá por su vínculo de siglos con la ciudad, el Puerto de Sevilla se ve arrastrado sin remedio hacia esta tesitura estática. Su principal proyecto, el dragado de profundización del Guadalquivir, languidece varado en unas aguas estancadas en las que desde hace demasiado tiempo flotan intertes las mismas novedades.
Durante sus 16 largos años al frente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández intentó persuadir a la opinión pública de la “necesidad” de dragar el estuario del río a golpe de declaraciones que, por conveniencia, reprodujo la prensa hispalense. Su discurso se tornó un bumerán y un torrente de voces discordantes barrió sus argumentos. Fernández se fue pero el ente portuario no deja de recibir buenas dosis de su misma medicina. Más que nada porque Carmen Castreño, la nueva presidenta y otrora compañera de su predecesor, se empeña en mantener esta obstinada cruzada contra el peor de los enemigos: la realidad.
La pasada semana la Unesco, en su XXXVIII sesión, celebrada en Doha, solicitó al Estado español que paralice el proyecto de dragado por su impacto sobre la salud del estuario y, en especial, el Parque Nacional de Doñana y los “valores universales excepcionales” que lo llevaron a convertirse en Patrimonio de la Humanidad en 1994. Nada nuevo. Hace más de un año que el organismo de la ONU viene cuestionando el planteamiento de la obra, básicamente debido a que el Puerto ha eludido su obligación como promotor de la iniciativa de garantizar la protección medioambiental, sobre todo en lo relativo al proyecto de protección de márgenes, un asunto que ha hecho correr ríos de tinta con declaraciones cruzadas entre administraciones.
Como tampoco es novedosa la posición del Puerto sobre las críticas de la Unesco. Tanto Fernández como Castreño han restado importancia a los dictámenes del organismo para el patrimonio y la cultura. La actual presidenta, de hecho, lo hizo tan sólo un día antes de que en la reunión de Doha se aprobara el rechazo al dragado. “En el orden del día no va Doñana como territorio en peligro; Doñana goza de buena salud”, llegó a asegurar.
Es cierto que, como también afirmó el pasado 25 de mayo en el foro de la Fundación Antares, las causas del mal estado del estuario no se pueden achacar de manera exclusiva al Puerto de Sevilla. De hecho, el informe de la Unesco sobre Doñana no sólo menciona el dragado entre las amenazas al medio ambiente. También incluye la reapertura de la mina de Aznalcóllar o la explotación excesiva de los acuíferos del Parque Nacional mediante pozos —muchos de ellos ilegales— para riego de cultivos.
Lo que, una vez más, omite Castreño es que dragar el Guadalquivir también supondría un impacto sobre el ecosistema del estuario, con Doñana como parte de éste. Una conclusión a la que en 2010 ya habían llegado los científicos comandados por Miguel Ángel Losada en el estudio que encargó la propia Autoridad Portuaria de Sevilla a instancias del Ministerio de Medio Ambiente. Una investigación que costó tres años de trabajo y otros tantos millones de euros de las arcas públicas y cuyos resultados ha obviado el ente portuario desde su finalización.
Agobio y parálisis
Las prisas comenzaron cuando los investigadores dieron a conocer la conclusión de su estudio en octubre de 2010. El Puerto y su lobby —la CES, la Cámara de Comercio, los grupos municipales del PP y el PSOE y los sindicatos UGT y CCOO— han elevado casi a la categoría de conspiración contra el desarrollo de la ciudad un supuesto enredo burocrático con el que otras administraciones pretenden mantener el dragado en el dique seco. Pero la causa de que el proyecto, que se planteó en 1999 —un año después de acceder Fernández a la presidencia del Puerto—, sólo haya encontrado reparos durante quince años no es la envidia de las provincias vecinas ante el esplendor hispalense, sino la falta de previsión medioambiental por parte de su promotor.
Los partidarios de la obra metían prisa a diestro y siniestro inundando los medios, los foros y las redes sociales con el “sí al dragado, ya”. Aunque bien podrían haberse despabilado ellos mismos con la redacción el nuevo proyecto que en noviembre de 2011 les instó a confeccionar el Ministerio de Medio Ambiente. En mayo de 2013, año y medio después de dicha advertencia, el departamento de Arias Cañete aún no tenía el nuevo texto en sus manos, y todavía hoy la Junta de Andalucía y el Consejo de Doñana no acaban de darle el visto bueno.
