J. Cerero / J. Rodríguez / G. Verdugo | El concejal Delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Maximiliano Vílchez, ha reconocido hoy en rueda de prensa que algunos de los técnicos municipales imputados o detenidos como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo ayer en el marco de la Operación Madeja participaron en las valoraciones para las adjudicaciones del macrocontrato de mantenimiento de zonas verdes y arbolado de la ciudad.

En dicha adjudicación, por valor de 48 millones de euros, la empresa Fitonovo obtuvo la concesión de uno de los seis lotes licitados, por valor de 10,5 millones de euros. Además, la empresa Conversa, administrada por la hija de Rafael González Palomo, dueño de Fitonovo e imputado en el caso, obtuvo el lote 2, dotado con 10,8 millones. El lote 4, valorado en 7,8 millones, se otorgó a Bremacons Servicios Ambientales, una sociedad propiedad de un ex apoderado de la empresa de Palomo que también formaría parte de esta red. En total, 29 de los 48 millones del contrato.

En la rueda de prensa posterior al acto de entrega de tres certificaciones de calidad en la gestión otorgadas por Aenor a Lipasam, Maximiliano Vízchez confirmó a preguntas de este medio que “varios de los detenidos intervenían en la valoración”. No obstante,  recalcó que “el pliego se hizo precisamente con objeto de que intervinieran  un mayor número de técnicos con objeto de difuminar posibles acuerdos previos que pudieran llevar a una licitación inapropiada”. Dicha intervención es lo que ha llevado, en palabras del delegado, a que “estamos revisando todo”.

Preguntado por el hecho de que Fitonovo haya seguido obteniendo contratos de la corporación municipal incluso después de haber salido a la luz pública el escándalo, el delegado de Medio Ambiente arguyó que, al no tener causa legal que la inhabilite, “si Fitonovo participa y cumple los requisitos y resulta adjudicatario, nosotros no tenemos más remedio que adjudicar; si no, incurriríamos en prevaricación”. Pero puntualizó que “si alguien falla en esas valoraciones, eso es algo que ahora la justicia es lo que estará dilucidando”, porque “que yo sepa hasta ahora nadie sospechaba que se estuviera produciendo algo de eso, porque en el momento en que lo hemos conocido hemos actuado rápidamente”.

Vilchez afirmó que tuvo conocimiento de la información publicada por este medio acerca de que Fitonovo estaba pagando a sus empleados usando un convenio inferior al exigido en los pliegos de condiciones. “Yo le pasé esa información al director general, Joaquín Peña, para que recabara de la empresa documentación —declaró— y la información que a mí me transmite la Dirección de Parques y Jardines es que el contrato tiene unas retribuciones que son superiores al convenio provincial y por tanto no podemos hacer nada”. No obstante, dijo haber dado órdenes al director general de trasladar dicha información a la Inspección de Trabajo “por si ellos consideran oportuno hacer algún tipo de investigación que la hagan. Y ahí ya no sabemos lo que hayan podido hacer”.

El alcalde incidió en las mismas ideas que el delegado, remarcando una vez más que ha ordenado “abrir una investigación interna” y que “se le facilitará inmediatamente a la autoridad judicial” todos los contratos entre su gabinete y Fitonovo. Juan Ignacio Zoido afirmó haber dado instrucciones para tener “un riguroso control, no sólo sobre ese contrato, sino sobre todos, porque debe quedar la absoluta tranquilidad de que se están haciendo las cosas como se debe”. El primer edil se mostró convencido de la necesidad de “recuperar la credibilidad ante la sociedad”.

Preguntado sobre la nueva situación en que queda el macrocontrato de 48 millones de mantenimiento de zonas verdes de la ciudad tras las últimas actuaciones, el regidor ha afirmado que aunque “la resolución de un contrato de este tipo” ha de aprobarla la Junta de Gobierno, “antes tiene que haber unos informes técnicos”. Insistió en que su intención siempre fue que las adjudicaciones se realizaran “con absoluta transparencia”, algo que ha calificado de “fundamental”.

Hoy se han realizado dos nuevos registros en empresas relacionadas con el entorno empresarial del caso Madeja. Se han producido en Suministros Agrícolas Naranjo, en La Rinconada, y en Explotaciones Agrícolas Villaflor, en Dos Hermanas. Por su parte, la jueza Alaya ha dejado hoy en libertad a uno de los detenidos, un ingeniero de caminos que trabajaba en la empresa Jardines y Riegos Al Andalus, al que se le imputa un delito de cohecho. Francisco Amores estaba citado ante la jueza a las seis y media de la tarde. Los detalles de su comparecencia aún se desconocen.