Las suspicacias de la administración regional y el organismo del Parque Nacional se centran en un punto: la protección de las márgenes del estuario. Tras años de echar balones fuera y querer cargar a otros la recuperación del estuario, la Autoridad Portuaria ha caído en la cuenta de que la salvaguarda de la riberas del Guadalquivir frente al impacto del dragado es su responsabilidad. Dicen que nunca es tarde, aunque haber presentado la memoria de medidas medioambientales hace apenas tres meses —tres años y medio desde el fin del estudio científico— se antoja demasiado lujo para una institución que cada día parece más cerca de morir de agobio.
Ni un solo dato
A Carmen Castreño no le gusta lo que por ahí se dice sobre el dragado. Le preocupa el “movimiento mediático” contrario a la obra que, en su opinión, “ha dado lugar a una confusión extraordinaria”. Por eso propone “volver a explicar” a la sociedad y a sus agentes sociales, económicos y políticos en qué consiste el proyecto y sus ventajas. Una estrategia de ir de nuevo la burra al trigo, en la cual, donde dice “volver a explicar”, en realidad debería leerse “explicarlo por primera vez”.
Desde que el futuro de la obra comenzó a pintar negro, Manuel Fernández y su lobby comenzaron a urgir sin cesar a todas las administraciones y colectivos para que se acometiera. Primero pregonaron las bondades que traería la obra —desde los 17.000 puestos de trabajo que creará a los innumerables cruceros mastodónticos que atracarán en el muelle de Las Delicias— y luego anunciaron el Apocalipsis del fin de las instalaciones portuarias, la pérdida de los 15.000 empleos que mantiene y la fuga de empresas si no se llevaba a cabo.
En los últimos cuatro años han ofrecido un sinfín de números. Incluso dio la impresión de que el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, pugnaba con Fernández por ver quién daba el titular con la mayor cifra de nuevos puestos de trabajo tras dragar el Guadalquivir. Pero en todo este tiempo nadie ha puesto sobre la mesa un solo estudio que corrobore el beneficio económico, laboral o social que supondrá aumentar la profundidad y la anchura del río.
En su última reunión del pasado mes de febrero, los integrantes de la Plataforma Sevilla por su Puerto —ya se sabe: o conmigo, o contra mí—, a preguntas de los periodistas por informes que respalden sus argumentos mencionaron un estudio económico comandado por profesores de la Universidad de Sevilla. Hoy tal documento también parece haber desaparecido en combate. La investigación científica sobre la vida en el estuario es, al fin y al cabo, lo único que sí está constatado. Precisamente aquello a lo que el Puerto parece empeñado en no querer prestar atención.
La zona franca: más oscurantismo
Mientras tanto, por el mismo camino de medias verdades va el proyecto de la zona franca. Un as bajo la manga no sólo del ente portuario sino también del Ayuntamiento de Zoido. Ante la cada vez más complicada tesitura del dragado, ambas instituciones han usado este nuevo proyecto de exención fiscal a empresas para anunciar las mismas maravillas y catástrofes —mucho empleo si se lleva a cabo, fuga de factorías en el caso contrario— que con la obra de profundización del río. De hecho, en vista de que haber gastado 160 millones de euros en una nueva esclusa no ha servido para persuadir a las instituciones y la sociedad de la “necesidad” de dragar el río, ahora prefieren asociar ésta a la futura zona franca.
Al Gobierno local, y en concreto al responsable de relaciones institucionales del Ayuntamiento, Javier Landa, se le ha llenado la boca no pocas veces con la larga lista de empresas que ya han decidido instalarse en los nuevos terrenos. Pero el equipo de Zoido, que prometió “luz y taquígrafos”, negó a la prensa unos nombres, como era de esperar, se filtraron poco después. De momento, las únicas incorporaciones confirmadas son las de Airbus y Renault.
El Ayuntamiento, al igual que el Puerto, tiene en realidad bastante poco que vender. Su baza consiste en jugar con el misterio al anunciar que negocia con varias empresas interesadas en instalarse la zona franca para luego no dar un solo nombre. Pero el farol, calcado al de Manuel Fernández cuando anunciaba que compañías que nunca citaba se irían si no se acometía el dragado —argumento que también se ha usado en defensa de la zona franca—, no parece tener mucha fuerza.
La realidad es tozuda e insiste en llevarse por delante los argumentos del lobby portuario. Los datos ya han demostrado que en el año 2006, sin dragado y ni siquiera nueva esclusa, se alcanzó la mejor cifra de mercancías en el Puerto de Sevilla (5,3 millones de toneladas), que además superaba con creces el tope de 4 millones que la institución había establecido en 1999 si no se acometían ambas obras.
Además, esta semana es noticia que la empresa utrerana Tecade, que en 2012 ya trasladó parte de su producción a los antiguos astilleros, invertirá 5 millones y creará 400 empleos más en la factoría del Puerto. Frente al alarmismo de la Autoridad Portuaria, la ausencia del dragado —y acaso también la de la zona franca— no sólo no ha supuesto una fuga de empresas, sino que no constituye impedimento alguno para que otras firmas se instalen en el Puerto y generen empleo en la ciudad.
Cada vez menos respaldo
La coletilla del “respeto al medio ambiente” se ha hecho más habitual a medida que el proyecto de dragado ha cosechado oposición y se ha enfangado más. Aunque sorprendente, también fue lógico ver en marzo del año pasado al alcalde, Juan Ignacio Zoido, realizar un ejercicio de sensatez al afirmar que la zona franca funcionará sin el dragado. No es extraño que desde los sindicatos a los empresarios hayan ido anteponiendo a la obra la condición de preservar el estuario, algo a lo que, por otra parte, obliga la ley.
Da la sensación de que a la Autoridad Portuaria está cada vez más sola en esta guerra. El bombardeo orquestado de las campañas en la prensa —acaso ese “movimiento mediático” de “confusión extraordinaria” del que habla Carmen Castreño— de hace un par de años ha dado paso a la imagen de la presidenta participando en foros y encuentros con periodistas para apoyar su causa.
Quienes antes defendían a capa y espada el dragado parecen no querer asomar la cabeza. El pasado martes, en el encuentro ‘Sevilla (en)clave industrial’, el presidente de la Confederación de Empresarios hispalense, Miguel Rus, hizo una defensa mucho menos encendida de lo que solía. Zoido, por su parte, se centró en el desarrollo empresarial a partir de la zona franca y apenas pasó de puntillas sobre la profundización del cauce fluvial, haciendo hincapié en la preservación de la biodiversidad del río y de los demás usos de la cuenca.
A menos de un año de las próximas elecciones municipales, el regidor se ha vuelto a enfundar su traje de candidato-loseta para pasearse por los barrios, enfrascado en apagar los fuegos domésticos —como el de la zona azul— que su propia administración ha provocado. Zoido busca la micropolítica perdida en estos años en los que ha prestado más atención a la megalomanía de grandes proyectos que le han acarreado dolores de cabeza y peleas políticas a partes iguales, pero bastante poco rédito, si no político, sí en términos más cuantificables, como las cifras del paro que el que iba a ser alcalde del empleo prometió reducir cuando llegara a la Plaza Nueva. A estas alturas, raro sería ver al alcalde defendiendo el dragado ante la Unesco como ya hizo —contra todo pronóstico— con la Torre Pelli al inicio de su mandato.
Quien tampoco se pronuncia, ya sin Miguel Arias Cañete como su titular, es el Ministerio de Medio Ambiente, más allá del portazo que el ex ministro dio a la obra en mayo del pasado año. Queda por ver cómo el reciente toque de atención de la Unesco activa los engranajes de la administración central, aunque mientras la situación siga en punto muerto como hasta ahora, todo apunta a que el Estado no va a tener mucho más que decir.
Mientras, la Autoridad Portuaria persiste en sus prisas. El plazo se acaba y los 33 millones de Bruselas volarán si el dragado no está efectuado a finales de 2015, avisa Castreño. Quince años después de haberse puesto en marcha el proyecto, de pronto parece que la Unión Europea va a acabarse. Como bien dice Manuel Jesús Florencio, las partidas de los fondos FEDER seguirán existiendo más allá de 2014 ó 2015, y no es la primera vez que se emplaza al Puerto a solicitar el dinero en la próxima convocatoria. Quizá lo que temen en el número 6 de la Avenida de Moliní es que, tras tantos años con el presupuesto al alcance de la mano, ahora Europa guarde la bolsa del dinero y, como en aquella hilarante visita de Astérix y Obélix a la casa que enloquece, únicamente les den por respuesta que “el puerto sigue a la orilla del mar”.
